LA REGULACIÓN DE LAS CONSULTAS COMUNITARIAS

La Corte de Constitucionalidad ha fijado un plazo de 12 meses para que el Congreso emita una ley que regule las consultas comunitarias, conforme al Convenio 169 de la OIT. Esta oportunidad histórica puede traer claridad legal para los proyectos de inversión y salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, el Congreso deberá resistir presiones populistas y evitar un enfoque electoral, legislando una norma general que respete la diversidad de los pueblos y el carácter técnico de cada proyecto. La clave está en equilibrar el respeto a los derechos colectivos con el desarrollo legalmente respaldado.