NO HAY GASTO MÁGICO SIN INSTITUCIONES FUERTES
Incrementar el gasto público en infraestructura no garantiza desarrollo si el aparato estatal sigue atrapado en corrupción, falta de capacidad y temor a la justicia politizada. En esta columna publicada en Prensa Libre reflexiono sobre los riesgos de los “atajos” y las salidas pragmáticas que Guatemala puede explorar.
LOS AGUJEROS DEL PRESUPUESTO 2019
El proyecto de presupuesto 2019 contenía incrementos injustificados y rubros opacos que afectan la eficiencia y la transparencia del gasto público. Mientras se pide austeridad a algunas entidades como el Ministerio Público o el INE, se destinan aumentos significativos a municipalidades, Consejos de Desarrollo y fondos poco controlados, generando inequidad en el ajuste. Es fundamental que el Congreso corrija estas inconsistencias, asegure la rendición de cuentas y establezca indicadores claros de impacto para garantizar que los recursos públicos contribuyan efectivamente al desarrollo del país.
EMPLEADOS PÚBLICOS: UN AGUJERO NEGRO
El gasto en salarios del sector público aumentó un 80% entre 2009 y 2013, superando con creces el crecimiento de los ingresos tributarios y absorbiendo ya más del 37% del presupuesto nacional. La falta de control sobre la cantidad de empleados públicos, la suscripción indiscriminada de pactos colectivos y el uso político de plazas estatales han distorsionado el sistema de servicio civil y debilitado las finanzas públicas. La ausencia de un censo actualizado impide conocer el verdadero costo de la planilla estatal, lo que convierte este rubro en un gasto insostenible que amenaza con seguir creciendo sin control.
ASÍ NO AGUANTA EL PRESUPUESTO
Las recientes demandas de aumentos presupuestarios de maestros, médicos y universidades ponen al fisco en una situación insostenible debido a la rigidez del presupuesto y los compromisos salariales existentes. La solución requiere reformas profundas en asignaciones constitucionales, políticas salariales integrales y sistemas de control del gasto. A corto plazo, los incrementos solo deberían concederse condicionados a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño, garantizando transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
INCERTIDUMBRE SOBRE EL PRESUPUESTO
El presupuesto estatal es clave para establecer prioridades de política pública y garantizar un uso transparente de los recursos. Sin su aprobación, se generarían efectos negativos como la pérdida de certeza jurídica, opacidad en el gasto, debilitamiento institucional y afectación a la economía. Aunque el dictamen legislativo contiene mejoras, aún quedan vicios que deben corregirse. La responsabilidad recae tanto en el oficialismo como en la oposición, que deben actuar con sensatez para evitar mayores daños al país.
LAS LENTAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Aunque hay un estancamiento alarmante en la ejecución del gasto en compras e inversión pública, este no es atribuible a las reformas legales, sino al clima de cautela extrema generado tras los escándalos de corrupción iniciados en 2015. El temor de los funcionarios a incurrir en irregularidades, unido a una fiscalización estricta, ha derivado en parálisis. Relajar las normas sería un retroceso; lo necesario es fortalecer las capacidades técnicas y la institucionalidad con base en estándares internacionales, como los que ofrecen organismos como el Banco Mundial o la OCDE.
MÁS ALLÁ DEL PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto del Estado 2017 en Guatemala refleja graves problemas estructurales, como la rigidez del gasto, el uso indebido del endeudamiento para gastos corrientes y la baja inversión en infraestructura. Sin embargo, rechazar su aprobación solo agravaría la crisis de gobernabilidad. Se necesita un diálogo fiscal serio para abordar las raíces del problema: mejorar ingresos, priorizar inversiones y aumentar la transparencia.
¿SE CIERRA LA VENTANA?
Un año después de la caída de Otto Pérez Molina, Guatemala enfrenta el riesgo de perder la oportunidad histórica de reformar sus instituciones. Aunque se han dado avances en persecución penal y evasión fiscal, el gasto público sigue siendo ineficiente y vulnerable a la corrupción. Es urgente un diálogo nacional que defina prioridades, garantice una reforma fiscal integral y refuerce la legitimidad del presupuesto y otros cambios estructurales en sectores clave como justicia, salud y administración tributaria.
IMPUESTOS: REFORMA INTEGRAL O PARCHE
Resumen profesional:
Guatemala posee uno de los aparatos estatales más pequeños del mundo en relación con el tamaño de su economía, lo que repercute en una provisión históricamente deficiente de servicios públicos. Ante la necesidad de fortalecer al Estado, la vía más sostenible es una reforma fiscal integral, pero las recientes propuestas del gobierno resultan tímidas y parciales. Pese a una coyuntura favorable —con presión ciudadana, apertura empresarial y respaldo internacional—, la falta de ambición amenaza con repetir errores del pasado. Una reforma gradual, pactada y estructural aún sería posible, si se priorizan medidas anticorrupción, racionalización del gasto y fortalecimiento institucional. De lo contrario, el país volverá a desperdiciar una oportunidad histórica.
LA EXCUSA DE LA PARÁLISIS DEL GASTO
La baja ejecución del gasto en 2016 se explica por la inexperiencia del nuevo gobierno, el temor tras la ofensiva anticorrupción y los ajustes que exige la nueva Ley de Contrataciones. Aunque hay presiones por revertir estas reformas alegando lentitud, el verdadero problema radica en la incapacidad de implementación y en resistencias internas que buscan preservar viejas prácticas.
