El modelo de Agencia Ejecutiva ofrece eficiencia y autonomía para la gestión pública, pero su éxito depende de una clara división entre quienes definen la política (el “principal”) y quienes la ejecutan (el “agente”). En Guatemala, este vínculo ha fallado, especialmente en la SAT, donde la falta de dirección estratégica ha generado disfuncionalidad. En lugar de optar por una intervención legal, se propone corregir el rumbo mediante decisiones políticas y reformas ya consensuadas. Fortalecer la SAT desde su institucionalidad es clave para mejorar la recaudación y proteger la independencia técnica de sus funciones.