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Guatemala ha mostrado una notable resiliencia ante crisis internas y externas, creciendo un promedio anual de 3.5 % en las últimas dos décadas. Sin embargo, este ritmo es insuficiente para alcanzar los niveles de desarrollo de países como México o Colombia. Para acelerar su progreso, el país debe centrarse en cinco ejes: aumentar la productividad mediante certeza jurídica y servicios públicos eficientes; fomentar la inversión en infraestructura; impulsar el comercio internacional; aprovechar el potencial del sector servicios con innovación y digitalización; y mantener políticas fiscales y monetarias sólidas. Solo con un crecimiento más alto, sostenido e incluyente podrá lograrse un verdadero desarrollo económico y social.
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El crecimiento sostenible y la mejora de los niveles de vida dependen del aumento de la productividad, no solo del estímulo a la demanda. En Guatemala, la productividad laboral se ha mantenido estancada durante décadas, limitando el progreso social y económico. Para que los ingresos y el bienestar de la población mejoren de forma duradera, las políticas públicas deben centrarse en impulsar la eficiencia, la innovación y la capacidad de producción del país.
EL DR. JEKYLL Y EL SR. HYDE
La mejora en la calificación crediticia de Guatemala por parte de Fitch evidencia una economía resiliente y estable en sus fundamentos macroeconómicos, apoyada por las remesas, la disciplina fiscal y la autonomía del banco central. Sin embargo, esa fortaleza contrasta con un lado oscuro: un crecimiento estructuralmente bajo y una gobernanza debilitada por la corrupción y la falta de estado de derecho. La metáfora del Dr. Jekyll y Mr. Hyde refleja el riesgo de que la fragilidad institucional termine dominando las virtudes macroeconómicas si no se enfrentan con decisión.
CÓMO ATRAER INVERSIONES
La inversión es el motor del crecimiento económico, pues genera activos productivos que aumentan la productividad y los ingresos. En Guatemala, sin embargo, la inversión representa menos del 15% del PIB, muy por debajo del promedio regional y en tendencia descendente. Aunque existe estabilidad macrofiscal, la falta de confianza institucional, infraestructura deficiente y corrupción frenan el desarrollo. Según el World Economic Forum, los mayores obstáculos a los negocios son de carácter institucional más que financiero. Para revertir esta situación, el país debe fortalecer el Estado de derecho, mejorar la eficiencia gubernamental, reducir la burocracia y garantizar la seguridad y transparencia, creando así un clima propicio para atraer inversiones sostenibles y generar progreso real.
EL CRECIMIENTO COMO PRIORIDAD
Tras la recuperación económica de 2021-22, el crecimiento proyectado del 3.5% resulta insuficiente para mejorar de manera significativa el bienestar de la población. El desafío es lograr un crecimiento más rápido, sostenible e incluyente, pues estas dimensiones son complementarias, no excluyentes. El crecimiento impulsa empleos, ingresos, resiliencia y educación, y puede favorecer tanto la inclusión social como la sostenibilidad ambiental si los excedentes se canalizan correctamente. Para ello, es indispensable elevar la productividad, mediante tecnología, educación e instituciones sólidas que generen confianza y cohesión social, asegurando así un progreso amplio y duradero.
EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública en Guatemala se ha reducido drásticamente en cantidad y calidad, con un presupuesto cada vez más destinado a gastos de funcionamiento y no a infraestructura. La ineficiencia, la falta de priorización de proyectos y la corrupción agravan el problema, situando al país por debajo del promedio regional en infraestructura. Mejorar la planificación, ejecución y mantenimiento de la obra pública exige instituciones más sólidas y experticia técnica. La evaluación PIMA del FMI ofrece una oportunidad clave para diagnosticar el sistema y sentar las bases de reformas que impulsen productividad, empleo y crecimiento sostenible.
POLÍTICA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO
Tras el repunte económico de 2021 y 2022, Guatemala enfrentará un retorno al bajo crecimiento tendencial cercano al 3.5%. La causa central es la baja productividad, originada en la deficiente provisión de bienes públicos como seguridad, justicia, educación e infraestructura, así como en políticas que distorsionan la economía. Este estancamiento puede fomentar frustración social, abrir espacio al populismo y, con ello, a decisiones que deterioren aún más la estabilidad económica. Para revertirlo, no basta con disciplina macroeconómica: se requiere fortalecer las instituciones políticas, garantizar el Estado de derecho y promover políticas que mejoren la productividad y la movilidad social.
