ESTRATÉGICO, NO IDEOLÓGICO
La súbita urgencia del Congreso por legislar sobre el agua, tras treinta años de omisión, puede resultar contraproducente si no se maneja con el rigor técnico y social que el tema exige. El agua no es solo un bien económico: es esencial, móvil, de valor comunitario y ecológico. La experiencia internacional y las prácticas comunitarias locales ofrecen guías valiosas, pero se requiere una política pública integral que priorice la sostenibilidad, incluyendo la reforestación. La improvisación podría poner en riesgo la gobernabilidad y el desarrollo de Guatemala.
MORATORIA Y PROTESTAS
El gobierno impuso una moratoria de dos años para la minería metálica, buscando paz social y tiempo para fortalecer la normativa del sector, que actualmente tiene un aporte pequeño al PIB y está en declive. La medida podría generar incertidumbre en inversionistas y sentar precedentes para otras protestas sectoriales, riesgos que pueden mitigarse con una ley minera moderna. La reforma legal es urgente para aprovechar recursos naturales, mejorar ingresos públicos, proteger el ambiente y promover la participación comunitaria, contribuyendo así a combatir la pobreza y desigualdad.
INESTABILIDAD POLÍTICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
La inestabilidad política y la conflictividad social son factores que han frenado históricamente el crecimiento económico de Guatemala. Un sistema institucional disfuncional, una población excluida y territorios fuera del control estatal agravan un clima de incertidumbre que aleja la inversión y agudiza la pobreza. Sin un compromiso serio por fortalecer la gobernanza —incluyendo el respeto a la ley, la rendición de cuentas y la eficiencia del gobierno—, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso de conflicto y estancamiento económico.