DESEMPLEO, SUBEMPLEO… Y EL INE
Aunque la tasa oficial de desempleo en el país parece baja, el problema real se oculta en el subempleo, que alcanza niveles preocupantes y refleja la informalidad del mercado laboral. Sin datos periódicos y confiables sobre empleo, el gobierno carece de una brújula para diseñar políticas económicas oportunas y efectivas. La Encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) se realiza de manera irregular, lo que impide comparaciones consistentes y limita la capacidad de acción frente a la creciente fuerza laboral. Dotar al INE de autonomía funcional y financiera permitiría contar con estadísticas sólidas, como en los países avanzados, mejorando la calidad de la planificación económica y la toma de decisiones públicas.
LA POBREZA EN LAS ESTADÍSTICAS
Las cifras de pobreza en Guatemala varían significativamente dependiendo de la metodología utilizada: la CEPAL estima un 70.5% de pobreza multidimensional, mientras que el INE reporta un 59.3% basado en ingresos. Esta divergencia evidencia la necesidad de estadísticas sólidas, actualizadas y libres de presión política para formular políticas públicas eficaces. La aprobación de la iniciativa de Ley 5329, que busca fortalecer la independencia del INE, es clave para avanzar en esa dirección.
EL INE Y LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL
El Instituto Nacional de Estadística enfrenta una grave crisis de confianza por su gestión deficiente en la actualización de la canasta básica y el cálculo del índice de precios al consumidor. La crítica no se centra en una supuesta manipulación política, sino en su debilidad estructural y su falta de autonomía, lo que compromete la calidad y transparencia de sus estadísticas.
EL CENSO, LOS PRECIOS Y EL INE
El próximo censo de población, programado para 2018, y el cuestionado Índice de Precios al Consumidor reflejan la necesidad urgente de fortalecer la integridad del Instituto Nacional de Estadística. La confiabilidad de estos datos impacta decisiones clave en áreas como política fiscal, distribución electoral y programas sociales. Sin embargo, la estructura institucional del INE, dividida entre una Junta Directiva y un Gerente designado por el Presidente, debilita su independencia. Reformar la ley para que la Junta tenga plena autoridad sobre la gerencia permitiría blindar al INE de interferencias políticas y asegurar estadísticas veraces que sirvan al interés público.