SIN CONFIANZA NO SE AVANZA
La pandemia ha mostrado que países con condiciones similares pueden enfrentar impactos muy distintos según la calidad de sus gobiernos. Según Francis Fukuyama, la confianza ciudadana en el poder ejecutivo es el factor clave en una crisis, y esta descansa en tres pilares: la experiencia técnica e imparcialidad de los gobernantes, el liderazgo de la autoridad máxima y la capacidad de construir consensos amplios. En Guatemala, el presidente Giammattei ha ganado respaldo en los dos primeros aspectos, pero el gran reto es consolidar el tercero. La ejecución transparente de recursos y la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo serán decisivos para afrontar la emergencia y preparar la recuperación.
¿HACER CARIDAD CON FONDOS PÚBLICOS?
En Guatemala, numerosas ONGs y fundaciones realizan labores valiosas, pero preocupa el creciente uso de fondos públicos para financiar sus actividades. El presupuesto 2020 contempla más de Q660 millones destinados a unas setenta organizaciones para ejecutar servicios en salud, educación, cultura y agricultura, funciones que en esencia corresponden al Estado. Aunque algunas entidades tienen prestigio y han suplido carencias históricas, la delegación arbitraria de recursos genera opacidad y debilita la responsabilidad gubernamental. La meta debería ser que los servicios esenciales sean prestados directamente por instituciones estatales o mediante contrataciones transparentes, no a través de transferencias discrecionales. Paralelamente, las ONGs deben modernizar su gobernanza y diversificar sus fuentes de financiamiento, mientras el Estado fomenta la cultura de la donación. Esto fortalecería tanto la eficiencia pública como la legitimidad social de dichas organizaciones.
EL RETRASO DEL CENSO
La publicación del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda se ha retrasado más de un año, pero el problema de fondo es que el censo anterior data de 2002, incumpliendo la Ley Orgánica del INE que exige un censo cada diez años. Este retraso evidencia la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las leyes en Guatemala, un patrón recurrente en diversas normas nacionales. El INE debería contar con reglamentos claros y apoyo presupuestario para garantizar la periodicidad censal, mientras que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar y fortalecer las capacidades del instituto. La información demográfica y habitacional es vital para políticas públicas efectivas, por lo que es urgente priorizar la regularidad y confiabilidad de los censos nacionales.
SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO
El principal obstáculo para que Guatemala genere más empresas, oportunidades de empleo y crecimiento económico no son factores macroeconómicos, sino la debilidad de sus instituciones y la gobernanza endeble. La ineficiencia estatal impacta la provisión de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia, limita la productividad empresarial y encarece el costo de hacer negocios. La falta de credibilidad del Estado reduce la recaudación tributaria, dificultando la financiación de infraestructura y capital humano. Esta debilidad se refleja también en la baja inversión en capital fijo, menor que la de los vecinos regionales. Por ello, el nuevo gobierno y Congreso deberán priorizar la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, como requisito indispensable para fomentar inversión, empleo y desarrollo sostenible.
LA HORA DE LOS ESTADISTAS
Con el cierre de las elecciones, el país enfrenta el desafío de pasar de la retórica electoral a la acción gubernamental. El próximo presidente deberá evitar la tentación de prometer soluciones para todos los problemas y concentrarse en priorizar políticas claras y alcanzables. Guatemala arrastra tres grandes males: desnutrición infantil, crimen organizado y falta de oportunidades económicas, todos relacionados con la debilidad institucional y la ausencia de un Estado eficaz. La etapa de transición es clave para que las autoridades electas convoquen a la unidad nacional, construyan consensos y diseñen una agenda mínima enfocada en lo esencial. Esto implica reconocer que el aparato estatal es insuficiente y requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, gasto público y sistema político. Sin consensos, el país seguirá estancado.
NUEVOS RIESGOS PARA LA INVERSIÓN
El crecimiento económico de Guatemala está limitado por la baja inversión, la cual depende cada vez más de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los inversionistas y calificadoras de riesgo analizan con atención el impacto del cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional en la estabilidad del país. Sin atender estas preocupaciones mediante reformas y políticas públicas sólidas, será difícil atraer capital de calidad y lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible.
INESTABILIDAD POLÍTICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
La inestabilidad política y la conflictividad social son factores que han frenado históricamente el crecimiento económico de Guatemala. Un sistema institucional disfuncional, una población excluida y territorios fuera del control estatal agravan un clima de incertidumbre que aleja la inversión y agudiza la pobreza. Sin un compromiso serio por fortalecer la gobernanza —incluyendo el respeto a la ley, la rendición de cuentas y la eficiencia del gobierno—, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso de conflicto y estancamiento económico.