INCERTIDUMBRE SOBRE EL PRESUPUESTO
El presupuesto estatal es clave para establecer prioridades de política pública y garantizar un uso transparente de los recursos. Sin su aprobación, se generarían efectos negativos como la pérdida de certeza jurídica, opacidad en el gasto, debilitamiento institucional y afectación a la economía. Aunque el dictamen legislativo contiene mejoras, aún quedan vicios que deben corregirse. La responsabilidad recae tanto en el oficialismo como en la oposición, que deben actuar con sensatez para evitar mayores daños al país.
AL OÍDO DE LOS DIPUTADOS
Varios diputados han expresado que las presiones políticas y la premura del proceso legislativo les han impedido comprender plenamente la reforma al artículo 203 de la Constitución. El autor destaca que la jurisdicción indígena ya está reconocida tanto por la Constitución como por el Convenio 169 de la OIT, respaldada por jurisprudencia nacional. Modificar la Constitución sería innecesario y podría desviar el foco de la urgente reforma estructural del sistema judicial guatemalteco. Se propone, en cambio, regular adecuadamente los mecanismos de coordinación entre jurisdicciones.
POCA SOLIDARIDAD, POCA RESPONSABILIDAD
El Congreso cedió ante las exigencias del magisterio al eliminar la obligación de los empleados públicos de aportar a sus propias pensiones, generando un fuerte impacto fiscal. Esta medida, tomada sin debate ni justificación técnica, desvía fondos que podrían usarse para atender urgencias como la desnutrición infantil o la crisis hospitalaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
LIMPIAR EL CONGRESO
La presión institucional y ciudadana ha empujado al Congreso a reformar su Ley Orgánica con mejoras notables en comisiones de trabajo, interpelaciones y transparencia. Sin embargo, la precipitación en la aprobación ha dejado vacíos importantes, como la falta de claridad en la contratación de personal y la omisión del principio de unidad de materia. Aunque las reformas representan un paso hacia el rescate del Legislativo, queda mucho por hacer para desmantelar por completo las malas prácticas del pasado.
REFORMA INSTITUCIONAL: EL CONGRESO
El colapso funcional del Congreso guatemalteco exige una reforma urgente de su Ley Orgánica. Entre las prioridades están normar adecuadamente las interpelaciones, agilizar el trabajo legislativo y profesionalizar el funcionamiento de las comisiones. Se requieren reglas claras sobre asistencia, transparencia y rendición de cuentas, así como cambios administrativos internos. La presión ciudadana actual podría ser el empuje necesario para que la legislatura asuma su responsabilidad institucional y recupere su rol en una democracia efectiva.