UNA PIEZA EN EL ROMPECABEZAS ANTICORRUPCIÓN
La creación de una Secretaría de Integridad Pública es una iniciativa positiva, pero no suficiente. El combate a la corrupción en Guatemala requiere reformas más profundas: profesionalización del servicio civil, digitalización del gasto, justicia independiente y una Contraloría con dientes de acero.
EL DR. JEKYLL Y EL SR. HYDE
La mejora en la calificación crediticia de Guatemala por parte de Fitch evidencia una economía resiliente y estable en sus fundamentos macroeconómicos, apoyada por las remesas, la disciplina fiscal y la autonomía del banco central. Sin embargo, esa fortaleza contrasta con un lado oscuro: un crecimiento estructuralmente bajo y una gobernanza debilitada por la corrupción y la falta de estado de derecho. La metáfora del Dr. Jekyll y Mr. Hyde refleja el riesgo de que la fragilidad institucional termine dominando las virtudes macroeconómicas si no se enfrentan con decisión.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
COLAPSO EN CÁMARA LENTA
Guatemala enfrenta un colapso progresivo en su infraestructura pública, reflejado en el desplome de la calidad de sus carreteras y en la caída de la inversión, que hoy representa la mitad de lo destinado hace 25 años. El problema no es únicamente de recursos, sino de un sistema de inversión pública deficiente, opaco y vulnerable a la corrupción. Sin instituciones sólidas que planifiquen, evalúen y ejecuten proyectos con eficiencia y transparencia, cualquier aumento presupuestario seguirá produciendo obras costosas y de baja calidad. Reformar la gobernanza de la infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.
EL CÍRCULO VICIOSO DE LA MEDIOCRIDAD
El deterioro en la calidad de los funcionarios ha derivado en un Estado incapaz de garantizar servicios básicos y en una creciente percepción de corrupción. Más que un problema aislado, la corrupción refleja una enfermedad mayor: la mediocridad en la gestión pública. La solución duradera no radica en perseguir casos individuales, sino en fortalecer instituciones que atraigan a profesionales capaces y velen por un servicio público eficiente. Mientras las instituciones permanezcan débiles, seguirán predominando la improvisación, el cortoplacismo y el clientelismo. Romper este círculo vicioso requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, control del gasto y partidos políticos.
MEJORES INSTITUCIONES, MEJOR VIDA
Los estudios de Rohini Pande muestran que la calidad institucional es clave para reducir pobreza y fortalecer democracias. Guatemala enfrenta el reto de reformar su sistema electoral y de partidos, adoptando listas abiertas y recuperando la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Más allá de votar cada cuatro años, la ciudadanía necesita información, representación y capacidad para defender sus instituciones. En corrupción, la clave no es solo sancionar, sino prevenir mediante vigilancia, auditoría y control efectivo. La Contraloría y unidades de auditoría interna requieren reformas profundas para dejar de depender únicamente de la persecución penal, que ha mostrado resultados débiles.
ENORME RETROCESO
El Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones que elevan drásticamente los montos permitidos para compras sin licitación: de Q25 mil a Q75 mil en adquisiciones de baja cuantía y de Q90 mil a Q175 mil en compras directas. Estos incrementos, muy por encima de la inflación acumulada, carecen de sustento técnico y debilitan gravemente los controles de calidad y transparencia. Con la nueva normativa, más del 90% de adquisiciones municipales quedarán fuera de mecanismos de competencia y fiscalización. Las verdaderas causas de ineficiencia radican en la mala planificación, el débil servicio civil y la ineficaz supervisión de la Contraloría.
FALTA CREAR OPORTUNIDADES
Guatemala figura entre los países menos atractivos de Latinoamérica para la inversión, según el Índice Global de Oportunidades del Milken Institute, donde ocupa el puesto 97 a nivel mundial y 11 regional. Aunque se destaca en estándares internacionales, muestra debilidades graves en servicios financieros, fundamentos económicos, marco institucional y, especialmente, percepción de negocios, donde figura entre los últimos lugares. Estos resultados evidencian que no basta con promover sectores estratégicos ni con resaltar ventajas naturales o estabilidad macroeconómica: la clave está en fortalecer el estado de derecho, garantizar certeza jurídica, combatir la corrupción y construir instituciones confiables que generen confianza.
NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA
Guatemala obtuvo 5.26 puntos en el Índice de Democracia de The Economist, clasificando como “régimen híbrido” y evidenciando un retroceso frente a la década pasada. Aunque el proceso electoral y las libertades civiles muestran avances, las categorías de funcionamiento del gobierno, cultura política y participación ciudadana revelan serias deficiencias: corrupción, falta de transparencia, partidos débiles, ausencia de propuestas y baja representatividad. Estos problemas minan la confianza ciudadana y debilitan la democracia. Ante esta situación, la reforma a la Ley Electoral es una necesidad estratégica para reforzar las instituciones, garantizar mayor rendición de cuentas y frenar el deterioro democrático.
MODIFICAR EL PRESUPUESTO
El presupuesto 2021 enfrentará retos significativos debido a la ausencia de nuevos recursos extraordinarios como los otorgados en 2020. Se requiere limitar el déficit fiscal a un máximo de 4% del PIB y trazar un camino para reducirlo gradualmente al 2% en tres años, evitando riesgos de endeudamiento insostenible. A la par, es imprescindible fortalecer la calidad del gasto, asegurando que los fondos destinados a salud, nutrición, infraestructura y reactivación económica no se desvíen a otros fines. Finalmente, la transparencia y el control de la corrupción deben reforzarse con mayores exigencias de rendición de cuentas y estricta vigilancia institucional.
¿GASTO PÚBLICO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA?
El presupuesto 2021 destina más de Q4.5 millardos a reactivación económica, principalmente en infraestructura, pero su eficacia corre un alto riesgo debido a la ineficiencia y corrupción histórica del gasto público en Guatemala. El FMI estima que en países en desarrollo hasta un 40% de la inversión pública se pierde por estos factores. Para garantizar el impacto de los recursos, se recomienda crear fondos de inversión blindados con gobernanza transparente, priorizando salud, nutrición infantil e infraestructura estratégica. Además, el Estado debe incentivar la inversión privada y el consumo mediante fondos de garantía, aprovechando recursos líquidos retenidos por la incertidumbre económica.
QUIÉN ELIGE A LOS JUECES
El sistema de comisiones de postulación para elegir magistrados, concebido como un mecanismo para evitar la injerencia política, ha terminado profundizando los vicios que buscaba erradicar. La inclusión de académicos y representantes del Colegio de Abogados, en lugar de garantizar independencia y calidad, derivó en la proliferación de facultades de derecho mediocres y en procesos dominados por intereses espurios y tráfico de influencias. Así, las comisiones se volvieron un terreno fértil para la corrupción, incapaces de producir magistrados probos e independientes. En una democracia sólida, la elección de jueces debe recaer en políticos electos, responsables ante el pueblo mediante los procesos electorales.
LA VERDADERA OFICINA ANTI-CORRUPCIÓN
El índice de percepción de corrupción confirma un deterioro preocupante con graves consecuencias fiscales, sociales e institucionales. La corrupción erosiona los ingresos tributarios, incrementa costos en adquisiciones y obras públicas, y desvía recursos esenciales para salud, educación e infraestructura, debilitando la productividad y la calidad de vida. También deteriora la confianza ciudadana y la moral tributaria, afectando la gobernabilidad democrática. Aunque el gobierno ha anunciado acciones, la nueva comisión presidencial anticorrupción carece de una estrategia clara y enfrenta riesgos de politización. La vía más efectiva sería fortalecer la Contraloría de Cuentas y las auditorías internas, junto a reformas en servicio civil y contrataciones públicas.
DEBILIDADES DE LA ECONOMÍA
El análisis FODA de la economía guatemalteca evidencia nueve debilidades críticas que frenan el desarrollo nacional. Entre ellas destacan: bajos niveles de desarrollo humano reflejados en desnutrición, pobreza y baja escolaridad; lento crecimiento del PIB per cápita, de los más bajos en la región; mínima inversión pública y privada, especialmente en infraestructura; instituciones estatales débiles incapaces de proveer servicios básicos; y un sistema político inestable. A ello se suman la fragilidad del Estado de Derecho, la corrupción, percepciones de desigualdad y bajos ingresos tributarios. Superar estas debilidades requiere fortalecer la institucionalidad, aumentar productividad y generar confianza en el Estado para movilizar más recursos hacia inversión social y física.
FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
El buen funcionamiento del Estado depende de que el gasto público se ejecute con eficiencia y transparencia, lo que requiere un sistema de fiscalización sólido y preventivo. En Guatemala, dicho sistema debería sostenerse en tres pilares: la Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría Interna (UDAIs) y el Congreso de la República, cada uno con responsabilidades específicas que hoy se cumplen de manera deficiente. La ausencia de controles efectivos ha dejado a la vía penal como único mecanismo para frenar la corrupción, en lugar de prevenirla desde la gestión administrativa. Fortalecer a la Contraloría, empoderar a las UDAIs y exigir al Congreso el cumplimiento de su rol fiscalizador son pasos urgentes. Las reformas legales, incluyendo mayor independencia del contralor y regulación de conflictos de interés, son imprescindibles.
