JUSTICIA QUE TAMBIÉN PRODUCE

La seguridad y la justicia no son únicamente funciones esenciales del Estado: también constituyen infraestructura económica. Cuando fallan, aumentan los costos de transacción, disminuye la confianza y se desalientan la inversión y el crecimiento. A partir de mi participación en un foro de FUNDESA sobre seguridad y justicia, analizo tres reformas que podrían fortalecer el marco institucional guatemalteco: el sistema de recompensas por información sobre delitos complejos, los cambios al régimen de prisión preventiva y, especialmente, la modernización de la Ley de Arbitraje. Esta última ofrece la posibilidad de reducir la mora judicial y mejorar la certeza jurídica mediante mecanismos más ágiles de resolución de controversias.