NO HAY GASTO MÁGICO SIN INSTITUCIONES FUERTES
Incrementar el gasto público en infraestructura no garantiza desarrollo si el aparato estatal sigue atrapado en corrupción, falta de capacidad y temor a la justicia politizada. En esta columna publicada en Prensa Libre reflexiono sobre los riesgos de los “atajos” y las salidas pragmáticas que Guatemala puede explorar.
PRESUPUESTO IMPRUDENTE
El Congreso aprobó un presupuesto para 2023 de Q117.7 millardos, inflado por aumentos y ampliaciones no técnicas que elevarán el déficit fiscal a Q22.2 millardos, equivalente al 2.9% del PIB. Los recursos adicionales se destinarán a gastos improductivos, agravando el endeudamiento y comprometiendo la estabilidad económica. Esta expansión deficitaria contradice la prudencia que exige el contexto inflacionario global y amenaza la reputación macroeconómica del país. Más que mala fe, la decisión revela una profunda ignorancia en materia de economía y política fiscal dentro del Congreso, reflejo de una “edad de la ignorancia” donde el desprecio al conocimiento técnico se impone sobre la responsabilidad económica.
REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE
El uso de fondos públicos con fines políticos ha generado serias presiones fiscales en Guatemala. Bonos, subsidios y leyes como la de veteranos —que costará Q9.6 millardos en tres años— ejemplifican una práctica recurrente que pone en peligro la estabilidad macroeconómica. Aunque presentadas como políticas sociales, estas medidas suelen ser improvisadas y electoralistas, sin análisis técnico ni sostenibilidad. Para evitar repetir errores y proteger las finanzas públicas, se requiere crear una instancia técnica en el Congreso que evalúe el impacto fiscal y macroeconómico de toda iniciativa que implique gasto estatal. Sin una regulación responsable, el país se arriesga a futuras crisis o a mayores impuestos.
REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE
La costumbre de usar fondos públicos para fines electoreros ha generado graves consecuencias fiscales en Guatemala. Subsidios, bonos y transferencias —como la reciente ley de veteranos, que costará Q9.6 millardos en tres años— ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Estas medidas, presentadas como apoyo social, aumentan el gasto sin respaldo técnico ni sostenibilidad, repitiendo patrones que solo benefician a corto plazo. Se necesitan mecanismos institucionales dentro del Congreso que analicen el impacto fiscal de cada iniciativa que use recursos públicos, tal como ocurre en otros países. Sin una gestión ordenada y técnica, estas políticas populistas pueden conducir a crisis fiscales inevitables.
¿GASTAR MÁS O GASTAR MEJOR?
El Congreso impulsa una nueva Ley de Adquisiciones del Estado con un proceso acelerado que amenaza con debilitar los mecanismos de transparencia. Aunque las reformas buscan mayor agilidad en las contrataciones públicas, también eliminan controles clave como los certificados de disponibilidad presupuestaria y amplían las excepciones para compras directas municipales. Esta tendencia, sumada al incremento del gasto destinado a alcaldías y Consejos de Desarrollo, plantea riesgos de corrupción y uso ineficiente de los recursos. Aprobar una ley tan trascendental sin el debate técnico y ciudadano adecuado podría generar más opacidad que eficiencia. La urgencia política no debe sustituir la responsabilidad legislativa.
REFRENAR EL GASTO PÚBLICO
La aprobación reciente de leyes de gasto incrementa el déficit fiscal de Guatemala a niveles preocupantes, superando el 3% del PIB, lo que amenaza la sostenibilidad y estabilidad económica. La tendencia global y local a gastar sin control, exacerbada tras la pandemia, requiere de mecanismos de autocontrol legislativos, como reglas de responsabilidad fiscal que limiten el déficit, el gasto corriente y aseguren superávit en la cuenta corriente. Estas reglas, implementadas correctamente, han demostrado reducir la probabilidad de crisis fiscales y la prociclicalidad del gasto, sin afectar la inversión pública. Su adopción sería una muestra de madurez política y visión de Estado.
GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
ENORME RETROCESO
El Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones que elevan drásticamente los montos permitidos para compras sin licitación: de Q25 mil a Q75 mil en adquisiciones de baja cuantía y de Q90 mil a Q175 mil en compras directas. Estos incrementos, muy por encima de la inflación acumulada, carecen de sustento técnico y debilitan gravemente los controles de calidad y transparencia. Con la nueva normativa, más del 90% de adquisiciones municipales quedarán fuera de mecanismos de competencia y fiscalización. Las verdaderas causas de ineficiencia radican en la mala planificación, el débil servicio civil y la ineficaz supervisión de la Contraloría.
¿QUÉ PASÓ CON EL PRESUPUESTO?
El presupuesto de Q107 millardos heredado de 2020 genera incertidumbre y riesgo fiscal, pues no responde a la realidad actual ni a la capacidad de financiamiento del Estado. Sin readecuación, se afectan la inversión y el consumo, se retrasa la generación de empleo y se eleva la desconfianza de organismos internacionales, limitando el acceso a crédito favorable. Urge reducir el techo presupuestario, eliminar gastos superfluos y deducir recursos extraordinarios ya agotados. También es esencial comprometerse a bajar gradualmente el déficit fiscal al 2% del PIB, asegurando estabilidad, confianza en los mercados y sostenibilidad para la recuperación económica.
