OTRA VEZ LA LEY DE COMPRAS

La lentitud en las adquisiciones públicas durante la pandemia no se debe a la Ley de Contrataciones, sino a tres factores estructurales: la falta de capacidades del funcionariado, la incompetencia de la Contraloría de Cuentas y la precariedad del proceso de presupuestación. La normativa vigente, similar a la de otros países, exige funcionarios preparados y probos, pero la administración carece de ellos. A ello se suma la arbitrariedad de los auditores y la ausencia de previsión presupuestaria para emergencias. Reformar la ley de forma apresurada, como propone el Congreso, no resolverá estas fallas y puede poner en riesgo transparencia y calidad del gasto.