NO HAY GASTO MÁGICO SIN INSTITUCIONES FUERTES
Incrementar el gasto público en infraestructura no garantiza desarrollo si el aparato estatal sigue atrapado en corrupción, falta de capacidad y temor a la justicia politizada. En esta columna publicada en Prensa Libre reflexiono sobre los riesgos de los “atajos” y las salidas pragmáticas que Guatemala puede explorar.
REFRENAR EL GASTO PÚBLICO
La aprobación reciente de leyes de gasto incrementa el déficit fiscal de Guatemala a niveles preocupantes, superando el 3% del PIB, lo que amenaza la sostenibilidad y estabilidad económica. La tendencia global y local a gastar sin control, exacerbada tras la pandemia, requiere de mecanismos de autocontrol legislativos, como reglas de responsabilidad fiscal que limiten el déficit, el gasto corriente y aseguren superávit en la cuenta corriente. Estas reglas, implementadas correctamente, han demostrado reducir la probabilidad de crisis fiscales y la prociclicalidad del gasto, sin afectar la inversión pública. Su adopción sería una muestra de madurez política y visión de Estado.
GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
ENORME RETROCESO
El Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones que elevan drásticamente los montos permitidos para compras sin licitación: de Q25 mil a Q75 mil en adquisiciones de baja cuantía y de Q90 mil a Q175 mil en compras directas. Estos incrementos, muy por encima de la inflación acumulada, carecen de sustento técnico y debilitan gravemente los controles de calidad y transparencia. Con la nueva normativa, más del 90% de adquisiciones municipales quedarán fuera de mecanismos de competencia y fiscalización. Las verdaderas causas de ineficiencia radican en la mala planificación, el débil servicio civil y la ineficaz supervisión de la Contraloría.
¿QUÉ PASÓ CON EL PRESUPUESTO?
El presupuesto de Q107 millardos heredado de 2020 genera incertidumbre y riesgo fiscal, pues no responde a la realidad actual ni a la capacidad de financiamiento del Estado. Sin readecuación, se afectan la inversión y el consumo, se retrasa la generación de empleo y se eleva la desconfianza de organismos internacionales, limitando el acceso a crédito favorable. Urge reducir el techo presupuestario, eliminar gastos superfluos y deducir recursos extraordinarios ya agotados. También es esencial comprometerse a bajar gradualmente el déficit fiscal al 2% del PIB, asegurando estabilidad, confianza en los mercados y sostenibilidad para la recuperación económica.
LAS TRES OPCIONES DEL CONGRESO
El proyecto de presupuesto 2021 del Ejecutivo mantiene un déficit fiscal elevado y un techo de gasto que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. El Congreso tiene tres opciones: no aprobarlo, aprobarlo sin cambios, o introducir enmiendas para corregir debilidades. La mejor opción es ajustar los gastos de funcionamiento, limitar el uso de deuda para gasto corriente, proteger recursos para infraestructura, generar información sobre la plantilla pública y fortalecer la rendición de cuentas. Solo así se podrá garantizar un presupuesto responsable, preservar la reputación financiera de Guatemala y asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
NO ES (SOLO) LA LEY DE CONTRATACIONES
Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.
LOS AGUJEROS DEL PRESUPUESTO 2019
El proyecto de presupuesto 2019 contenía incrementos injustificados y rubros opacos que afectan la eficiencia y la transparencia del gasto público. Mientras se pide austeridad a algunas entidades como el Ministerio Público o el INE, se destinan aumentos significativos a municipalidades, Consejos de Desarrollo y fondos poco controlados, generando inequidad en el ajuste. Es fundamental que el Congreso corrija estas inconsistencias, asegure la rendición de cuentas y establezca indicadores claros de impacto para garantizar que los recursos públicos contribuyan efectivamente al desarrollo del país.
EMPLEADOS PÚBLICOS: UN AGUJERO NEGRO
El gasto en salarios del sector público aumentó un 80% entre 2009 y 2013, superando con creces el crecimiento de los ingresos tributarios y absorbiendo ya más del 37% del presupuesto nacional. La falta de control sobre la cantidad de empleados públicos, la suscripción indiscriminada de pactos colectivos y el uso político de plazas estatales han distorsionado el sistema de servicio civil y debilitado las finanzas públicas. La ausencia de un censo actualizado impide conocer el verdadero costo de la planilla estatal, lo que convierte este rubro en un gasto insostenible que amenaza con seguir creciendo sin control.
ASÍ NO AGUANTA EL PRESUPUESTO
Las recientes demandas de aumentos presupuestarios de maestros, médicos y universidades ponen al fisco en una situación insostenible debido a la rigidez del presupuesto y los compromisos salariales existentes. La solución requiere reformas profundas en asignaciones constitucionales, políticas salariales integrales y sistemas de control del gasto. A corto plazo, los incrementos solo deberían concederse condicionados a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño, garantizando transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
INCERTIDUMBRE SOBRE EL PRESUPUESTO
El presupuesto estatal es clave para establecer prioridades de política pública y garantizar un uso transparente de los recursos. Sin su aprobación, se generarían efectos negativos como la pérdida de certeza jurídica, opacidad en el gasto, debilitamiento institucional y afectación a la economía. Aunque el dictamen legislativo contiene mejoras, aún quedan vicios que deben corregirse. La responsabilidad recae tanto en el oficialismo como en la oposición, que deben actuar con sensatez para evitar mayores daños al país.
