EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública en Guatemala se ha reducido drásticamente en cantidad y calidad, con un presupuesto cada vez más destinado a gastos de funcionamiento y no a infraestructura. La ineficiencia, la falta de priorización de proyectos y la corrupción agravan el problema, situando al país por debajo del promedio regional en infraestructura. Mejorar la planificación, ejecución y mantenimiento de la obra pública exige instituciones más sólidas y experticia técnica. La evaluación PIMA del FMI ofrece una oportunidad clave para diagnosticar el sistema y sentar las bases de reformas que impulsen productividad, empleo y crecimiento sostenible.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
La administración Biden ha cambiado el enfoque hacia la migración centroamericana, priorizando las causas estructurales que impulsan la emigración, como la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. Sin embargo, los fondos del Plan Biden se canalizarán principalmente a comunidades y ONG, excluyendo parcialmente a los gobiernos, lo que evidencia la debilidad institucional de la región. Para que la inversión tenga un efecto duradero, es imprescindible fortalecer las capacidades estatales y promover reformas profundas en los tres poderes del Estado. El desafío del plan será equilibrar recursos económicos con apoyo técnico y político que construya instituciones eficientes.
CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO
La reciente crisis en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad evidenció graves debilidades en su diseño institucional, que socavan la independencia y credibilidad del sistema judicial. Problemas como la elección simultánea de magistrados, los periodos cortos de mandato y la falta de criterios claros de mérito han alimentado disputas y desconfianza. Reformas como establecer elecciones escalonadas, ampliar la duración de los cargos y priorizar la evaluación profesional permitirían fortalecer la excelencia y autonomía de los jueces. Además, separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas reduciría tentaciones indebidas y mejoraría la gobernanza, garantizando certeza jurídica y confianza ciudadana.
CÓMO (NO) ATRAER INVERSIONES DE CHINA
El debate sobre si Guatemala debería romper con Taiwán para establecer relaciones con China Popular se centra en la expectativa de mayores inversiones extranjeras. Sin embargo, la experiencia de países como Costa Rica, El Salvador y diversas naciones africanas muestra que el simple cambio de lealtades diplomáticas no garantiza un flujo significativo de capital chino. Las razones radican en la importancia del clima de negocios y de instituciones sólidas para atraer inversión sostenible. En el caso guatemalteco, la prioridad debe ser fortalecer el Estado, garantizar certeza jurídica y generar condiciones competitivas, de modo que el país sea atractivo no solo para China o Taiwán, sino para inversionistas globales.
REQUIEM POR LA MINERÍA
Entre 2006 y 2015, la minería se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía, con un crecimiento anual superior al 9% y aportes fiscales significativos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2015, con el cierre de minas como Marlin y Tambor, y la suspensión de El Escobal y Fénix por fallos de la Corte de Constitucionalidad, que subrayaron la falta de consultas comunitarias exigidas por el Convenio 169 de la OIT. Como resultado, la actividad minera se desplomó a una tasa negativa del 16% anual, perdiendo relevancia económica y fiscal. A diferencia de países sudamericanos con marcos regulatorios sólidos, Guatemala se hunde en la incertidumbre, dejando espacio a empresas con bajos estándares que amenazan al Estado, las comunidades y el medio ambiente.
NO ME AYUEDES, COMPADRE
La ayuda internacional para el desarrollo ha dejado de ser un recurso incondicional para convertirse en una herramienta de presión política de los países donantes, que buscan condicionar su entrega a mejoras institucionales y programas focalizados en la pobreza. El anuncio de Donald Trump de suspender la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por el aumento de las caravanas migrantes carece de sentido estratégico: en lugar de reducir la migración, priva a Estados Unidos de un instrumento clave para incentivar reformas y combatir problemas estructurales como la debilidad institucional y el narcotráfico. Además, abre la puerta a que potencias como China o Rusia amplíen su influencia en la región. Lejos de ser irrelevante, la AID ha demostrado ser decisiva en el desarrollo de países como Corea del Sur o Taiwán y en la erradicación de enfermedades globales. Su eficacia radica en asegurar que los fondos se manejen con transparencia, no en cancelarlos.
ESTADO DÉBIL, ECONOMÍA DÉBIL
La debilidad del Estado y la disfuncionalidad de sus instituciones son la raíz del bajo desarrollo económico y la escasa productividad del país. La lentitud y corrupción en los tribunales dificultan el cumplimiento de contratos, restringiendo el acceso al crédito y limitando la expansión de nuevos emprendedores. La infraestructura deficiente, la burocracia excesiva y la falta de certeza jurídica obligan a las empresas a depender de recursos propios, fortaleciendo estructuras familiares cerradas y debilitando la innovación y la apertura de mercados. Esta falta de confianza generalizada impide un crecimiento sostenible y equitativo. Para superar el atraso, se requieren reformas profundas en justicia, gasto público, servicio civil y sistema político, sin las cuales la modernización seguirá siendo una meta lejana.
LA CORRUPCIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
La columna defiende que la lucha contra la corrupción fortalece las instituciones del Estado en lugar de debilitarlas. A pesar de una posible ralentización temporal en la administración pública, el refuerzo de la legalidad y el control promueven mayor eficiencia a largo plazo. El autor pide marcos regulatorios más claros, una reforma del servicio civil y un liderazgo político firme para asegurar que el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional avancen juntos.
¿SE CIERRA LA VENTANA?
Un año después de la caída de Otto Pérez Molina, Guatemala enfrenta el riesgo de perder la oportunidad histórica de reformar sus instituciones. Aunque se han dado avances en persecución penal y evasión fiscal, el gasto público sigue siendo ineficiente y vulnerable a la corrupción. Es urgente un diálogo nacional que defina prioridades, garantice una reforma fiscal integral y refuerce la legitimidad del presupuesto y otros cambios estructurales en sectores clave como justicia, salud y administración tributaria.
PEQUEÑAS GRANDES DECISIONES
La elección del nuevo Superintendente de Administración Tributaria será determinante para el éxito de la reciente reforma fiscal y para el fortalecimiento institucional del país. Esta decisión, aunque parezca técnica, refleja el estilo de gobierno y la visión del presidente sobre el desarrollo. Una SAT fuerte, autónoma y profesional puede mejorar la recaudación sin necesidad de constantes reformas, legitimando la función estatal. El candidato ideal debe ser un experto con integridad, independencia y liderazgo, capaz de gestionar con eficiencia y navegar con inteligencia política. Esta designación pondrá a prueba el compromiso del gobierno con la construcción de instituciones sólidas.
ENERGÍA SOCIAL DESPERDICIADA
En Guatemala, la protesta se ha convertido en un recurso inmediato para expresar oposición, reflejo de la fragilidad del sistema de partidos y del Estado. El auge de movimientos “anti-todo”, muchas veces sin propuestas ni apertura al diálogo, obstaculiza el desarrollo y debilita la institucionalidad. El discurso libertario y la financiación de ciertas ONGs extranjeras alimentan, sin querer, esta oposición sistemática. El país necesita canalizar su energía social hacia la construcción de instituciones fuertes, una ciudadanía crítica y una visión de futuro común, evitando caer en el círculo vicioso de la protesta sin dirección ni resultados.