FALTA CREAR OPORTUNIDADES
Guatemala figura entre los países menos atractivos de Latinoamérica para la inversión, según el Índice Global de Oportunidades del Milken Institute, donde ocupa el puesto 97 a nivel mundial y 11 regional. Aunque se destaca en estándares internacionales, muestra debilidades graves en servicios financieros, fundamentos económicos, marco institucional y, especialmente, percepción de negocios, donde figura entre los últimos lugares. Estos resultados evidencian que no basta con promover sectores estratégicos ni con resaltar ventajas naturales o estabilidad macroeconómica: la clave está en fortalecer el estado de derecho, garantizar certeza jurídica, combatir la corrupción y construir instituciones confiables que generen confianza.
CERTEZA JURÍDICA, INSTITUCIONES Y CRECIMIENTO
La certeza jurídica es clave para la eficiencia económica, la inversión y el crecimiento, ya que un entorno legal predecible genera confianza en el mercado. Sin embargo, en Guatemala, esta certeza está comprometida por la debilidad de las instituciones: un sistema de justicia ineficiente, un servicio civil débil y un sistema electoral limitado. Fortalecer las instituciones es indispensable para garantizar derechos de propiedad, eficiencia fiscal y equidad económica. Aunque la reforma institucional es compleja y lenta, la actual crisis puede actuar como catalizador, ofreciendo la oportunidad de implementar propuestas técnicas que conduzcan a un Estado de derecho sólido y una economía más próspera.
SECTOR JUSTICIA: MEDICINA Y VACUNA
La justicia guatemalteca atraviesa una crisis estructural marcada por corrupción, parcialidad y falta de independencia judicial. Más que la politización en la elección de magistrados, el problema radica en un débil diseño institucional que facilita su captura por intereses espurios. Las soluciones propuestas se asemejan a un medicamento y una vacuna: escalonar la elección de magistrados para evitar cuotas de poder y prolongar los mandatos a 15 años o más, fortaleciendo su independencia frente a quienes los nombran. Aunque la reforma constitucional planteada incluye avances, su aprobación debe ser técnica, pausada y acompañada de consenso social para garantizar legitimidad y eficacia.
CAMBIAR EL FOCO DEL DEBATE
El país atraviesa una peligrosa polarización entre quienes apoyan o rechazan la continuidad de la CICIG, con actores diversos y motivaciones dispares en ambos bandos. Esta confrontación, alimentada por campañas de desinformación, está erosionando la gobernabilidad y afectando la confianza económica. Urge que las élites abandonen el enfrentamiento y trabajen en una agenda mínima que fortalezca el Estado de Derecho y aborde consensuadamente los principales problemas estructurales del país: corrupción, justicia, partidos políticos, servicio civil y prioridades sociales.
LA DIFÍCIL TRANSICIÓN
La transición guatemalteca hacia un Estado de Derecho se enfrenta a décadas de costumbres ciudadanas moldeadas por la ausencia del Estado y la debilidad institucional. La lucha contra la corrupción ha revelado que las prácticas ilegales no son excepciones, sino parte del sistema. La aplicación estricta de la ley está desbordando tanto a los ciudadanos como a las autoridades y al sistema de justicia. Para evitar una crisis de gobernabilidad, se requieren medidas transitorias que suavicen el impacto, pero sobre todo reformas profundas que fortalezcan al Estado y hagan sostenible el cambio.
LA REFORMA DEL SECTOR JUSTICIA
La reforma del sistema de justicia en Guatemala es una necesidad impostergable ante su fragilidad institucional y su impacto negativo en el desarrollo económico y social. Aunque forma parte de una agenda más amplia que incluye educación, salud y lucha contra la corrupción, es la única transformación que avanza con respaldo político. Existen puntos de debate sobre el alcance de los cambios y si deben implicar una reforma constitucional. Sin embargo, la elección de magistrados, la carrera judicial o la estructura del Ministerio Público requieren modificaciones profundas que garanticen independencia y eficiencia en el sistema.
LA LÓGICA DE LA REFORMA
La propuesta de reforma al sistema de justicia, impulsada por los presidentes de los tres poderes del Estado, busca garantizar la independencia judicial y mejorar la eficiencia del sistema. Detrás de ella hay una lógica que aspira a evitar el colapso institucional del país mediante un proceso de modernización gradual con respaldo nacional e internacional.
INSEGURIDAD Y SUBDESARROLLO
El nuevo informe del PNUD advierte que el crecimiento económico en América Latina no ha generado desarrollo humano debido a la inseguridad ciudadana, impulsada por la desigualdad, la urbanización caótica, la debilidad institucional y la violencia criminal. Las políticas represivas han fracasado, y el informe propone un enfoque integral basado en prevención, justicia accesible, educación en valores y estrategias comunitarias. En Guatemala, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida, sino que limita el ejercicio de derechos fundamentales y el desarrollo económico. La prioridad del Estado debe ser garantizar la inmunidad personal como base del progreso.
INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
El desarrollo de un país requiere más que políticas públicas e inversión: exige instituciones sólidas y funcionales. A través de leyes, normas y prácticas sociales, las instituciones aseguran la protección de derechos, la rendición de cuentas, la regulación de mercados y la estabilidad democrática. Estudios demuestran que fortalecer la institucionalidad puede elevar significativamente el crecimiento económico, como sería el caso de Guatemala si alcanzara estándares similares a los de Chile. Reformar y consolidar estas estructuras es un proceso de largo plazo que debe empezar por mejorar marcos legales clave y garantizar su cumplimiento. Ignorar esta necesidad es comprometer el futuro del país.