LA CONTRALORÍA Y LA CALIDAD DEL GASTO
El reciente proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas estuvo plagado de dudas que debilitan la credibilidad de una institución esencial para controlar la gestión pública. La Contraloría debería ser la primera línea de defensa contra la corrupción mediante la fiscalización preventiva del gasto y la gestión administrativa, pero en Guatemala rara vez ha cumplido ese rol, obligando a que la lucha contra la corrupción se realice principalmente por la vía penal. Para revertir esta situación es necesario reformar y fortalecer a la Contraloría, ampliar su mandato, garantizar la independencia y calidad de sus autoridades, mejorar procesos de auditoría y coordinación con el Congreso y las Unidades de Auditoría Interna. Solo así la fiscalización se convertirá en un mecanismo efectivo de prevención, dejando la persecución penal como último recurso, y evitando la dependencia de organismos externos para combatir la corrupción.
LA CONTRALORÍA EN SU LABERINTO
La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha demostrado falta de responsabilidad en la fiscalización de obras públicas, fideicomisos y fondos estatales, contribuyendo a problemas como la “deuda de arrastre”. Frente a ello, un dictamen legislativo propone reformas que fortalecen sus atribuciones, autonomía, profesionalización y transparencia, obligando a la CGC a ejercer un control más riguroso y público. La oposición de la contralora a estas reformas parece estar ligada a la pérdida de discrecionalidad en la gestión de multas y recursos internos. Pese a ciertas áreas perfectibles, las reformas son necesarias para combatir la corrupción y fortalecer el sistema democrático.