EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS
Las recientes evaluaciones de S&P y Fitch ratificaron la calificación BB- para Guatemala, pero mejoraron la perspectiva de estable a positiva, resaltando la estabilidad macroeconómica, el bajo endeudamiento, la independencia monetaria y la resiliencia de las remesas. Sin embargo, el país sigue sin alcanzar el grado de inversión debido a sus debilidades político-institucionales. Entre ellas destacan la débil gobernanza, la percepción de corrupción, la polarización política y la falta de políticas de largo plazo que limiten la inversión y el crecimiento. A diferencia de consultoras como COPADES, las calificadoras internacionales consideran que estas deficiencias estructurales son el mayor obstáculo para acceder a mejores condiciones financieras internacionales.
SE NECESITAN ESTADÍSTICAS CONFIABLES
La falta de estadísticas confiables limita la capacidad de un país para diseñar políticas efectivas, atraer inversión y responder a las demandas ciudadanas. En Guatemala, encuestas esenciales como la ENIGH, ENCOVI y ENEI enfrentan retrasos o cancelaciones por falta de recursos, a pesar de su importancia para medir inflación, bienestar y empleo. Esta carencia deja al país sin información clave sobre pobreza, condiciones de vida y mercado laboral. Dotar al INE de recursos financieros y técnicos, así como fortalecer su autonomía institucional, es prioritario. La iniciativa 5917 en el Congreso representa una oportunidad crucial para consolidar su gobernanza y capacidades.
BLINDAR LOS AHORROS FISCALES
En 2021, Guatemala logró mejorar notablemente sus finanzas públicas, acumulando más de Q6 millardos en recursos extraordinarios gracias a un aumento de ingresos y a la emisión estratégica de deuda. Esta situación representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión en infraestructura, elemento crucial para el desarrollo económico. Para que sea efectiva, la inversión debe concentrarse en proyectos bien evaluados, con procesos de licitación transparentes y gestión de contratos rigurosa. Proyectos como la conectividad de frontera a frontera, ampliaciones viales y mejoras en movilidad urbana requieren gobernanza especial, asegurando que los recursos se ejecuten con eficiencia y bajo estricta fiscalización.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
CÓMO EXPORTAR MÁS (Y MEJOR)
El crecimiento guatemalteco se sustenta en el consumo más que en las exportaciones, lo que plantea el reto de diversificar la base productiva. Un estudio del FMI demuestra que la clave no está en políticas industriales dirigidas a sectores específicos, sino en crear condiciones generales que favorezcan la apertura y la sofisticación comercial. Cuatro factores resultan decisivos: la reducción de barreras al comercio, infraestructura moderna que agilice la conectividad, una población mejor educada y la gobernanza estatal que brinde certeza y eficiencia. Sin reformas estructurales en estas áreas, será imposible construir un sector exportador competitivo y de mayor valor agregado.
¿SOMOS UNA ECONOMÍA EN DESARROLLO?
Las clasificaciones de países emergentes por niveles de ingreso o modelos de desarrollo no reflejan del todo las realidades económicas. Guatemala, cuyo crecimiento se sostiene en el consumo y los servicios alimentados por remesas, encaja en el modelo terciario. Sin embargo, ningún modelo garantiza por sí mismo el desarrollo; los casos de éxito muestran que lo decisivo es la existencia de instituciones sólidas, certeza jurídica, paz social y políticas de largo plazo. Sin estos elementos, incluso las estrategias más prometedoras fracasan. La clave, por tanto, no está en copiar un modelo, sino en crear condiciones institucionales y de gobernanza efectivas.
FORTALECER EL IGSS
El IGSS, legado de la Revolución de 1944, brinda protección social y estabilidad económica, pero arrastra debilidades evidenciadas por la pandemia. Un sistema más ágil, tecnificado y de mayor cobertura puede fomentar empleo, flexibilidad laboral y consumo estable ante crisis. Para lograrlo, la Junta Directiva, gerencia y cuerpos técnicos deben ser competentes y respetar la autonomía constitucional del IGSS. El nombramiento del próximo presidente y su suplente es decisivo: líderes idóneos pueden implementar políticas de bienestar social efectivas y modernas, mientras que una elección equivocada podría afectar negativamente la economía y la paz social del país.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ECONOMÍA
Fitch Ratings reafirmó la calificación BB- de Guatemala, destacando la estabilidad macroeconómica, bajo nivel de deuda y reservas internacionales, pero señaló como debilidades la baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad y los pobres indicadores de desarrollo humano, problemas exacerbados por la inoperancia política. Las amenazas incluyen déficit fiscal creciente, disfuncionalidad parlamentaria y riesgos de eventos políticos internos y externos que podrían frenar la recuperación económica. Entre las oportunidades destacan reformas fiscales, incremento de inversión y cierre de brechas de infraestructura, así como mejoras en gobernanza y desarrollo humano mediante reformas profundas a las instituciones estatales.
CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO
La reciente crisis en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad evidenció graves debilidades en su diseño institucional, que socavan la independencia y credibilidad del sistema judicial. Problemas como la elección simultánea de magistrados, los periodos cortos de mandato y la falta de criterios claros de mérito han alimentado disputas y desconfianza. Reformas como establecer elecciones escalonadas, ampliar la duración de los cargos y priorizar la evaluación profesional permitirían fortalecer la excelencia y autonomía de los jueces. Además, separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas reduciría tentaciones indebidas y mejoraría la gobernanza, garantizando certeza jurídica y confianza ciudadana.
