EL PRECIO DE LAS “BUENAS INTENCIONES”
La iniciativa 6614 busca proteger a los deudores frente a prácticas abusivas, pero recurre a instrumentos que pueden producir el efecto contrario. Fijar por ley un precio máximo al crédito no elimina el riesgo: puede restringir la oferta, excluir a los prestatarios más vulnerables y estimular el financiamiento informal. El Estado debe sancionar el hostigamiento y los cobros ilegales, pero mediante reglas claras y mecanismos eficaces, no sustituyendo arbitrariamente las señales del mercado. Regular bien exige bisturí, no machete.
CIBERSEGURIDAD: NI CERROJO NI COLADERO
En esta columna analizo la discusión que tiene lugar en el Congreso y sostengo que el desafío no consiste simplemente en aprobar una ley, sino en construir una institucionalidad técnica y robusta, aprovechar las capacidades sectoriales existentes e integrar la ciberseguridad dentro de un ecosistema que incluya protección de datos, infraestructuras críticas y combate a la ciberdelincuencia.
En una materia tan compleja, legislar con prudencia no significa postergar: significa procurar que las reglas funcionen.
EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO
La inseguridad, la corrupción y la impunidad deterioran el Estado de derecho en Guatemala, encareciendo los costos operativos para empresas e individuos, frenando la inversión y debilitando la economía. La violencia afecta directamente el crecimiento al desincentivar la generación de empleo, desviar recursos públicos y fomentar la informalidad. Transformar esta realidad exige romper el círculo vicioso de la inseguridad mediante un sistema integrado de prevención, acción y fortalecimiento institucional. Sin seguridad jurídica, no hay desarrollo ni democracia sólida.