LAS TRES OPCIONES DEL CONGRESO
El proyecto de presupuesto 2021 del Ejecutivo mantiene un déficit fiscal elevado y un techo de gasto que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. El Congreso tiene tres opciones: no aprobarlo, aprobarlo sin cambios, o introducir enmiendas para corregir debilidades. La mejor opción es ajustar los gastos de funcionamiento, limitar el uso de deuda para gasto corriente, proteger recursos para infraestructura, generar información sobre la plantilla pública y fortalecer la rendición de cuentas. Solo así se podrá garantizar un presupuesto responsable, preservar la reputación financiera de Guatemala y asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
NO ES (SOLO) LA LEY DE CONTRATACIONES
Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.
LOS AGUJEROS DEL PRESUPUESTO 2019
El proyecto de presupuesto 2019 contenía incrementos injustificados y rubros opacos que afectan la eficiencia y la transparencia del gasto público. Mientras se pide austeridad a algunas entidades como el Ministerio Público o el INE, se destinan aumentos significativos a municipalidades, Consejos de Desarrollo y fondos poco controlados, generando inequidad en el ajuste. Es fundamental que el Congreso corrija estas inconsistencias, asegure la rendición de cuentas y establezca indicadores claros de impacto para garantizar que los recursos públicos contribuyan efectivamente al desarrollo del país.
EMPLEADOS PÚBLICOS: UN AGUJERO NEGRO
El gasto en salarios del sector público aumentó un 80% entre 2009 y 2013, superando con creces el crecimiento de los ingresos tributarios y absorbiendo ya más del 37% del presupuesto nacional. La falta de control sobre la cantidad de empleados públicos, la suscripción indiscriminada de pactos colectivos y el uso político de plazas estatales han distorsionado el sistema de servicio civil y debilitado las finanzas públicas. La ausencia de un censo actualizado impide conocer el verdadero costo de la planilla estatal, lo que convierte este rubro en un gasto insostenible que amenaza con seguir creciendo sin control.
ASÍ NO AGUANTA EL PRESUPUESTO
Las recientes demandas de aumentos presupuestarios de maestros, médicos y universidades ponen al fisco en una situación insostenible debido a la rigidez del presupuesto y los compromisos salariales existentes. La solución requiere reformas profundas en asignaciones constitucionales, políticas salariales integrales y sistemas de control del gasto. A corto plazo, los incrementos solo deberían concederse condicionados a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño, garantizando transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
INCERTIDUMBRE SOBRE EL PRESUPUESTO
El presupuesto estatal es clave para establecer prioridades de política pública y garantizar un uso transparente de los recursos. Sin su aprobación, se generarían efectos negativos como la pérdida de certeza jurídica, opacidad en el gasto, debilitamiento institucional y afectación a la economía. Aunque el dictamen legislativo contiene mejoras, aún quedan vicios que deben corregirse. La responsabilidad recae tanto en el oficialismo como en la oposición, que deben actuar con sensatez para evitar mayores daños al país.
LAS LENTAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Aunque hay un estancamiento alarmante en la ejecución del gasto en compras e inversión pública, este no es atribuible a las reformas legales, sino al clima de cautela extrema generado tras los escándalos de corrupción iniciados en 2015. El temor de los funcionarios a incurrir en irregularidades, unido a una fiscalización estricta, ha derivado en parálisis. Relajar las normas sería un retroceso; lo necesario es fortalecer las capacidades técnicas y la institucionalidad con base en estándares internacionales, como los que ofrecen organismos como el Banco Mundial o la OCDE.
MÁS ALLÁ DEL PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto del Estado 2017 en Guatemala refleja graves problemas estructurales, como la rigidez del gasto, el uso indebido del endeudamiento para gastos corrientes y la baja inversión en infraestructura. Sin embargo, rechazar su aprobación solo agravaría la crisis de gobernabilidad. Se necesita un diálogo fiscal serio para abordar las raíces del problema: mejorar ingresos, priorizar inversiones y aumentar la transparencia.
¿SE CIERRA LA VENTANA?
Un año después de la caída de Otto Pérez Molina, Guatemala enfrenta el riesgo de perder la oportunidad histórica de reformar sus instituciones. Aunque se han dado avances en persecución penal y evasión fiscal, el gasto público sigue siendo ineficiente y vulnerable a la corrupción. Es urgente un diálogo nacional que defina prioridades, garantice una reforma fiscal integral y refuerce la legitimidad del presupuesto y otros cambios estructurales en sectores clave como justicia, salud y administración tributaria.
IMPUESTOS: REFORMA INTEGRAL O PARCHE
Resumen profesional:
Guatemala posee uno de los aparatos estatales más pequeños del mundo en relación con el tamaño de su economía, lo que repercute en una provisión históricamente deficiente de servicios públicos. Ante la necesidad de fortalecer al Estado, la vía más sostenible es una reforma fiscal integral, pero las recientes propuestas del gobierno resultan tímidas y parciales. Pese a una coyuntura favorable —con presión ciudadana, apertura empresarial y respaldo internacional—, la falta de ambición amenaza con repetir errores del pasado. Una reforma gradual, pactada y estructural aún sería posible, si se priorizan medidas anticorrupción, racionalización del gasto y fortalecimiento institucional. De lo contrario, el país volverá a desperdiciar una oportunidad histórica.
LA EXCUSA DE LA PARÁLISIS DEL GASTO
La baja ejecución del gasto en 2016 se explica por la inexperiencia del nuevo gobierno, el temor tras la ofensiva anticorrupción y los ajustes que exige la nueva Ley de Contrataciones. Aunque hay presiones por revertir estas reformas alegando lentitud, el verdadero problema radica en la incapacidad de implementación y en resistencias internas que buscan preservar viejas prácticas.