La prioridad de las políticas públicas frente a la pandemia debe ser resguardar la cohesión social y la gobernabilidad, mediante medidas sanitarias, sociales y económicas ajustadas a cada fase de la crisis. Aunque el gobierno reaccionó rápido en la contención, la etapa de mitigación ha revelado graves retrasos en la ejecución de fondos, como los del Ministerio de Salud y el Bono Familia. Programas clave para apoyar a trabajadores y empresas avanzan lentamente, con bajos niveles de desembolso. Se requiere mayor eficiencia, transparencia y flexibilidad para rediseñar estos mecanismos y convertirlos en programas permanentes que sostengan la recuperación y protejan a los más vulnerables.