GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
EL GASTO PÚBLICO Y SU EFICIENCIA
La actual Ley de Compras y Contrataciones en Guatemala enfrenta dos grandes debilidades: la falta de transparencia y la escasa eficiencia, que resultan en altos costos fiscales y oportunidades para la corrupción. Pese a su vigencia, la norma se aplica poco y mal, debido al uso excesivo de mecanismos de excepción. Las reformas técnicas propuestas apuntan a estandarizar procesos, mejorar la supervisión, fomentar la competencia entre proveedores y diferenciar los tipos de contratación. También se plantea flexibilidad para casos de emergencia. El desafío es político: sin voluntad en el Congreso, estos cambios seguirán postergándose.