TIJERAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
La corrupción es un obstáculo crítico para el desarrollo de Guatemala, afectando desde la inversión hasta la calidad de los servicios públicos. Para combatirla se requiere una combinación institucional entre el Ministerio Público y la Contraloría, articuladas por la voluntad política de los tres poderes del Estado. Sin embargo, esta estructura necesita del empuje de una ciudadanía que rechace la impunidad. Los costos de la corrupción son abismales, estimados en miles de millones de quetzales anuales, y su impacto negativo es reconocido tanto por organismos nacionales como internacionales. La renovación de autoridades en 2014 fue vista como una oportunidad, pero solo con vigilancia ciudadana constante se puede lograr un cambio real.
LA CONTRALORÍA EN SU LABERINTO
La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha demostrado falta de responsabilidad en la fiscalización de obras públicas, fideicomisos y fondos estatales, contribuyendo a problemas como la “deuda de arrastre”. Frente a ello, un dictamen legislativo propone reformas que fortalecen sus atribuciones, autonomía, profesionalización y transparencia, obligando a la CGC a ejercer un control más riguroso y público. La oposición de la contralora a estas reformas parece estar ligada a la pérdida de discrecionalidad en la gestión de multas y recursos internos. Pese a ciertas áreas perfectibles, las reformas son necesarias para combatir la corrupción y fortalecer el sistema democrático.