COLAPSO EN CÁMARA LENTA
Guatemala enfrenta un colapso progresivo en su infraestructura pública, reflejado en el desplome de la calidad de sus carreteras y en la caída de la inversión, que hoy representa la mitad de lo destinado hace 25 años. El problema no es únicamente de recursos, sino de un sistema de inversión pública deficiente, opaco y vulnerable a la corrupción. Sin instituciones sólidas que planifiquen, evalúen y ejecuten proyectos con eficiencia y transparencia, cualquier aumento presupuestario seguirá produciendo obras costosas y de baja calidad. Reformar la gobernanza de la infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.
PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO
En Guatemala, las últimas tres décadas de crecimiento económico se explican mayormente por el trabajo y el capital, mientras que la productividad ha aportado casi nada. Con la disminución futura del crecimiento de la población en edad laboral y los rendimientos decrecientes de la inversión en capital, el aumento de la productividad es indispensable para lograr prosperidad, empleo formal y reducción de la pobreza. Un estudio del Banco Mundial señala que impulsar la productividad requiere reformas integrales en educación, infraestructura, eficiencia de mercados, clima de negocios, innovación y calidad institucional, incluyendo seguridad jurídica, derechos de propiedad y combate a la corrupción.
DEBILIDADES DE LA ECONOMÍA
El análisis FODA de la economía guatemalteca evidencia nueve debilidades críticas que frenan el desarrollo nacional. Entre ellas destacan: bajos niveles de desarrollo humano reflejados en desnutrición, pobreza y baja escolaridad; lento crecimiento del PIB per cápita, de los más bajos en la región; mínima inversión pública y privada, especialmente en infraestructura; instituciones estatales débiles incapaces de proveer servicios básicos; y un sistema político inestable. A ello se suman la fragilidad del Estado de Derecho, la corrupción, percepciones de desigualdad y bajos ingresos tributarios. Superar estas debilidades requiere fortalecer la institucionalidad, aumentar productividad y generar confianza en el Estado para movilizar más recursos hacia inversión social y física.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: NADA MEJOR, NO MUCHO PEOR
La economía mundial atraviesa un proceso de debilitamiento debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China y a la creciente incertidumbre política internacional. Este panorama ha reducido las proyecciones de crecimiento global para 2019-2020 y ha deteriorado la confianza empresarial, afectando tanto el comercio como la inversión. Para Guatemala, este entorno implica dificultades para recuperar sus exportaciones y atraer capitales externos. Si bien la inversión pública y privada pueden mitigar parcialmente el impacto, su efectividad dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para reducir la incertidumbre política. El gasto público aumentará, aunque su peso sigue siendo limitado. En última instancia, será el consumo de los hogares, sostenido principalmente por las remesas, el que continúe impulsando el modesto crecimiento nacional.
¿LISTOS PARA EL DESPEGUE ECONÓMICO?
Las previsiones del Banco de Guatemala apuntan a un crecimiento de 3.4% para 2019, sustentado en estabilidad macroeconómica y deuda pública relativamente baja. Ante este escenario surgió la discusión sobre si endeudarse más para invertir en infraestructura podría detonar un ciclo de crecimiento sostenido. Sin embargo, depender del gasto público para dinamizar la economía resulta insostenible: aunque la deuda es baja frente al PIB, es elevada respecto a los ingresos fiscales, lo que limita la capacidad de pago del Estado y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Además, confiar la ejecución de grandes proyectos a instituciones débiles y corruptas conlleva alto riesgo de fracaso. El verdadero camino al crecimiento duradero exige fortalecer el estado de derecho, mejorar servicios públicos básicos y generar condiciones que atraigan inversión privada productiva. La infraestructura es importante, pero sin reformas institucionales se convierte en un recurso desperdiciado.
INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA E INVERSIÓN
La inversión nacional es dramáticamente baja y presenta una tendencia descendente, tanto en el ámbito público como privado, afectando las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo. Factores como la desconfianza de los inversionistas, los cuellos de botella institucionales y la incertidumbre política explican gran parte de esta situación, más allá de variables tradicionales como tasas de interés o costos laborales. La ausencia de un estado de derecho confiable limita la capacidad del país para atraer inversión y fomentar desarrollo. En este contexto, el proceso electoral genera un ambiente de incertidumbre que puede prolongar la desconfianza, haciendo urgente la necesidad de instituciones eficientes que aseguren estabilidad y confianza para la toma de decisiones económicas estratégicas.
LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO MEDIOCRE
Aunque la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a crisis globales y ha mantenido estabilidad macroeconómica, su crecimiento per cápita sigue siendo muy lento en comparación con otras economías de América Latina y Asia. Esta discrepancia evidencia que la estabilidad no garantiza progreso, y que factores estructurales, como la debilidad de las instituciones públicas y republicanas, pueden estar limitando la capacidad del país para generar bienestar material sostenido. Aun con avances tecnológicos y cierta mejora en la calidad de vida, la economía continúa rezagada, poniendo en evidencia la urgencia de reformas que impulsen la productividad, fortalezcan las instituciones y aceleren el crecimiento económico.
ESTADO DE DERECHO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El lento crecimiento económico del país refleja la baja productividad sistémica y la debilidad de sus instituciones públicas, lo que impide al Estado proveer servicios esenciales como seguridad, justicia, infraestructura, educación y salud. La crisis política reciente evidencia y agrava esta disfuncionalidad institucional, afectando la inversión y el desarrollo económico. A largo plazo, la pérdida de institucionalidad puede derivar en riesgos de gobernabilidad y fracaso económico, tal como muestran ejemplos internacionales. Garantizar el respeto al Estado de Derecho es esencial para promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y mantener una democracia funcional.
POR QUÉ TRUINFAN LAS NACIONES
El McKinsey Global Institute identificó los factores comunes de los países emergentes con mayores crecimientos sostenidos del ingreso per cápita. Casos como China, Corea del Sur y Singapur muestran que la clave es un consenso nacional para priorizar el crecimiento económico y alinear la agenda pública hacia la productividad, los ingresos y la demanda. Esto requiere inversión en infraestructura, tecnología y capital humano, mercados laborales flexibles, estabilidad social, políticas macroeconómicas ágiles y apertura al comercio internacional, todo sustentado en instituciones sólidas y eficientes. Guatemala, con un crecimiento per cápita inferior al 1 % anual en la última década, debe entender que no existen atajos y que la salida del subdesarrollo pasa por liderazgo político y social capaz de sostener una agenda integral y persistente de transformación productiva.
EL IMPERATIVO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El verdadero motor del desarrollo está en un crecimiento económico sostenido, capaz de generar empleos formales, mejorar el bienestar y aumentar los ingresos estatales. Guatemala sigue atrapada en un techo de 4% anual, lo que limita las oportunidades y debilita el sistema democrático frente al populismo. La clave no está en subsidios ni privilegios fiscales, sino en crear un entorno de negocios con certeza jurídica, infraestructura adecuada, educación de calidad y servicios públicos esenciales. Solo con políticas económicas integrales será posible incentivar al sector empresarial, la principal fuente de empleo sostenible.
NUEVOS RIESGOS PARA LA INVERSIÓN
El crecimiento económico de Guatemala está limitado por la baja inversión, la cual depende cada vez más de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los inversionistas y calificadoras de riesgo analizan con atención el impacto del cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional en la estabilidad del país. Sin atender estas preocupaciones mediante reformas y políticas públicas sólidas, será difícil atraer capital de calidad y lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible.
LA ECONOMÍA DESACELERADA
El crecimiento económico se ha desacelerado por la falta de confianza, el bajo gasto público y la caída en sectores clave. El FMI recomienda medidas de estímulo de corto plazo y, sobre todo, reformas estructurales que fortalezcan la inversión, el clima de negocios y la institucionalidad para evitar que la economía siga estancada.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA POLÍTICA
El estancamiento del PIB, la ausencia de liderazgo político y el ambiente de confrontación amenazan con agudizar la pobreza y la conflictividad social, generando un círculo vicioso entre economía y política. Para romperlo, el país necesita iniciar cuanto antes una reforma institucional que fortalezca la gobernanza y reduzca los riesgos de crisis.