DARLE SENTIDO AL SENSO
El reciente anuncio de resultados preliminares del censo, realizado en un acto público en el Teatro Nacional, ha generado fuertes cuestionamientos debido a inconsistencias en las cifras. El dato oficial de 14.9 millones de habitantes resulta mucho más bajo que las proyecciones del INE y organismos internacionales, que estimaban alrededor de 16.6 millones, e incluso más distante del registro del Renap, que reportaba 19.7 millones. Las discrepancias podrían explicarse por una alta omisión censal, emigración creciente, reducción en fecundidad o deficiencias en los registros del Renap. Sin embargo, la publicación prematura de cifras preliminares, inédita en la historia censal, alimenta las sospechas. La credibilidad del INE depende de que ofrezca explicaciones técnicas claras que aclaren el origen de las diferencias y den certeza a la información.
EL RETRASO DEL CENSO
La publicación del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda se ha retrasado más de un año, pero el problema de fondo es que el censo anterior data de 2002, incumpliendo la Ley Orgánica del INE que exige un censo cada diez años. Este retraso evidencia la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las leyes en Guatemala, un patrón recurrente en diversas normas nacionales. El INE debería contar con reglamentos claros y apoyo presupuestario para garantizar la periodicidad censal, mientras que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar y fortalecer las capacidades del instituto. La información demográfica y habitacional es vital para políticas públicas efectivas, por lo que es urgente priorizar la regularidad y confiabilidad de los censos nacionales.
EL CENSO Y SUS CIRCUNSTANCIAS
El Censo Nacional de Población y Vivienda inicia con seis años de retraso y en un ambiente de desconfianza ciudadana. Aunque los censos son herramientas clave para políticas públicas y planificación económica, proliferan advertencias infundadas y posturas que rechazan su utilidad. El INE enfrenta el reto de ejecutar el censo en medio del escepticismo y la falta de confianza, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su independencia, calidad técnica y transparencia.
EL CENSO, LOS PRECIOS Y EL INE
El próximo censo de población, programado para 2018, y el cuestionado Índice de Precios al Consumidor reflejan la necesidad urgente de fortalecer la integridad del Instituto Nacional de Estadística. La confiabilidad de estos datos impacta decisiones clave en áreas como política fiscal, distribución electoral y programas sociales. Sin embargo, la estructura institucional del INE, dividida entre una Junta Directiva y un Gerente designado por el Presidente, debilita su independencia. Reformar la ley para que la Junta tenga plena autoridad sobre la gerencia permitiría blindar al INE de interferencias políticas y asegurar estadísticas veraces que sirvan al interés público.