APRENDER DE LA EXPERIENCIA CHINA
El caso de China demuestra que el desarrollo económico puede construirse gradualmente a partir de instituciones débiles, si se aplican políticas pragmáticas y adaptativas. Según Yuen Yuen Ang, el país logró transformar la corrupción, la ineficiencia y la fragilidad jurídica en oportunidades para crear mercados dinámicos y fortalecer su institucionalidad. Las lecciones clave incluyen apostar por el cambio gradual, fomentar la gobernanza flexible, combatir la corrupción mediante incentivos y transparencia, y garantizar derechos de propiedad claros. También subraya la necesidad de fortalecer el poder judicial, priorizar inversiones en servicios públicos y promover alianzas público-privadas e innovación. Guatemala podría adaptar estas estrategias para impulsar un crecimiento inclusivo y sostenido.
RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL
El análisis del Centro de Estudios Internacionales UC identifica los principales riesgos políticos en Latinoamérica, muchos de los cuales afectan directamente a Guatemala. Entre ellos destacan el crimen organizado, el deterioro democrático, la fragmentación política, la crisis migratoria y la inseguridad alimentaria. También preocupan la desinformación, la pérdida de competitividad y la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos. Estos factores, combinados con un contexto electoral y económico incierto, demandan que el Estado, las empresas y la sociedad civil adopten estrategias efectivas de gestión de riesgos. Solo anticipando y mitigando estas amenazas podrá el país enfrentar con solidez un entorno marcado por la volatilidad y la fragilidad institucional.
TRANSPARENCIA Y CLIMA DE NEGOCIOS
Las decisiones de inversión ya no dependen solo de factores económicos, sino de la calidad de la gobernanza, la sostenibilidad social y la transparencia institucional. Según Eric Farnsworth, Guatemala enfrenta una oportunidad histórica con el nearshoring y friendshoring, pero solo podrá aprovecharla si fortalece el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la infraestructura y el capital humano. Los inversionistas buscan entornos confiables y éticos, por lo que la corrupción y la debilidad institucional son barreras críticas. Farnsworth propuso medidas audaces como impulsar la digitalización del Estado, financiar la seguridad y avanzar hacia la incorporación al USMCA. La ventana de oportunidad es corta, y aprovecharla exige liderazgo, integridad y acción inmediata.
APERTURA, INTEGRACIÓN E INSTITUCIONES
El éxito de países como España y las naciones de Europa Oriental demuestra que la apertura comercial y la reforma institucional son pilares esenciales del desarrollo. Su integración a bloques regionales y el fortalecimiento del Estado de derecho permitieron modernizar economías, consolidar democracias y elevar la productividad. En contraste, Guatemala sigue rezagada por su débil institucionalidad y escasa integración económica. Para avanzar, necesita seguir ese camino: promover apertura comercial, mejorar la gobernanza y, sobre todo, garantizar la libertad de expresión como fundamento del progreso democrático. Sin un compromiso real con la transparencia y la independencia institucional, el país seguirá alejado del crecimiento sostenido y del bienestar social.
CREDIBILIDAD ELECTORAL
Guatemala ha mantenido elecciones legítimas desde 1985, pero la credibilidad de su sistema electoral está hoy en riesgo. La falta de representatividad, las restricciones a la participación política y la debilidad institucional del TSE amenazan la estabilidad democrática. Reformas estructurales como la elección directa de diputados o la regulación de partidos son inviables en el corto plazo, pero existen cambios urgentes que sí pueden implementarse: redefinir la campaña anticipada, transparentar los aportes ciudadanos y garantizar la libertad de los medios. Sin estas correcciones, las elecciones próximas podrían ser caóticas y desacreditar el proceso democrático. Todavía hay margen para que el Congreso o el TSE actúen con responsabilidad.
EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS
Las recientes evaluaciones de S&P y Fitch ratificaron la calificación BB- para Guatemala, pero mejoraron la perspectiva de estable a positiva, resaltando la estabilidad macroeconómica, el bajo endeudamiento, la independencia monetaria y la resiliencia de las remesas. Sin embargo, el país sigue sin alcanzar el grado de inversión debido a sus debilidades político-institucionales. Entre ellas destacan la débil gobernanza, la percepción de corrupción, la polarización política y la falta de políticas de largo plazo que limiten la inversión y el crecimiento. A diferencia de consultoras como COPADES, las calificadoras internacionales consideran que estas deficiencias estructurales son el mayor obstáculo para acceder a mejores condiciones financieras internacionales.
