¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?
El gasto en remuneraciones representa más del 28% del presupuesto nacional, pero el Estado carece de datos exactos sobre cuántos empleados públicos tiene, en qué renglón se encuentran o en qué instituciones laboran. Esta falta de control convierte la gestión del recurso humano en un caos administrativo y un riesgo financiero latente. Los intentos de censos anteriores resultaron ineficaces y obsoletos. La solución pasa por modernizar los sistemas de registro, imponiendo el uso obligatorio y público de GUATENÓMINAS bajo estándares internacionales. Además, las entidades fiscalizadoras deben exigir datos actualizados sobre salarios y personal. Sin información confiable, el Estado seguirá operando con opacidad e ineficiencia estructural.
EL DESBOCADO COSTO DE LA BUROCRACIA
El gasto en salarios públicos en Guatemala supera el 38% del presupuesto nacional y crece alrededor del 10% anual sin relación con mejoras en el desempeño estatal. La falta de control y transparencia en la planilla gubernamental ha generado una presión fiscal insostenible. En contraste, Costa Rica enfrentó una crisis similar y logró, tras años de debate político y técnico, aprobar la Ley Marco de Empleo Público, que moderniza la gestión laboral, centraliza información, regula pactos colectivos y evalúa la eficiencia administrativa. Su ejemplo demuestra que con voluntad política y rigor legislativo es posible implementar reformas estructurales que garanticen sostenibilidad fiscal y un servicio público más transparente y eficaz.
REFORMAR EL SERVICIO CIVIL
Un foro auspiciado por el G-13 destacó la urgencia de modernizar el sistema de servicio civil en Guatemala, subrayando dos buenas noticias: el diagnóstico y propuestas del Ministerio de Trabajo, y el interés de la comunidad internacional en apoyar la reforma. Se señaló que modificar la Ley del Servicio Civil es necesario, pero insuficiente, ya que la transformación debe abarcar normas, estructuras y prácticas que impulsen una administración pública profesional y eficaz. Los objetivos esenciales incluyen fortalecer la ONSEC, privilegiar el mérito, profesionalizar la carrera administrativa y regular negociaciones colectivas. El desafío mayor recae en el Congreso, llamado a legislar con responsabilidad.