JURISDICCIÓN INDÍGENA: SISTEMAS EN COMPETENCIA
Mario Garcia Lara Mario Garcia Lara

JURISDICCIÓN INDÍGENA: SISTEMAS EN COMPETENCIA

El debate actual sobre el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena en Guatemala puede ser comprendido a través del concepto de pluralismo jurídico: la coexistencia de varios sistemas legales dentro de un mismo Estado. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de países en desarrollo, ya que otros sistemas jurídicos como la lex mercatoria o los códigos eclesiásticos también coexisten con el derecho oficial. En el caso guatemalteco, el derecho indígena ya opera como sistema normativo alternativo, especialmente en áreas donde el Estado no proporciona acceso a justicia. Aunque ya existe reconocimiento jurisprudencial y en tratados internacionales, la reforma constitucional propuesta parece tener más un trasfondo simbólico y político que legal. Aun así, cualquier reconocimiento formal debe ir acompañado de un marco regulatorio que garantice el respeto a los derechos humanos y la coordinación entre sistemas. La Corte Suprema jugaría un rol clave en asegurar estos límites y armonías, más allá de las reformas constitucionales.

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REFORMA INSTITUCIONAL: JUECES INDEPENDIENTES
Mario Garcia Lara Mario Garcia Lara

REFORMA INSTITUCIONAL: JUECES INDEPENDIENTES

Para garantizar el Estado de Derecho y frenar la corrupción, es urgente reformar el sistema de justicia guatemalteco a partir de la independencia real de jueces y magistrados. La clave está en profesionalizar la carrera judicial a través de concursos de oposición, evaluaciones periódicas y procesos transparentes de nombramiento. Estas reformas buscan blindar al sistema de justicia frente a presiones políticas, económicas y jerárquicas, asegurando decisiones basadas únicamente en hechos y derecho.

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GOBIERNO CORPORATIVO Y LOS TRIBUNALES
Mario Garcia Lara Mario Garcia Lara

GOBIERNO CORPORATIVO Y LOS TRIBUNALES

La ineficiencia del sistema judicial guatemalteco se origina, en gran medida, en la falta de una estructura administrativa profesional. Jueces y magistrados, carentes de formación gerencial, asumen tareas administrativas que entorpecen su labor jurisdiccional. A pesar de reconocer esta sobrecarga, muchos se resisten a delegar, pues esas funciones representan estatus y poder. La solución pasa por adoptar prácticas de buen gobierno corporativo, separando claramente las funciones administrativas y jurisdiccionales, sometiendo a las instituciones a auditorías externas y garantizando transparencia. Como en los sistemas judiciales desarrollados, se propone delegar la gestión diaria a administradores profesionales, lo que permitiría a los magistrados centrarse en impartir justicia. La legitimidad del sistema judicial depende de su capacidad para ofrecer justicia pronta, eficaz y accesible; si no se logra, se pone en riesgo la gobernabilidad.

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