EL MERCADO POLÍTICO
La actual ley electoral guatemalteca, al prohibir que los políticos expresen sus ideas antes del inicio formal de la campaña, ha mutilado la libertad de expresión y vaciado de contenido el debate democrático. La interpretación restrictiva del TSE ha convertido la contienda en un espectáculo vacío, dominado por videos triviales y estrategias populistas en redes sociales. La combinación de una regulación disfuncional, una autoridad electoral miope y una ciudadanía que demanda entretenimiento en lugar de propuestas ha degradado el mercado político, produciendo una oferta cada vez más mediocre. Urge reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para recuperar el debate público, mejorar la calidad de la representación y fortalecer la democracia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La desaparición de elPeriódico simboliza una pérdida profunda para el debate público y la libertad de expresión en Guatemala. Este derecho no solo garantiza la pluralidad política, sino que también es esencial para el funcionamiento eficiente de la economía, ya que permite el flujo de información que orienta decisiones y reduce la desigualdad informativa. Además, promueve la competencia, la innovación y la transparencia, generando un entorno más atractivo para la inversión y el crecimiento. En tiempos de transformación digital y presión contra la prensa libre, defender la libertad de expresión es indispensable para el desarrollo y la convivencia democrática de cualquier país que aspire a ser verdaderamente civilizado.
LOS DOS MOMENTOS DE LA POLÍTICA
La política guatemalteca vive una desconexión creciente entre la campaña electoral y el ejercicio del poder. Antes, las propuestas, ideologías y trayectorias daban coherencia a ambos momentos; hoy, la lógica del entretenimiento domina la política. En la era del TikTok, los votantes eligen carisma y ocurrencias, no liderazgo ni visión. Sin embargo, el verdadero reto inicia tras la elección: gobernar con principios, asumir decisiones difíciles y responder ante la ciudadanía. La falta de estadistas se combina con una sociedad civil pasiva, incapaz de fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Así, el espectáculo electoral sustituye el compromiso democrático, vaciando de contenido la responsabilidad política.
PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?
El Índice de Democracia de The Economist sitúa a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.98 puntos, reflejo del deterioro democrático que afecta a gran parte de Latinoamérica. Los aspectos más débiles son la cultura política y la participación ciudadana, ambas marcadas por la desconfianza en las instituciones y el desencanto con la política. Sin embargo, el proceso electoral y su nivel de pluralismo se mantienen como los pilares más sólidos del sistema. En este contexto, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta el reto de garantizar elecciones transparentes, eficaces y creíbles, evitando los errores del pasado. Solo fortaleciendo la institucionalidad democrática podrá evitarse un nuevo retroceso en el índice y recuperar la legitimidad del sistema político.
LAS ELECCIONES Y SUS DESAFÍOS INSTITUCIONALES
El actual proceso electoral enfrenta graves riesgos de credibilidad y transparencia por las deficiencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no fueron corregidas tras 2019. El TSE intenta paliar vacíos por vía reglamentaria, pero persisten desafíos como la transmisión de datos, la confusa definición de campaña anticipada y la regulación ineficiente de la propaganda y los aportes financieros. A nivel estructural, destacan la baja representatividad de los congresistas y la débil gobernanza del TSE. Urge que la próxima legislatura reforme la ley para asegurar elecciones más claras, equitativas y confiables, evitando repetir en 2027 las mismas incertidumbres institucionales.
NO HAY QUE DESENTENDERSE
Guatemala enfrenta un 2023 lleno de desafíos económicos y políticos marcados por la amenaza de recesión global, inflación persistente y tensiones geopolíticas. Aunque el país ha demostrado resiliencia macroeconómica, su crecimiento sigue siendo lento y sus indicadores sociales rezagados. Para avanzar, es crucial fortalecer la democracia y mantener la apertura económica, evitando el aislacionismo y el populismo fiscal. El sistema democrático, construido con esfuerzo desde los años ochenta, muestra signos de desgaste que requieren atención inmediata. La participación ciudadana, la responsabilidad política y la cooperación entre gobierno, empresas y sociedad civil son fundamentales para consolidar una nación estable, próspera y plenamente integrada en la economía global.