SE NECESITAN ESTADÍSTICAS CONFIABLES
La falta de estadísticas confiables limita la capacidad de un país para diseñar políticas efectivas, atraer inversión y responder a las demandas ciudadanas. En Guatemala, encuestas esenciales como la ENIGH, ENCOVI y ENEI enfrentan retrasos o cancelaciones por falta de recursos, a pesar de su importancia para medir inflación, bienestar y empleo. Esta carencia deja al país sin información clave sobre pobreza, condiciones de vida y mercado laboral. Dotar al INE de recursos financieros y técnicos, así como fortalecer su autonomía institucional, es prioritario. La iniciativa 5917 en el Congreso representa una oportunidad crucial para consolidar su gobernanza y capacidades.
BLINDAR LOS AHORROS FISCALES
En 2021, Guatemala logró mejorar notablemente sus finanzas públicas, acumulando más de Q6 millardos en recursos extraordinarios gracias a un aumento de ingresos y a la emisión estratégica de deuda. Esta situación representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión en infraestructura, elemento crucial para el desarrollo económico. Para que sea efectiva, la inversión debe concentrarse en proyectos bien evaluados, con procesos de licitación transparentes y gestión de contratos rigurosa. Proyectos como la conectividad de frontera a frontera, ampliaciones viales y mejoras en movilidad urbana requieren gobernanza especial, asegurando que los recursos se ejecuten con eficiencia y bajo estricta fiscalización.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
CÓMO EXPORTAR MÁS (Y MEJOR)
El crecimiento guatemalteco se sustenta en el consumo más que en las exportaciones, lo que plantea el reto de diversificar la base productiva. Un estudio del FMI demuestra que la clave no está en políticas industriales dirigidas a sectores específicos, sino en crear condiciones generales que favorezcan la apertura y la sofisticación comercial. Cuatro factores resultan decisivos: la reducción de barreras al comercio, infraestructura moderna que agilice la conectividad, una población mejor educada y la gobernanza estatal que brinde certeza y eficiencia. Sin reformas estructurales en estas áreas, será imposible construir un sector exportador competitivo y de mayor valor agregado.
¿SOMOS UNA ECONOMÍA EN DESARROLLO?
Las clasificaciones de países emergentes por niveles de ingreso o modelos de desarrollo no reflejan del todo las realidades económicas. Guatemala, cuyo crecimiento se sostiene en el consumo y los servicios alimentados por remesas, encaja en el modelo terciario. Sin embargo, ningún modelo garantiza por sí mismo el desarrollo; los casos de éxito muestran que lo decisivo es la existencia de instituciones sólidas, certeza jurídica, paz social y políticas de largo plazo. Sin estos elementos, incluso las estrategias más prometedoras fracasan. La clave, por tanto, no está en copiar un modelo, sino en crear condiciones institucionales y de gobernanza efectivas.
FORTALECER EL IGSS
El IGSS, legado de la Revolución de 1944, brinda protección social y estabilidad económica, pero arrastra debilidades evidenciadas por la pandemia. Un sistema más ágil, tecnificado y de mayor cobertura puede fomentar empleo, flexibilidad laboral y consumo estable ante crisis. Para lograrlo, la Junta Directiva, gerencia y cuerpos técnicos deben ser competentes y respetar la autonomía constitucional del IGSS. El nombramiento del próximo presidente y su suplente es decisivo: líderes idóneos pueden implementar políticas de bienestar social efectivas y modernas, mientras que una elección equivocada podría afectar negativamente la economía y la paz social del país.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ECONOMÍA
Fitch Ratings reafirmó la calificación BB- de Guatemala, destacando la estabilidad macroeconómica, bajo nivel de deuda y reservas internacionales, pero señaló como debilidades la baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad y los pobres indicadores de desarrollo humano, problemas exacerbados por la inoperancia política. Las amenazas incluyen déficit fiscal creciente, disfuncionalidad parlamentaria y riesgos de eventos políticos internos y externos que podrían frenar la recuperación económica. Entre las oportunidades destacan reformas fiscales, incremento de inversión y cierre de brechas de infraestructura, así como mejoras en gobernanza y desarrollo humano mediante reformas profundas a las instituciones estatales.
CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO
La reciente crisis en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad evidenció graves debilidades en su diseño institucional, que socavan la independencia y credibilidad del sistema judicial. Problemas como la elección simultánea de magistrados, los periodos cortos de mandato y la falta de criterios claros de mérito han alimentado disputas y desconfianza. Reformas como establecer elecciones escalonadas, ampliar la duración de los cargos y priorizar la evaluación profesional permitirían fortalecer la excelencia y autonomía de los jueces. Además, separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas reduciría tentaciones indebidas y mejoraría la gobernanza, garantizando certeza jurídica y confianza ciudadana.
