EL DESBOCADO COSTO DE LA BUROCRACIA
El gasto en salarios públicos en Guatemala supera el 38% del presupuesto nacional y crece alrededor del 10% anual sin relación con mejoras en el desempeño estatal. La falta de control y transparencia en la planilla gubernamental ha generado una presión fiscal insostenible. En contraste, Costa Rica enfrentó una crisis similar y logró, tras años de debate político y técnico, aprobar la Ley Marco de Empleo Público, que moderniza la gestión laboral, centraliza información, regula pactos colectivos y evalúa la eficiencia administrativa. Su ejemplo demuestra que con voluntad política y rigor legislativo es posible implementar reformas estructurales que garanticen sostenibilidad fiscal y un servicio público más transparente y eficaz.
TIRANDO LA TOALLA
El modelo de Agencia Ejecutiva ofrece eficiencia y autonomía para la gestión pública, pero su éxito depende de una clara división entre quienes definen la política (el “principal”) y quienes la ejecutan (el “agente”). En Guatemala, este vínculo ha fallado, especialmente en la SAT, donde la falta de dirección estratégica ha generado disfuncionalidad. En lugar de optar por una intervención legal, se propone corregir el rumbo mediante decisiones políticas y reformas ya consensuadas. Fortalecer la SAT desde su institucionalidad es clave para mejorar la recaudación y proteger la independencia técnica de sus funciones.
DE GRANDES SUEÑOS Y DISTRACTORES
Las aspiraciones ambiciosas del país son válidas, pero ineficaces si se descuida lo fundamental: el trabajo cotidiano y responsable de las instituciones. Desde las municipalidades hasta el sistema penitenciario, pasando por educación, desarrollo rural y fronteras, la columna denuncia cómo los grandes proyectos fracasan si no se empieza por la rendición de cuentas, el orden administrativo y la lucha contra la corrupción. Soñar es necesario, pero debe ir acompañado de acciones concretas que restituyan la confianza en el Estado y sus funciones básicas.