CREDIBILIDAD ELECTORAL
Guatemala ha mantenido elecciones legítimas desde 1985, pero la credibilidad de su sistema electoral está hoy en riesgo. La falta de representatividad, las restricciones a la participación política y la debilidad institucional del TSE amenazan la estabilidad democrática. Reformas estructurales como la elección directa de diputados o la regulación de partidos son inviables en el corto plazo, pero existen cambios urgentes que sí pueden implementarse: redefinir la campaña anticipada, transparentar los aportes ciudadanos y garantizar la libertad de los medios. Sin estas correcciones, las elecciones próximas podrían ser caóticas y desacreditar el proceso democrático. Todavía hay margen para que el Congreso o el TSE actúen con responsabilidad.
DEMOCRACIA EN RIESGO
El Índice de Democracia 2021 clasifica a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.62 puntos, ubicándola en el puesto 99 de 165 países y mostrando un deterioro constante en los últimos 15 años. Aunque el proceso electoral es su categoría más sólida, corre riesgo en 2023 si no se realizan reformas urgentes. El Congreso debe corregir vacíos y confusiones de la Ley Electoral, como la regulación de la campaña anticipada, la definición de proselitismo y el marco de publicidad en medios. También conviene considerar medidas de representatividad, como el voto preferente. Sin estas reformas, la credibilidad democrática estará comprometida.
¿PODREMOS SALIR ADELANTE?
Guatemala enfrenta el desafío de reformar su sistema electoral y de partidos, debilitado y capturado por intereses que bloquean el cambio. La ausencia del Estado en servicios básicos ha generado un vacío de ciudadanía, alimentando la desconfianza hacia las instituciones. Aunque las reformas dependen de una clase política que se beneficia del statu quo, también requieren presión social. El clima de polarización dificulta acuerdos, pero experiencias pasadas muestran que el país puede alcanzar consensos en momentos clave. Sin una agenda mínima compartida, la fragilidad democrática corre el riesgo de convertirse en una amenaza real para el futuro nacional.
REFORMAR EL TSE
El TSE ha perdido credibilidad y confianza por prácticas cuestionables y por concentrar funciones operativas que deberían ser administrativas. Para fortalecerlo, los magistrados deberían enfocarse exclusivamente en la justicia electoral y en la estrategia del sistema de partidos, mientras que la administración recaería en un ente técnico. Además, el TSE podría emular tribunales exitosos de otros países mediante plazos largos, renovación escalonada de magistrados y evaluaciones efectivas de méritos. Reformar este pilar institucional es vital para proteger la democracia guatemalteca, pero su implementación depende de un Congreso que difícilmente percibe beneficios inmediatos, aunque las consecuencias de no actuar serán graves a largo plazo.
NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA
Guatemala obtuvo 5.26 puntos en el Índice de Democracia de The Economist, clasificando como “régimen híbrido” y evidenciando un retroceso frente a la década pasada. Aunque el proceso electoral y las libertades civiles muestran avances, las categorías de funcionamiento del gobierno, cultura política y participación ciudadana revelan serias deficiencias: corrupción, falta de transparencia, partidos débiles, ausencia de propuestas y baja representatividad. Estos problemas minan la confianza ciudadana y debilitan la democracia. Ante esta situación, la reforma a la Ley Electoral es una necesidad estratégica para reforzar las instituciones, garantizar mayor rendición de cuentas y frenar el deterioro democrático.
QUIÉN ELIGE A LOS JUECES
El sistema de comisiones de postulación para elegir magistrados, concebido como un mecanismo para evitar la injerencia política, ha terminado profundizando los vicios que buscaba erradicar. La inclusión de académicos y representantes del Colegio de Abogados, en lugar de garantizar independencia y calidad, derivó en la proliferación de facultades de derecho mediocres y en procesos dominados por intereses espurios y tráfico de influencias. Así, las comisiones se volvieron un terreno fértil para la corrupción, incapaces de producir magistrados probos e independientes. En una democracia sólida, la elección de jueces debe recaer en políticos electos, responsables ante el pueblo mediante los procesos electorales.
FORTALEZAS DE LA ECONOMÍA
El cierre de año y de gobierno ofrece la ocasión para analizar las principales fortalezas de la economía guatemalteca. De acuerdo con calificadoras y organismos internacionales, destacan cinco pilares: estabilidad macroeconómica con bajo déficit fiscal, inflación controlada y crecimiento sostenido; niveles reducidos de deuda pública en torno al 25% del PIB; una posición externa sólida gracias a remesas y reservas internacionales; políticas fiscales y monetarias prudentes respaldadas por la autonomía del Banco Central; y la continuidad de elecciones periódicas que permiten alternancia democrática. El reto de las nuevas autoridades será preservar estas fortalezas, fortalecer la institucionalidad económica y consolidar la credibilidad política.
