La inversión es esencial para sostener y aumentar la producción, pero Guatemala enfrenta serias limitaciones en este ámbito. Mientras la inversión nacional apenas alcanza el 15% del PIB y la extranjera directa no supera el 1%, el país carece de las condiciones necesarias para atraer capital. Aunque los indicadores macroeconómicos como inflación controlada, déficit fiscal moderado y estabilidad monetaria inspiran confianza, la verdadera traba está en la debilidad institucional. No existe una política clara para la inversión extranjera, las obras públicas son insuficientes y no se ha definido un marco para las consultas comunitarias. Además, el Congreso bloquea leyes clave como la de infraestructura vial y estabilidad jurídica. Ante esta falta de certeza, los inversionistas optan por la cautela, aplazando decisiones hasta que haya mayor claridad.