¿DÓNDE ESTÁ EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD?
08/marzo/2010
LA LEY MARCO DE SEGURIDAD EXISTE, PERO NADIE LA CUMPLE
Los graves acontecimientos que afloraron la semana anterior en torno al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil confirman la precariedad de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Cambian los ministros cada seis meses y ninguno parece tener claro cómo enfrentar el problema; por su lado, las iglesias, la USAC y la PDH (que no son, por cierto, expertas en seguridad) proponen un plan de seguridad que el gobierno quisiera, pero no puede, aplicar y que sus cuatro creadores quisieran, pero no pueden, fiscalizar. A todo esto, nadie parece recordar que existe una Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que podría ser la respuesta a muchos de los desafíos existentes.
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No existen soluciones mágicas, pero sí un principio claro: fortalecer las instituciones
En teoría, la Ley Marco creó el sistema Nacional de Seguridad para coordinar las instituciones y políticas de seguridad mediante su máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, el cual está integrado por el Presidente de la República el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación. Al Consejo se le asignó una Secretaría Técnica para brindarle apoyo técnico y administrativo. La Ley creó también, por una parte, una Comisión de Asesoramiento y Planificación que debería estar integrada por profesionales en materia de seguridad para apoyar al Consejo en la formulación de los planes de seguridad y, por otra, un Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad para profesionalizar el recurso humano idóneo. En la práctica, el Consejo apenas se ha reunido; la Secretaría Técnica padece una aguda escasez de recursos; la Comisión de Asesoramiento sólo tiene un integrante; y, el Instituto de Estudios brilla por su ausencia.
Cualquier estrategia de seguridad ciudadana, bajo las dramáticas condiciones actuales, debe comenzar por una amplia reforma y modernización institucional que se enfoque a solventar sus evidentes falencias en las áreas de liderazgo, capacitación, mecanismos de control y fiscalización, así como problemas en materia de investigación e inteligencia. No es posible enfrentar los crecientes niveles de criminalidad y violencia sin que exista una estrategia coordinada y de largo plazo que identifique y afronte los múltiples desafíos existentes, y que enfatice el fortalecimiento institucional, particularmente en cuanto a la reforma policial y judicial, con un equilibrio entre medidas preventivas y medidas represivas. Todo ello está contemplado en la Ley Marco que nadie parece preocuparse en cumplir.
El Consejo Nacional de Seguridad no funcionará si los fiscalizadores internos y externos del Sistema (también previstos en la Ley) no actúan como deben.
Por ejemplo, el Consejo está obligado a informar al Congreso de la República al menos una vez al año (o cuando éste lo requiera) sobre sus funciones. ¿Por qué, hasta ahora, el Congreso no ha hecho uso de esa facultad? Además, una Comisión Legislativa específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia (creada por Ley e integrada por un diputado de cada partido) debe evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, así como analizar los informes que éste debe remitir y dictaminar sobre todo proyecto vinculado a los sistemas de seguridad y de inteligencia. ¿Por qué esta comisión legislativa no ha emitido tales análisis y dictámenes?
Es cierto que la situación es compleja y que no existen soluciones mágicas. Pero ganaríamos mucho si existiera claridad en empezar por el principio, que no es otro que el fortalecimiento institucional. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad marca el camino a seguir para tal efecto, incluyendo la ruta para elaborar un plan nacional de seguridad integral que identifique la gama de amenazas y riesgos, el mejoramiento de los procesos de selección y formación de personal idóneo, el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión internos y externos, así como el reforzamiento de las capacidades de investigación e inteligencia. Sólo hay que cumplir la ley.
