EL NUMERITO CLAVE
El déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, es el núcleo del debate sobre la salud financiera del Estado. Propuestas recientes para permitir que el Banco de Guatemala financie directamente al gobierno ignoran este punto crucial. Argumentar que dicha prohibición genera un “monopolio” para los bancos privados es erróneo: la raíz del problema está en la baja recaudación tributaria, no en quién otorga el crédito. Además, permitir que el banco central emita dinero para cubrir el déficit socavaría la estabilidad económica lograda con esfuerzo. Por otra parte, la deuda flotante por obras públicas no presupuestadas refleja el mismo problema: un déficit encubierto que, al reconocerse, eleva peligrosamente el nivel de endeudamiento del país. Mantener el enfoque en el déficit fiscal es esencial para evitar medidas improvisadas que comprometan la sostenibilidad económica a largo plazo.
EL TAMAÑO DEL DÉFICIT ES LA CLAVE
El gobierno guatemalteco colocó US$700 millones en bonos del tesoro con una tasa de 5.88% y plazo a 10 años, superando expectativas de demanda internacional. Aunque se celebra como un logro financiero, el endeudamiento refleja el déficit fiscal estructural que enfrenta el país. La preocupación no radica en el acto de endeudarse en sí, sino en que el déficit fiscal se mantenga controlado para que la deuda no crezca más rápido que el PIB. Con una carga de deuda del 25% del PIB —la más baja de Centroamérica— Guatemala ha gozado de estabilidad financiera y buena reputación internacional. Sin embargo, esta posición depende de seguir gestionando prudentemente el gasto público y el ingreso fiscal, elementos que deben guiar las decisiones del Congreso y del Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad económica.
EFECTO DESPLAZAMIENTO A LA VISTA
La política fiscal expansiva adoptada en 2009 para enfrentar la crisis económica mundial ha dejado de ser una medida temporal y ha mantenido un déficit superior al 3% del PIB. Esto ha obligado al gobierno a endeudarse internamente, desviando recursos que podrían haberse destinado al crédito productivo. La creciente deuda pública, junto con la política antiinflacionaria del Banco Central, ha incrementado las tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. Lejos de estimular la economía, el gasto fiscal ahora dificulta la inversión privada, planteando un complejo dilema entre aumentar impuestos o reducir gasto público.