Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.