NUEVA OPORTUNIDAD DE REFORMA ELECTORAL
El Tribunal Supremo Electoral, debilitado tras la pérdida de credibilidad en las últimas elecciones, está obligado por ley a impulsar una nueva reforma del sistema electoral y de partidos políticos. La reforma de 2016 fracasó al carecer de coherencia, dejando un marco legal ambiguo y poco funcional que dificultó regular campañas, propaganda, financiamiento y la inscripción de candidatos. Para evitar repetir esos errores, las propuestas actuales deben enfocarse en superar tres debilidades estructurales: la falta de legitimidad, con partidos y Congreso vistos como las instituciones menos confiables; la escasa representatividad, reflejada en un electorado desvinculado de sus representantes; y la debilidad institucional de un TSE limitado en recursos y procedimientos. Esta nueva oportunidad requiere visión estratégica para no desperdiciarse otra vez.
¿QUÉ HAY DE MALO CON EL TSE?
El reciente colapso del sistema electoral no se debe a fraude en las urnas, sino a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado por fallas estructurales y magistrados sin independencia ni capacidad técnica. Lo que alguna vez fue una de las instituciones más confiables del Estado hoy enfrenta una crisis de credibilidad y prestigio, alimentando la incertidumbre y beneficiando a intereses oscuros, incluido el crimen organizado. La solución no pasa por repetir elecciones ni por simples renuncias, sino por una reforma seria que garantice magistrados independientes y un TSE eficiente. Separar funciones jurisdiccionales de las administrativas permitiría mejorar su desempeño y blindarlo contra presiones políticas y tentaciones de corrupción. Sin estas reformas, la democracia guatemalteca permanecerá en riesgo.
EL FINANCIEMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
El financiamiento de las campañas electorales en Guatemala sigue siendo un problema complejo y de difícil control, pese a las múltiples reformas impulsadas en los últimos años para reducir los riesgos de corrupción y captura del Estado. Aunque se han limitado las donaciones empresariales y restringido la propaganda, estas medidas han generado efectos secundarios no deseados, como un posible incremento del financiamiento proveniente del crimen organizado y un menor entusiasmo ciudadano en los procesos electorales. La discusión sobre si el financiamiento debe provenir exclusivamente de fondos públicos carece de consenso y genera rechazo social, mientras que las reglas existentes resultan insuficientes ante la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral de ejercer una supervisión efectiva. En este contexto, garantizar la transparencia, reducir los tiempos de campaña y fortalecer la independencia y autoridad del TSE se vuelve esencial para que el sistema democrático funcione con mayor legitimidad.
NUBARRONES ELECTORALES 2019
El proceso electoral de 2019 se desarrolló con grandes debilidades heredadas: falta de legitimidad, escasa representatividad y un tribunal electoral debilitado. Las reformas de 2016 no solucionaron estos problemas y, en algunos casos, los profundizaron, al complicar la formación de partidos, debilitar la representatividad y generar ambigüedades legales. Todo ello incrementó la incertidumbre sobre la transparencia, el financiamiento y la credibilidad del proceso electoral.
EL PROBLEMA ES EL SISTEMA POLÍTICO
El respaldo a la democracia en Guatemala ha caído drásticamente, en un entorno marcado por la desconfianza hacia los partidos y el Congreso. Esta erosión institucional favorece el populismo y amenaza el desarrollo económico. Las reformas políticas propuestas no atacan los problemas de fondo y omiten fortalecer al TSE, lo que agrava la desconexión entre representantes y ciudadanos.
EL EJERCICIO DEL PODER LOCAL
El texto analiza el funcionamiento del poder municipal en Guatemala, destacando cómo las alcaldías operan más como espacios clientelares que como instancias de representación democrática. Aunque la descentralización es deseable, la falta de institucionalidad, transparencia y participación real convierte a muchas municipalidades en feudos locales donde se concentran recursos sin rendición de cuentas ni control efectivo.
EL SISTEMA DE PARTIDOS Y LA AUTORIDAD ELECTORAL
La descomposición del sistema electoral y de partidos en Guatemala ha contaminado todas las esferas del Estado, desde la justicia hasta la salud pública. Esta situación exige una reforma profunda, más urgente incluso que las de contrataciones públicas o del servicio civil, ya que son consecuencias del mismo sistema perverso. Se identifican tres prioridades: recuperar la representatividad, democratizar la estructura partidaria y garantizar la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, las reformas propuestas desde el poder buscan mantener el statu quo. El cambio real solo será posible con presión ciudadana y respaldo internacional.