CUIDADO CON LOS SUBSIDIOS
El alza mundial de los combustibles representa un choque de oferta que eleva la inflación y reduce la producción. Aunque la experiencia internacional muestra que la mejor respuesta combina política monetaria y austeridad fiscal, los gobiernos suelen optar por subsidios, pese a sus múltiples problemas. En Guatemala, el subsidio aprobado aumentará el gasto en más de Q2.25 millardos y puede llevar el déficit fiscal por encima del 3.5% del PIB. Además, estos apoyos benefician sobre todo a sectores más acomodados, desperdician recursos y desincentivan energías limpias. La alternativa más eficaz son transferencias directas temporales, focalizadas y fiscalizables para proteger a los más vulnerables.
REFRENAR EL GASTO PÚBLICO
La aprobación reciente de leyes de gasto incrementa el déficit fiscal de Guatemala a niveles preocupantes, superando el 3% del PIB, lo que amenaza la sostenibilidad y estabilidad económica. La tendencia global y local a gastar sin control, exacerbada tras la pandemia, requiere de mecanismos de autocontrol legislativos, como reglas de responsabilidad fiscal que limiten el déficit, el gasto corriente y aseguren superávit en la cuenta corriente. Estas reglas, implementadas correctamente, han demostrado reducir la probabilidad de crisis fiscales y la prociclicalidad del gasto, sin afectar la inversión pública. Su adopción sería una muestra de madurez política y visión de Estado.
PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DÉFICIT FISCAL
El presupuesto estatal no es solo un reparto de recursos, sino una declaración de la política fiscal y una señal clave para los mercados. En 2020, el déficit se disparó a 4.5% del PIB por la pandemia, el mayor en cuatro décadas. En 2021, gracias a una recaudación tributaria en alza y un gasto más contenido, se prevé cerrarlo en 2.5%, un avance significativo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2022 plantea un déficit de 2.8%, lo que implicaría un retroceso en la consolidación fiscal. Es fundamental que el Congreso ajuste el techo de gasto para mantener la disciplina y credibilidad económica.
¿QUÉ PASÓ CON EL PRESUPUESTO?
El presupuesto de Q107 millardos heredado de 2020 genera incertidumbre y riesgo fiscal, pues no responde a la realidad actual ni a la capacidad de financiamiento del Estado. Sin readecuación, se afectan la inversión y el consumo, se retrasa la generación de empleo y se eleva la desconfianza de organismos internacionales, limitando el acceso a crédito favorable. Urge reducir el techo presupuestario, eliminar gastos superfluos y deducir recursos extraordinarios ya agotados. También es esencial comprometerse a bajar gradualmente el déficit fiscal al 2% del PIB, asegurando estabilidad, confianza en los mercados y sostenibilidad para la recuperación económica.
TIEMPO DE REGLAS FISCALES
La pandemia obligó a Guatemala a expandir el gasto público de manera histórica, llevando el déficit fiscal al 6% del PIB en 2020 y proyectando niveles aún elevados para 2021. Aunque estas medidas fueron necesarias, la creciente deuda ya supera el 350% de los ingresos tributarios, lo que compromete la sostenibilidad fiscal. El pago de intereses absorbe cada vez más recursos, reduciendo el margen para inversión social y productiva. Si bien las condiciones financieras actuales permiten endeudarse con relativa facilidad, los riesgos de una crisis futura son altos. Se requiere un plan creíble de consolidación fiscal y discutir la adopción de una ley de responsabilidad fiscal.
RECOBRAR LA DISCIPLINA FISCAL
El proyecto de presupuesto 2021 prevé una deuda histórica de Q32.6 millardos, un aumento impulsado por los gastos extraordinarios de la pandemia y el consecuente déficit fiscal, que pasó de 2.2% del PIB en 2019 a 6% en 2020. Aunque el presupuesto proyecta reducirlo al 4.9% en 2021 y eventualmente a niveles sostenibles de 2%, mantener esta trayectoria es crucial para preservar la reputación financiera de Guatemala y el acceso a mercados de crédito internacionales. La reducción del déficit requiere no solo control de gastos e ingresos, sino también un pacto fiscal integral que mejore la eficiencia y transparencia del gasto público.
OTRO ENORME AGUJERO FISCAL
El sistema de pensiones de los jubilados estatales, conocido como Régimen de Clases Pasivas, se ha convertido en una carga insostenible para las finanzas públicas. Funciona como un esquema de reparto simple donde las cuotas de los trabajadores activos no alcanzan para cubrir los pagos, obligando a financiar más del 50% del gasto con impuestos. En 2023 superó los Q5.1 millardos, un monto mayor al presupuesto de ministerios clave, y sigue creciendo. La falta de un fondo de reserva, la mala gobernanza y prácticas abusivas han profundizado el déficit. Urge una reforma que ponga orden, garantice sostenibilidad y transparente la administración.
EL PRESUPUESTO 2018: CUESTA ARRIBA
El proceso de aprobación del presupuesto 2018 en Guatemala enfrenta una grave crisis de liderazgo político tras la renuncia del ministro de Finanzas y su equipo. El proyecto incorpora estimaciones macroeconómicas poco realistas, déficits fiscales elevados, y un preocupante aumento del gasto corriente financiado con deuda, en contravención de la Ley Orgánica del Presupuesto. La falta de reformas estructurales para asegurar la transparencia en sectores clave como infraestructura, y el riesgo de que el presupuesto anterior quede vigente, ponen en juego la eficacia del gasto público y la estabilidad económica del país.