QUÉ MENSAJE DEJÓ EL FMI
Durante su más reciente visita, el FMI reconoció la estabilidad económica de Guatemala, pero subrayó que el progreso social es limitado debido al bajo nivel de ingresos fiscales y a deficiencias estructurales como la baja inversión en capital humano, la inseguridad y la corrupción. Recomendó una reforma fiscal profunda, mejores políticas públicas y tolerancia a un déficit moderado como vía para mejorar el bienestar.
DEPURAR EL GASTO PÚBLICO
Guatemala enfrenta un serio problema de debilidad estatal debido al bajo nivel de recaudación tributaria y a un gasto público disperso e ineficiente. Combatir la corrupción y definir prioridades claras son pasos esenciales para romper el círculo vicioso que impide el desarrollo.
AÑO ELECTORAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA
Aunque en muchos países los años electorales desequilibran la economía, en Guatemala han sido relativamente estables desde 1999. A excepción de 1999 y 2007, las variables macro han mostrado resiliencia, con leves alteraciones en el tipo de cambio y el crédito privado. El gran riesgo sigue siendo el gasto público electoral, especialmente cuando se acelera en los meses previos a las elecciones.
NIHILISMO MORAL EN LA POLÍTICA
La suspensión provisional de partes del presupuesto estatal de 2015 por parte de la Corte de Constitucionalidad representa un alivio frente al riesgo de opacidad y corrupción. Aunque la medida aún no es definitiva, es un respiro para quienes defienden una política guiada por principios éticos. El caso evidencia cómo la práctica política ha derivado en un cinismo institucionalizado, donde el poder se ejerce sin compromiso moral ni ideológico. Frente a esta degradación, se plantea con urgencia la necesidad de recuperar la ética como pilar de la democracia.
LA VERDADERA REFORMA FISCAL
El presupuesto aprobado para 2015 evidencia que la solución a los problemas fiscales de Guatemala no está en seguir reformando los impuestos, sino en reordenar de raíz el gasto público. Programas clientelares, subsidios insostenibles y gastos opacos socavan la eficiencia del Estado. Una reforma fiscal verdadera debe priorizar sectores clave como salud, educación, infraestructura y justicia, combatiendo al mismo tiempo el despilfarro y la corrupción a través de instituciones más fuertes y transparentes.
INCERTIDUMBRE PRESUPUESTARIA
La falta de aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para 2014 plantea una serie de desafíos financieros, administrativos y jurídicos. Esta omisión impide la ejecución de nuevas políticas, compromete ajustes salariales y debilita la credibilidad ante acreedores internacionales. Además, incrementa la opacidad en el gasto y complica el control del déficit fiscal, generando un escenario de inestabilidad económica e institucional.
EL DESAFÍO DEL PRESUPUESTO
El proyecto de presupuesto para 2014 arrastra las mismas debilidades estructurales de años anteriores: ingresos tributarios sobreestimados, gastos de funcionamiento desproporcionados y extrema rigidez en la asignación del gasto. Esta situación está llevando a un creciente endeudamiento que amenaza la sostenibilidad fiscal del país. Urge adoptar reformas para reducir el gasto corriente, fiscalizar plenamente el uso de fondos públicos, especialmente a nivel municipal y descentralizado, y mejorar las normas presupuestarias. Aunque se requieren ajustes, se recomienda aprobar el nuevo presupuesto para evitar un vacío jurídico y garantizar gobernabilidad.
CORRUPCIÓN: MONUMENTAL DESAFÍO
Una reunión entre el G-40 y el Superintendente de Administración Tributaria revela que los problemas fiscales de Guatemala no se resuelven solo recaudando más, sino mejorando la calidad del gasto y la ética pública. El texto denuncia cómo conductas ilegales —como el nepotismo, el abuso del cargo, la evasión fiscal y el endeudamiento irresponsable— se han vuelto prácticas “normales” tanto para políticos como para ciudadanos. El artículo exige un cambio estructural en la cultura cívica y política del país, basado en el cumplimiento de la ley, la educación, la rendición de cuentas y una participación democrática más activa.
BONOS: CONSECUENCIAS NEGATIVAS
La intención del gobierno de emitir bonos para cubrir la llamada deuda flotante requiere un análisis riguroso debido a su origen irregular: compromisos adquiridos sin respaldo presupuestario ni aprobación del Congreso. Esta medida puede minar la credibilidad institucional, la moral tributaria y aumentar el déficit fiscal. Para evitar efectos negativos macroeconómicos, se demanda la publicación de la auditoría externa contratada en 2011, la identificación de acreedores legítimos y la búsqueda de mecanismos de pago responsables. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado fortalecer controles y sanciones para evitar que se repita esta práctica, lo cual exige una reforma urgente a la Ley Orgánica del Presupuesto.
SORPRESAS DEL PRESUPUESTO 2013
El Congreso aprobó de forma sorpresiva y acelerada el presupuesto estatal para 2013, marcando un récord en tiempo y anticipación, pero alterando sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo. Aunque las cifras macroeconómicas del presupuesto no son en sí alarmantes, las modificaciones introducidas aumentaron el déficit fiscal autorizado a 2.5% del PIB, alejando al país del nivel considerado saludable por la comunidad financiera. La inclusión de gasto clientelar, obras sin justificación técnica, uso indebido de deuda flotante y sobreestimación de ingresos generan una preocupante fuente de incertidumbre fiscal. El Ejecutivo aún puede corregir el rumbo con una ejecución responsable que priorice la sostenibilidad financiera.