LAS LENTAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Aunque hay un estancamiento alarmante en la ejecución del gasto en compras e inversión pública, este no es atribuible a las reformas legales, sino al clima de cautela extrema generado tras los escándalos de corrupción iniciados en 2015. El temor de los funcionarios a incurrir en irregularidades, unido a una fiscalización estricta, ha derivado en parálisis. Relajar las normas sería un retroceso; lo necesario es fortalecer las capacidades técnicas y la institucionalidad con base en estándares internacionales, como los que ofrecen organismos como el Banco Mundial o la OCDE.
MÁS ALLÁ DEL PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto del Estado 2017 en Guatemala refleja graves problemas estructurales, como la rigidez del gasto, el uso indebido del endeudamiento para gastos corrientes y la baja inversión en infraestructura. Sin embargo, rechazar su aprobación solo agravaría la crisis de gobernabilidad. Se necesita un diálogo fiscal serio para abordar las raíces del problema: mejorar ingresos, priorizar inversiones y aumentar la transparencia.
¿SE CIERRA LA VENTANA?
Un año después de la caída de Otto Pérez Molina, Guatemala enfrenta el riesgo de perder la oportunidad histórica de reformar sus instituciones. Aunque se han dado avances en persecución penal y evasión fiscal, el gasto público sigue siendo ineficiente y vulnerable a la corrupción. Es urgente un diálogo nacional que defina prioridades, garantice una reforma fiscal integral y refuerce la legitimidad del presupuesto y otros cambios estructurales en sectores clave como justicia, salud y administración tributaria.
IMPUESTOS: REFORMA INTEGRAL O PARCHE
Resumen profesional:
Guatemala posee uno de los aparatos estatales más pequeños del mundo en relación con el tamaño de su economía, lo que repercute en una provisión históricamente deficiente de servicios públicos. Ante la necesidad de fortalecer al Estado, la vía más sostenible es una reforma fiscal integral, pero las recientes propuestas del gobierno resultan tímidas y parciales. Pese a una coyuntura favorable —con presión ciudadana, apertura empresarial y respaldo internacional—, la falta de ambición amenaza con repetir errores del pasado. Una reforma gradual, pactada y estructural aún sería posible, si se priorizan medidas anticorrupción, racionalización del gasto y fortalecimiento institucional. De lo contrario, el país volverá a desperdiciar una oportunidad histórica.
LA EXCUSA DE LA PARÁLISIS DEL GASTO
La baja ejecución del gasto en 2016 se explica por la inexperiencia del nuevo gobierno, el temor tras la ofensiva anticorrupción y los ajustes que exige la nueva Ley de Contrataciones. Aunque hay presiones por revertir estas reformas alegando lentitud, el verdadero problema radica en la incapacidad de implementación y en resistencias internas que buscan preservar viejas prácticas.
QUÉ MENSAJE DEJÓ EL FMI
Durante su más reciente visita, el FMI reconoció la estabilidad económica de Guatemala, pero subrayó que el progreso social es limitado debido al bajo nivel de ingresos fiscales y a deficiencias estructurales como la baja inversión en capital humano, la inseguridad y la corrupción. Recomendó una reforma fiscal profunda, mejores políticas públicas y tolerancia a un déficit moderado como vía para mejorar el bienestar.
DEPURAR EL GASTO PÚBLICO
Guatemala enfrenta un serio problema de debilidad estatal debido al bajo nivel de recaudación tributaria y a un gasto público disperso e ineficiente. Combatir la corrupción y definir prioridades claras son pasos esenciales para romper el círculo vicioso que impide el desarrollo.
AÑO ELECTORAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA
Aunque en muchos países los años electorales desequilibran la economía, en Guatemala han sido relativamente estables desde 1999. A excepción de 1999 y 2007, las variables macro han mostrado resiliencia, con leves alteraciones en el tipo de cambio y el crédito privado. El gran riesgo sigue siendo el gasto público electoral, especialmente cuando se acelera en los meses previos a las elecciones.
NIHILISMO MORAL EN LA POLÍTICA
La suspensión provisional de partes del presupuesto estatal de 2015 por parte de la Corte de Constitucionalidad representa un alivio frente al riesgo de opacidad y corrupción. Aunque la medida aún no es definitiva, es un respiro para quienes defienden una política guiada por principios éticos. El caso evidencia cómo la práctica política ha derivado en un cinismo institucionalizado, donde el poder se ejerce sin compromiso moral ni ideológico. Frente a esta degradación, se plantea con urgencia la necesidad de recuperar la ética como pilar de la democracia.