El debate actual sobre el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena en Guatemala puede ser comprendido a través del concepto de pluralismo jurídico: la coexistencia de varios sistemas legales dentro de un mismo Estado. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de países en desarrollo, ya que otros sistemas jurídicos como la lex mercatoria o los códigos eclesiásticos también coexisten con el derecho oficial. En el caso guatemalteco, el derecho indígena ya opera como sistema normativo alternativo, especialmente en áreas donde el Estado no proporciona acceso a justicia. Aunque ya existe reconocimiento jurisprudencial y en tratados internacionales, la reforma constitucional propuesta parece tener más un trasfondo simbólico y político que legal. Aun así, cualquier reconocimiento formal debe ir acompañado de un marco regulatorio que garantice el respeto a los derechos humanos y la coordinación entre sistemas. La Corte Suprema jugaría un rol clave en asegurar estos límites y armonías, más allá de las reformas constitucionales.