LA TAREA DE FONDO
La crisis provocada por la pandemia puso en evidencia las graves limitaciones institucionales del Estado para ejecutar recursos y sostener la recuperación económica. Aunque se movilizaron más de Q20 mil millones para atender la emergencia, la falta de capacidad técnica y de gobernanza eficiente amenaza con desperdiciar gran parte de los fondos. La reactivación requiere más que gasto: se necesitan reformas estructurales en justicia, seguridad, salud, educación e infraestructura que fortalezcan la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Sin instituciones sólidas, el presupuesto seguirá diluyéndose en corrupción y el país perderá la oportunidad histórica de cimentar un desarrollo sostenible.
¿ES MOMENTO DE REPENSAR EL ESTADO?
La crisis del Covid-19 dejó al descubierto la fragilidad institucional de Guatemala y la incapacidad del Estado para proveer servicios públicos esenciales como salud, justicia e infraestructura. Durante la pandemia, las deficiencias se reflejaron en corrupción, retrasos en ayudas, falta de datos confiables y ausencia de cuadros técnicos. Sin embargo, también se confirmó el valor de instituciones sólidas como la disciplina fiscal y monetaria, que permitieron enfrentar la recesión con estabilidad. Superada la emergencia, el reto no es volver a la antigua “normalidad mediocre”, sino emprender una reforma institucional que modernice el Estado y siente bases para un desarrollo sostenible.
SIN CONFIANZA NO SE AVANZA
La pandemia ha mostrado que países con condiciones similares pueden enfrentar impactos muy distintos según la calidad de sus gobiernos. Según Francis Fukuyama, la confianza ciudadana en el poder ejecutivo es el factor clave en una crisis, y esta descansa en tres pilares: la experiencia técnica e imparcialidad de los gobernantes, el liderazgo de la autoridad máxima y la capacidad de construir consensos amplios. En Guatemala, el presidente Giammattei ha ganado respaldo en los dos primeros aspectos, pero el gran reto es consolidar el tercero. La ejecución transparente de recursos y la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo serán decisivos para afrontar la emergencia y preparar la recuperación.
¿HACER CARIDAD CON FONDOS PÚBLICOS?
En Guatemala, numerosas ONGs y fundaciones realizan labores valiosas, pero preocupa el creciente uso de fondos públicos para financiar sus actividades. El presupuesto 2020 contempla más de Q660 millones destinados a unas setenta organizaciones para ejecutar servicios en salud, educación, cultura y agricultura, funciones que en esencia corresponden al Estado. Aunque algunas entidades tienen prestigio y han suplido carencias históricas, la delegación arbitraria de recursos genera opacidad y debilita la responsabilidad gubernamental. La meta debería ser que los servicios esenciales sean prestados directamente por instituciones estatales o mediante contrataciones transparentes, no a través de transferencias discrecionales. Paralelamente, las ONGs deben modernizar su gobernanza y diversificar sus fuentes de financiamiento, mientras el Estado fomenta la cultura de la donación. Esto fortalecería tanto la eficiencia pública como la legitimidad social de dichas organizaciones.
EL RETRASO DEL CENSO
La publicación del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda se ha retrasado más de un año, pero el problema de fondo es que el censo anterior data de 2002, incumpliendo la Ley Orgánica del INE que exige un censo cada diez años. Este retraso evidencia la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las leyes en Guatemala, un patrón recurrente en diversas normas nacionales. El INE debería contar con reglamentos claros y apoyo presupuestario para garantizar la periodicidad censal, mientras que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar y fortalecer las capacidades del instituto. La información demográfica y habitacional es vital para políticas públicas efectivas, por lo que es urgente priorizar la regularidad y confiabilidad de los censos nacionales.
SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO
El principal obstáculo para que Guatemala genere más empresas, oportunidades de empleo y crecimiento económico no son factores macroeconómicos, sino la debilidad de sus instituciones y la gobernanza endeble. La ineficiencia estatal impacta la provisión de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia, limita la productividad empresarial y encarece el costo de hacer negocios. La falta de credibilidad del Estado reduce la recaudación tributaria, dificultando la financiación de infraestructura y capital humano. Esta debilidad se refleja también en la baja inversión en capital fijo, menor que la de los vecinos regionales. Por ello, el nuevo gobierno y Congreso deberán priorizar la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, como requisito indispensable para fomentar inversión, empleo y desarrollo sostenible.
LA HORA DE LOS ESTADISTAS
Con el cierre de las elecciones, el país enfrenta el desafío de pasar de la retórica electoral a la acción gubernamental. El próximo presidente deberá evitar la tentación de prometer soluciones para todos los problemas y concentrarse en priorizar políticas claras y alcanzables. Guatemala arrastra tres grandes males: desnutrición infantil, crimen organizado y falta de oportunidades económicas, todos relacionados con la debilidad institucional y la ausencia de un Estado eficaz. La etapa de transición es clave para que las autoridades electas convoquen a la unidad nacional, construyan consensos y diseñen una agenda mínima enfocada en lo esencial. Esto implica reconocer que el aparato estatal es insuficiente y requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, gasto público y sistema político. Sin consensos, el país seguirá estancado.
NUEVOS RIESGOS PARA LA INVERSIÓN
El crecimiento económico de Guatemala está limitado por la baja inversión, la cual depende cada vez más de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los inversionistas y calificadoras de riesgo analizan con atención el impacto del cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional en la estabilidad del país. Sin atender estas preocupaciones mediante reformas y políticas públicas sólidas, será difícil atraer capital de calidad y lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible.
INESTABILIDAD POLÍTICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
La inestabilidad política y la conflictividad social son factores que han frenado históricamente el crecimiento económico de Guatemala. Un sistema institucional disfuncional, una población excluida y territorios fuera del control estatal agravan un clima de incertidumbre que aleja la inversión y agudiza la pobreza. Sin un compromiso serio por fortalecer la gobernanza —incluyendo el respeto a la ley, la rendición de cuentas y la eficiencia del gobierno—, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso de conflicto y estancamiento económico.