AÑO ELECTORAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA
Aunque en muchos países los años electorales desequilibran la economía, en Guatemala han sido relativamente estables desde 1999. A excepción de 1999 y 2007, las variables macro han mostrado resiliencia, con leves alteraciones en el tipo de cambio y el crédito privado. El gran riesgo sigue siendo el gasto público electoral, especialmente cuando se acelera en los meses previos a las elecciones.
LA MÁGNITUD DEL DÉFICIT FISCAL
La reciente ampliación presupuestaria de Q1.5 millardos para aumentos salariales en Educación y Salud se aprobó sin especificar una fuente clara de financiamiento. Se confía en una mejora de la recaudación tributaria, pero los datos muestran ineficiencias en las aduanas y estancamiento en ingresos clave como el IVA de importaciones. Esto podría elevar el déficit fiscal hasta un preocupante 2.4% del PIB, revirtiendo los avances previos en su contención. Tal deterioro enviaría señales negativas a los mercados internacionales, incrementando el costo del financiamiento y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es urgente retomar una gestión prudente del gasto.
INCERTIDUMBRE PRESUPUESTARIA
La falta de aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para 2014 plantea una serie de desafíos financieros, administrativos y jurídicos. Esta omisión impide la ejecución de nuevas políticas, compromete ajustes salariales y debilita la credibilidad ante acreedores internacionales. Además, incrementa la opacidad en el gasto y complica el control del déficit fiscal, generando un escenario de inestabilidad económica e institucional.
BONOS: CONSECUENCIAS NEGATIVAS
La intención del gobierno de emitir bonos para cubrir la llamada deuda flotante requiere un análisis riguroso debido a su origen irregular: compromisos adquiridos sin respaldo presupuestario ni aprobación del Congreso. Esta medida puede minar la credibilidad institucional, la moral tributaria y aumentar el déficit fiscal. Para evitar efectos negativos macroeconómicos, se demanda la publicación de la auditoría externa contratada en 2011, la identificación de acreedores legítimos y la búsqueda de mecanismos de pago responsables. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado fortalecer controles y sanciones para evitar que se repita esta práctica, lo cual exige una reforma urgente a la Ley Orgánica del Presupuesto.
SORPRESAS DEL PRESUPUESTO 2013
El Congreso aprobó de forma sorpresiva y acelerada el presupuesto estatal para 2013, marcando un récord en tiempo y anticipación, pero alterando sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo. Aunque las cifras macroeconómicas del presupuesto no son en sí alarmantes, las modificaciones introducidas aumentaron el déficit fiscal autorizado a 2.5% del PIB, alejando al país del nivel considerado saludable por la comunidad financiera. La inclusión de gasto clientelar, obras sin justificación técnica, uso indebido de deuda flotante y sobreestimación de ingresos generan una preocupante fuente de incertidumbre fiscal. El Ejecutivo aún puede corregir el rumbo con una ejecución responsable que priorice la sostenibilidad financiera.
EL NUMERITO CLAVE
El déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, es el núcleo del debate sobre la salud financiera del Estado. Propuestas recientes para permitir que el Banco de Guatemala financie directamente al gobierno ignoran este punto crucial. Argumentar que dicha prohibición genera un “monopolio” para los bancos privados es erróneo: la raíz del problema está en la baja recaudación tributaria, no en quién otorga el crédito. Además, permitir que el banco central emita dinero para cubrir el déficit socavaría la estabilidad económica lograda con esfuerzo. Por otra parte, la deuda flotante por obras públicas no presupuestadas refleja el mismo problema: un déficit encubierto que, al reconocerse, eleva peligrosamente el nivel de endeudamiento del país. Mantener el enfoque en el déficit fiscal es esencial para evitar medidas improvisadas que comprometan la sostenibilidad económica a largo plazo.
EL TAMAÑO DEL DÉFICIT ES LA CLAVE
El gobierno guatemalteco colocó US$700 millones en bonos del tesoro con una tasa de 5.88% y plazo a 10 años, superando expectativas de demanda internacional. Aunque se celebra como un logro financiero, el endeudamiento refleja el déficit fiscal estructural que enfrenta el país. La preocupación no radica en el acto de endeudarse en sí, sino en que el déficit fiscal se mantenga controlado para que la deuda no crezca más rápido que el PIB. Con una carga de deuda del 25% del PIB —la más baja de Centroamérica— Guatemala ha gozado de estabilidad financiera y buena reputación internacional. Sin embargo, esta posición depende de seguir gestionando prudentemente el gasto público y el ingreso fiscal, elementos que deben guiar las decisiones del Congreso y del Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad económica.
EFECTO DESPLAZAMIENTO A LA VISTA
La política fiscal expansiva adoptada en 2009 para enfrentar la crisis económica mundial ha dejado de ser una medida temporal y ha mantenido un déficit superior al 3% del PIB. Esto ha obligado al gobierno a endeudarse internamente, desviando recursos que podrían haberse destinado al crédito productivo. La creciente deuda pública, junto con la política antiinflacionaria del Banco Central, ha incrementado las tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. Lejos de estimular la economía, el gasto fiscal ahora dificulta la inversión privada, planteando un complejo dilema entre aumentar impuestos o reducir gasto público.