LA REGULACIÓN DE LAS CONSULTAS COMUNITARIAS
La Corte de Constitucionalidad ha fijado un plazo de 12 meses para que el Congreso emita una ley que regule las consultas comunitarias, conforme al Convenio 169 de la OIT. Esta oportunidad histórica puede traer claridad legal para los proyectos de inversión y salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, el Congreso deberá resistir presiones populistas y evitar un enfoque electoral, legislando una norma general que respete la diversidad de los pueblos y el carácter técnico de cada proyecto. La clave está en equilibrar el respeto a los derechos colectivos con el desarrollo legalmente respaldado.
AL OÍDO DE LOS DIPUTADOS
Varios diputados han expresado que las presiones políticas y la premura del proceso legislativo les han impedido comprender plenamente la reforma al artículo 203 de la Constitución. El autor destaca que la jurisdicción indígena ya está reconocida tanto por la Constitución como por el Convenio 169 de la OIT, respaldada por jurisprudencia nacional. Modificar la Constitución sería innecesario y podría desviar el foco de la urgente reforma estructural del sistema judicial guatemalteco. Se propone, en cambio, regular adecuadamente los mecanismos de coordinación entre jurisdicciones.