EL TECHO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
El presupuesto del Estado debe equilibrar necesidades sociales con recursos reales. Un déficit fiscal del 2.3% del PIB, como el propuesto por el Ejecutivo, excede el máximo tolerable sugerido por el FMI y se basa en proyecciones de ingresos demasiado optimistas. Para garantizar la sostenibilidad económica, es crucial reducir el techo presupuestario al menos en Q2.8 millardos, eliminando rubros ineficientes o poco transparentes, como subsidios y programas clientelares. El Congreso debe aprobar un presupuesto ajustado a la realidad fiscal del país, priorizando la prudencia, eficiencia y transparencia.
AÑO ELECTORAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA
Aunque en muchos países los años electorales desequilibran la economía, en Guatemala han sido relativamente estables desde 1999. A excepción de 1999 y 2007, las variables macro han mostrado resiliencia, con leves alteraciones en el tipo de cambio y el crédito privado. El gran riesgo sigue siendo el gasto público electoral, especialmente cuando se acelera en los meses previos a las elecciones.
LA MÁGNITUD DEL DÉFICIT FISCAL
La reciente ampliación presupuestaria de Q1.5 millardos para aumentos salariales en Educación y Salud se aprobó sin especificar una fuente clara de financiamiento. Se confía en una mejora de la recaudación tributaria, pero los datos muestran ineficiencias en las aduanas y estancamiento en ingresos clave como el IVA de importaciones. Esto podría elevar el déficit fiscal hasta un preocupante 2.4% del PIB, revirtiendo los avances previos en su contención. Tal deterioro enviaría señales negativas a los mercados internacionales, incrementando el costo del financiamiento y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es urgente retomar una gestión prudente del gasto.
INCERTIDUMBRE PRESUPUESTARIA
La falta de aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para 2014 plantea una serie de desafíos financieros, administrativos y jurídicos. Esta omisión impide la ejecución de nuevas políticas, compromete ajustes salariales y debilita la credibilidad ante acreedores internacionales. Además, incrementa la opacidad en el gasto y complica el control del déficit fiscal, generando un escenario de inestabilidad económica e institucional.
BONOS: CONSECUENCIAS NEGATIVAS
La intención del gobierno de emitir bonos para cubrir la llamada deuda flotante requiere un análisis riguroso debido a su origen irregular: compromisos adquiridos sin respaldo presupuestario ni aprobación del Congreso. Esta medida puede minar la credibilidad institucional, la moral tributaria y aumentar el déficit fiscal. Para evitar efectos negativos macroeconómicos, se demanda la publicación de la auditoría externa contratada en 2011, la identificación de acreedores legítimos y la búsqueda de mecanismos de pago responsables. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado fortalecer controles y sanciones para evitar que se repita esta práctica, lo cual exige una reforma urgente a la Ley Orgánica del Presupuesto.
SORPRESAS DEL PRESUPUESTO 2013
El Congreso aprobó de forma sorpresiva y acelerada el presupuesto estatal para 2013, marcando un récord en tiempo y anticipación, pero alterando sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo. Aunque las cifras macroeconómicas del presupuesto no son en sí alarmantes, las modificaciones introducidas aumentaron el déficit fiscal autorizado a 2.5% del PIB, alejando al país del nivel considerado saludable por la comunidad financiera. La inclusión de gasto clientelar, obras sin justificación técnica, uso indebido de deuda flotante y sobreestimación de ingresos generan una preocupante fuente de incertidumbre fiscal. El Ejecutivo aún puede corregir el rumbo con una ejecución responsable que priorice la sostenibilidad financiera.
EL NUMERITO CLAVE
El déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, es el núcleo del debate sobre la salud financiera del Estado. Propuestas recientes para permitir que el Banco de Guatemala financie directamente al gobierno ignoran este punto crucial. Argumentar que dicha prohibición genera un “monopolio” para los bancos privados es erróneo: la raíz del problema está en la baja recaudación tributaria, no en quién otorga el crédito. Además, permitir que el banco central emita dinero para cubrir el déficit socavaría la estabilidad económica lograda con esfuerzo. Por otra parte, la deuda flotante por obras públicas no presupuestadas refleja el mismo problema: un déficit encubierto que, al reconocerse, eleva peligrosamente el nivel de endeudamiento del país. Mantener el enfoque en el déficit fiscal es esencial para evitar medidas improvisadas que comprometan la sostenibilidad económica a largo plazo.
EL TAMAÑO DEL DÉFICIT ES LA CLAVE
El gobierno guatemalteco colocó US$700 millones en bonos del tesoro con una tasa de 5.88% y plazo a 10 años, superando expectativas de demanda internacional. Aunque se celebra como un logro financiero, el endeudamiento refleja el déficit fiscal estructural que enfrenta el país. La preocupación no radica en el acto de endeudarse en sí, sino en que el déficit fiscal se mantenga controlado para que la deuda no crezca más rápido que el PIB. Con una carga de deuda del 25% del PIB —la más baja de Centroamérica— Guatemala ha gozado de estabilidad financiera y buena reputación internacional. Sin embargo, esta posición depende de seguir gestionando prudentemente el gasto público y el ingreso fiscal, elementos que deben guiar las decisiones del Congreso y del Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad económica.
EFECTO DESPLAZAMIENTO A LA VISTA
La política fiscal expansiva adoptada en 2009 para enfrentar la crisis económica mundial ha dejado de ser una medida temporal y ha mantenido un déficit superior al 3% del PIB. Esto ha obligado al gobierno a endeudarse internamente, desviando recursos que podrían haberse destinado al crédito productivo. La creciente deuda pública, junto con la política antiinflacionaria del Banco Central, ha incrementado las tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. Lejos de estimular la economía, el gasto fiscal ahora dificulta la inversión privada, planteando un complejo dilema entre aumentar impuestos o reducir gasto público.