LA TAREA DE FONDO
La crisis provocada por la pandemia puso en evidencia las graves limitaciones institucionales del Estado para ejecutar recursos y sostener la recuperación económica. Aunque se movilizaron más de Q20 mil millones para atender la emergencia, la falta de capacidad técnica y de gobernanza eficiente amenaza con desperdiciar gran parte de los fondos. La reactivación requiere más que gasto: se necesitan reformas estructurales en justicia, seguridad, salud, educación e infraestructura que fortalezcan la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Sin instituciones sólidas, el presupuesto seguirá diluyéndose en corrupción y el país perderá la oportunidad histórica de cimentar un desarrollo sostenible.
¿ES MOMENTO DE REPENSAR EL ESTADO?
La crisis del Covid-19 dejó al descubierto la fragilidad institucional de Guatemala y la incapacidad del Estado para proveer servicios públicos esenciales como salud, justicia e infraestructura. Durante la pandemia, las deficiencias se reflejaron en corrupción, retrasos en ayudas, falta de datos confiables y ausencia de cuadros técnicos. Sin embargo, también se confirmó el valor de instituciones sólidas como la disciplina fiscal y monetaria, que permitieron enfrentar la recesión con estabilidad. Superada la emergencia, el reto no es volver a la antigua “normalidad mediocre”, sino emprender una reforma institucional que modernice el Estado y siente bases para un desarrollo sostenible.
SIN CONFIANZA NO SE AVANZA
La pandemia ha mostrado que países con condiciones similares pueden enfrentar impactos muy distintos según la calidad de sus gobiernos. Según Francis Fukuyama, la confianza ciudadana en el poder ejecutivo es el factor clave en una crisis, y esta descansa en tres pilares: la experiencia técnica e imparcialidad de los gobernantes, el liderazgo de la autoridad máxima y la capacidad de construir consensos amplios. En Guatemala, el presidente Giammattei ha ganado respaldo en los dos primeros aspectos, pero el gran reto es consolidar el tercero. La ejecución transparente de recursos y la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo serán decisivos para afrontar la emergencia y preparar la recuperación.
¿HACER CARIDAD CON FONDOS PÚBLICOS?
En Guatemala, numerosas ONGs y fundaciones realizan labores valiosas, pero preocupa el creciente uso de fondos públicos para financiar sus actividades. El presupuesto 2020 contempla más de Q660 millones destinados a unas setenta organizaciones para ejecutar servicios en salud, educación, cultura y agricultura, funciones que en esencia corresponden al Estado. Aunque algunas entidades tienen prestigio y han suplido carencias históricas, la delegación arbitraria de recursos genera opacidad y debilita la responsabilidad gubernamental. La meta debería ser que los servicios esenciales sean prestados directamente por instituciones estatales o mediante contrataciones transparentes, no a través de transferencias discrecionales. Paralelamente, las ONGs deben modernizar su gobernanza y diversificar sus fuentes de financiamiento, mientras el Estado fomenta la cultura de la donación. Esto fortalecería tanto la eficiencia pública como la legitimidad social de dichas organizaciones.
EL RETRASO DEL CENSO
La publicación del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda se ha retrasado más de un año, pero el problema de fondo es que el censo anterior data de 2002, incumpliendo la Ley Orgánica del INE que exige un censo cada diez años. Este retraso evidencia la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las leyes en Guatemala, un patrón recurrente en diversas normas nacionales. El INE debería contar con reglamentos claros y apoyo presupuestario para garantizar la periodicidad censal, mientras que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar y fortalecer las capacidades del instituto. La información demográfica y habitacional es vital para políticas públicas efectivas, por lo que es urgente priorizar la regularidad y confiabilidad de los censos nacionales.
SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO
El principal obstáculo para que Guatemala genere más empresas, oportunidades de empleo y crecimiento económico no son factores macroeconómicos, sino la debilidad de sus instituciones y la gobernanza endeble. La ineficiencia estatal impacta la provisión de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia, limita la productividad empresarial y encarece el costo de hacer negocios. La falta de credibilidad del Estado reduce la recaudación tributaria, dificultando la financiación de infraestructura y capital humano. Esta debilidad se refleja también en la baja inversión en capital fijo, menor que la de los vecinos regionales. Por ello, el nuevo gobierno y Congreso deberán priorizar la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, como requisito indispensable para fomentar inversión, empleo y desarrollo sostenible.