El gobierno impuso una moratoria de dos años para la minería metálica, buscando paz social y tiempo para fortalecer la normativa del sector, que actualmente tiene un aporte pequeño al PIB y está en declive. La medida podría generar incertidumbre en inversionistas y sentar precedentes para otras protestas sectoriales, riesgos que pueden mitigarse con una ley minera moderna. La reforma legal es urgente para aprovechar recursos naturales, mejorar ingresos públicos, proteger el ambiente y promover la participación comunitaria, contribuyendo así a combatir la pobreza y desigualdad.