SIN PERDER EL OPTIMISMO, PERO...
El proceso electoral de 2019 en Guatemala dejó un ambiente de frustración y resignación, tras demostrar que las expectativas de cambio generadas en 2015 se desvanecieron entre confrontaciones ideológicas y reformas superficiales que no alteraron el sistema político corroído. La reforma electoral de 2016 evidenció las debilidades del Tribunal Supremo Electoral y apenas afectó a las viejas prácticas de compra de votos, voluntades e influencias. El Congreso electo para 2020-2024 estará dominado por actores tradicionales, algunos con sospechas de vínculos con el crimen organizado, aunque también ingresará una minoría de diputados dispuestos a promover reformas de largo plazo. Su desafío será enorme, pero imprescindible, ya que sin un fortalecimiento institucional el país enfrentará más corrupción, emigración, confrontación y una gobernabilidad cada vez más frágil.
EL FINANCIEMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
El financiamiento de las campañas electorales en Guatemala sigue siendo un problema complejo y de difícil control, pese a las múltiples reformas impulsadas en los últimos años para reducir los riesgos de corrupción y captura del Estado. Aunque se han limitado las donaciones empresariales y restringido la propaganda, estas medidas han generado efectos secundarios no deseados, como un posible incremento del financiamiento proveniente del crimen organizado y un menor entusiasmo ciudadano en los procesos electorales. La discusión sobre si el financiamiento debe provenir exclusivamente de fondos públicos carece de consenso y genera rechazo social, mientras que las reglas existentes resultan insuficientes ante la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral de ejercer una supervisión efectiva. En este contexto, garantizar la transparencia, reducir los tiempos de campaña y fortalecer la independencia y autoridad del TSE se vuelve esencial para que el sistema democrático funcione con mayor legitimidad.
COMO SI TODO ESTUVIERA “NORMAL”
Los candidatos presidenciales han comenzado a presentar sus propuestas, aunque la mayoría se reduce a prometer una mejor administración o rescatar políticas pasadas. Este discurso de normalidad contrasta con una crisis institucional devastadora, evidenciada en la infiltración del narcotráfico en el sistema político, la corrupción de los partidos y el deterioro de la justicia y la burocracia estatal. La mediocridad y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana y frenan el progreso del país. Frente a esta realidad, el reto no es simplemente gestionar mejor lo existente, sino emprender reformas de fondo en los sistemas electoral, de justicia, de servicio civil y de control del gasto público. Alcanzarlas exige un gran acuerdo nacional que los candidatos deberían comprometerse a impulsar, gane quien gane, para rescatar la institucionalidad y devolver la esperanza.
LA CONTRALORÍA Y LA CALIDAD DEL GASTO
El reciente proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas estuvo plagado de dudas que debilitan la credibilidad de una institución esencial para controlar la gestión pública. La Contraloría debería ser la primera línea de defensa contra la corrupción mediante la fiscalización preventiva del gasto y la gestión administrativa, pero en Guatemala rara vez ha cumplido ese rol, obligando a que la lucha contra la corrupción se realice principalmente por la vía penal. Para revertir esta situación es necesario reformar y fortalecer a la Contraloría, ampliar su mandato, garantizar la independencia y calidad de sus autoridades, mejorar procesos de auditoría y coordinación con el Congreso y las Unidades de Auditoría Interna. Solo así la fiscalización se convertirá en un mecanismo efectivo de prevención, dejando la persecución penal como último recurso, y evitando la dependencia de organismos externos para combatir la corrupción.
EL REPARTO DEL PRESUPUESTO
Las discusiones en torno al Presupuesto 2019 en el Congreso han degenerado en un regateo entre grupos de presión que buscan más recursos, sin relación con los objetivos de política pública. La debilidad institucional y la politización del servicio civil han convertido al Estado en una agencia de empleos para correligionarios. Según el BID, gran parte del gasto público en la región se desperdicia por corrupción, ineficiencia y altos salarios burocráticos. En Guatemala, el elevado peso de las remuneraciones limita la inversión en infraestructura y servicios básicos. Rescatar el presupuesto este año es improbable, pero urge replantear prioridades para que el gasto público se dirija a educación, salud, seguridad, justicia y obras esenciales, en lugar de responder a presiones sindicales o intereses particulares.