PRESUPUESTO 2026: LA TENTACIÓN DE LA IMPRUDENCIA
El Presupuesto 2026 privilegia el gasto corriente sobre la inversión, aumenta la deuda pública y compromete la estabilidad fiscal. En mi columna en Prensa Libre expongo por qué este camino es riesgoso y qué medidas podrían tomarse para recuperar prudencia y calidad en el gasto.
LAS REGLAS DEL JUEGO SÍ IMPORTAN
Basada en mi participación en un foro reciente de FUNDESA, esta columna analiza por qué la justicia y las políticas públicas importan más de lo que se suele admitir cuando se habla de atraer inversión. Sin reglas claras y un Estado que funcione, Guatemala no despegará.
EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS
Las recientes evaluaciones de S&P y Fitch ratificaron la calificación BB- para Guatemala, pero mejoraron la perspectiva de estable a positiva, resaltando la estabilidad macroeconómica, el bajo endeudamiento, la independencia monetaria y la resiliencia de las remesas. Sin embargo, el país sigue sin alcanzar el grado de inversión debido a sus debilidades político-institucionales. Entre ellas destacan la débil gobernanza, la percepción de corrupción, la polarización política y la falta de políticas de largo plazo que limiten la inversión y el crecimiento. A diferencia de consultoras como COPADES, las calificadoras internacionales consideran que estas deficiencias estructurales son el mayor obstáculo para acceder a mejores condiciones financieras internacionales.
LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN
Guatemala, como la economía más grande entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, tiene la oportunidad de consolidarse como un socio estratégico clave en un momento de tensión geopolítica global. Mientras China avanza en su ofensiva diplomática en Centroamérica, Taiwán ha mostrado en Lituania cómo apoya con inversión estratégica y acceso a sus cadenas de suministro. En lugar de considerar un cambio hacia Pekín, Guatemala debería aprovechar su vínculo especial con Taiwán para impulsar proyectos de infraestructura, ampliar el tratado de libre comercio y promover inversiones de largo plazo, fortaleciendo así su desarrollo y posición internacional.
2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)
Aunque Guatemala mantiene estabilidad macroeconómica, su crecimiento ha sido históricamente bajo, con uno de los peores desempeños de PIB per cápita en Centroamérica y Latinoamérica. Las principales causas son la reducida inversión en infraestructura, inferior al 15% del PIB, y una productividad laboral estancada durante décadas. Superar este desafío estructural exige garantizar certeza jurídica y fortalecer instituciones que generen confianza, promuevan inversión y permitan la adopción de tecnologías. Reformar sistemas como justicia, servicio civil, partidos políticos y regulación de mercados es indispensable para mejorar la productividad sistémica, asegurar crecimiento sostenido y ampliar las oportunidades de bienestar para la población.
PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO
En Guatemala, las últimas tres décadas de crecimiento económico se explican mayormente por el trabajo y el capital, mientras que la productividad ha aportado casi nada. Con la disminución futura del crecimiento de la población en edad laboral y los rendimientos decrecientes de la inversión en capital, el aumento de la productividad es indispensable para lograr prosperidad, empleo formal y reducción de la pobreza. Un estudio del Banco Mundial señala que impulsar la productividad requiere reformas integrales en educación, infraestructura, eficiencia de mercados, clima de negocios, innovación y calidad institucional, incluyendo seguridad jurídica, derechos de propiedad y combate a la corrupción.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ECONOMÍA
Fitch Ratings reafirmó la calificación BB- de Guatemala, destacando la estabilidad macroeconómica, bajo nivel de deuda y reservas internacionales, pero señaló como debilidades la baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad y los pobres indicadores de desarrollo humano, problemas exacerbados por la inoperancia política. Las amenazas incluyen déficit fiscal creciente, disfuncionalidad parlamentaria y riesgos de eventos políticos internos y externos que podrían frenar la recuperación económica. Entre las oportunidades destacan reformas fiscales, incremento de inversión y cierre de brechas de infraestructura, así como mejoras en gobernanza y desarrollo humano mediante reformas profundas a las instituciones estatales.
LA MEJOR POLÍTICA DE REACTIVACIÓN
La pandemia provocó la pérdida de más de 60 mil empleos formales y un fuerte incremento del subempleo en Guatemala, debilitando el consumo de los hogares, motor principal de la economía. La inversión, otro pilar esencial, también cayó de forma drástica, profundizando las limitaciones estructurales del crecimiento. La recuperación exige restablecer la confianza, algo imposible sin certeza jurídica ni un plan claro frente a la crisis sanitaria. La vacunación masiva surge como la herramienta más poderosa para revertir la incertidumbre: unifica, inspira y puede dinamizar tanto consumo como inversión, constituyendo la política más efectiva de corto plazo para la reactivación económica.
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
La economía guatemalteca mostró resiliencia en 2020 gracias a la estabilidad fiscal y monetaria, el apoyo de las remesas y la diversificación exportadora, factores que sostuvieron el consumo y moderaron el impacto de la pandemia. Sin embargo, el gran lastre es la inversión, históricamente baja y desplomada durante la crisis, lo que explica el lento crecimiento del país en las últimas décadas. A ello se suma la fragilidad institucional, que genera incertidumbre, limita servicios públicos esenciales y reduce la productividad. El reto es preservar las fortalezas macroeconómicas sin caer en el inmovilismo, y al mismo tiempo impulsar reformas profundas que fortalezcan las instituciones.
POTENCIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
La economía muestra señales de recuperación tras la crisis, con un crecimiento proyectado de 3.5% para 2021, aunque aún insuficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia. Consolidar ese crecimiento exige superar cuatro desafíos principales: recuperar la confianza de consumidores e inversionistas, lo que requiere gasto público estratégico en salud y vacunación; movilizar la liquidez disponible hacia crédito productivo mediante fondos de garantía; mantener disciplina fiscal mientras se invierte en salud, educación e infraestructura; y fortalecer las instituciones del Estado para garantizar certeza jurídica y eficiencia en la gestión pública. Solo así podrá asegurarse una recuperación sólida y duradera.
LA MORA JUDICIAL FRENA LA ECONOMÍA
La pandemia ha dejado al 70% del sistema de justicia paralizado, afectando casi en su totalidad los procesos civiles y mercantiles. Esto frena contratos, créditos, negocios e inversiones, debilitando aún más la economía. Mientras otros países han adoptado audiencias virtuales, firmas electrónicas y plataformas digitales, Guatemala permanece rezagada a pesar de contar desde 2016 con un reglamento que lo permite. La Iniciativa de Ley 5774 busca obligar al Organismo Judicial a implementar estas herramientas, pero la falta de acción del OJ y del Congreso retrasa soluciones urgentes. Sin modernización, el acceso a justicia y la recuperación económica seguirán comprometidos.
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA ECONOMÍA
El inicio de 2020 plantea para Guatemala un escenario mixto de riesgos y oportunidades económicas. Entre las amenazas destacan el proteccionismo global, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la volatilidad del petróleo, la desaceleración mundial, las políticas antimigratorias en EE. UU. y la alta vulnerabilidad ante el cambio climático. En contraste, existen oportunidades relevantes: la ubicación geográfica y biodiversidad para turismo y logística, la integración regional, el acceso a crédito barato por bajas tasas internacionales, la transición demográfica favorable, los avances tecnológicos y una agenda legislativa de reformas. El reto será que el nuevo gobierno actúe con visión y responsabilidad para transformar estos elementos en motores de desarrollo sostenible.
DEBILIDADES DE LA ECONOMÍA
El análisis FODA de la economía guatemalteca evidencia nueve debilidades críticas que frenan el desarrollo nacional. Entre ellas destacan: bajos niveles de desarrollo humano reflejados en desnutrición, pobreza y baja escolaridad; lento crecimiento del PIB per cápita, de los más bajos en la región; mínima inversión pública y privada, especialmente en infraestructura; instituciones estatales débiles incapaces de proveer servicios básicos; y un sistema político inestable. A ello se suman la fragilidad del Estado de Derecho, la corrupción, percepciones de desigualdad y bajos ingresos tributarios. Superar estas debilidades requiere fortalecer la institucionalidad, aumentar productividad y generar confianza en el Estado para movilizar más recursos hacia inversión social y física.
FORTALEZAS DE LA ECONOMÍA
El cierre de año y de gobierno ofrece la ocasión para analizar las principales fortalezas de la economía guatemalteca. De acuerdo con calificadoras y organismos internacionales, destacan cinco pilares: estabilidad macroeconómica con bajo déficit fiscal, inflación controlada y crecimiento sostenido; niveles reducidos de deuda pública en torno al 25% del PIB; una posición externa sólida gracias a remesas y reservas internacionales; políticas fiscales y monetarias prudentes respaldadas por la autonomía del Banco Central; y la continuidad de elecciones periódicas que permiten alternancia democrática. El reto de las nuevas autoridades será preservar estas fortalezas, fortalecer la institucionalidad económica y consolidar la credibilidad política.
NO HAY QUE ESPANTAR LA INVERSIÓN
La inversión es esencial para sostener y aumentar la producción, pero Guatemala enfrenta serias limitaciones en este ámbito. Mientras la inversión nacional apenas alcanza el 15% del PIB y la extranjera directa no supera el 1%, el país carece de las condiciones necesarias para atraer capital. Aunque los indicadores macroeconómicos como inflación controlada, déficit fiscal moderado y estabilidad monetaria inspiran confianza, la verdadera traba está en la debilidad institucional. No existe una política clara para la inversión extranjera, las obras públicas son insuficientes y no se ha definido un marco para las consultas comunitarias. Además, el Congreso bloquea leyes clave como la de infraestructura vial y estabilidad jurídica. Ante esta falta de certeza, los inversionistas optan por la cautela, aplazando decisiones hasta que haya mayor claridad.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (II)
El proyecto de presupuesto 2020 presenta ingresos tributarios claramente sobrestimados, lo que, combinado con un techo de gasto de Q91.9 millardos, generaría un déficit superior a Q17.7 millardos, equivalente al 2.6% del PIB. Este desbalance incrementaría la deuda pública a niveles de riesgo, superando el 166% de los ingresos tributarios y comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Aún más preocupante, las normas presupuestarias incluyen disposiciones para aprobar endeudamiento adicional de hasta Q8 millardos sin que aparezca reflejado en las cifras oficiales, lo que podría elevar el déficit al 3.6% del PIB. Aunque algunos proyectos son necesarios, el mecanismo propuesto resulta anómalo y peligroso. El Congreso debe recortar el gasto previsto y rechazar tales “pre-ampliaciones”, garantizando que toda deuda sea explícita y transparente en el presupuesto.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (I)
El análisis del presupuesto 2020 evidencia problemas estructurales que limitan la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. Debido a las asignaciones fijas establecidas por la Constitución y otras leyes, el 84.4% del gasto ya está comprometido, dejando solo un 15.6% disponible para políticas públicas e inversión. Esta rigidez ha reducido drásticamente la inversión en obra pública, que pasó del 28% hace diez años al 17% actual. Además, los salarios absorberán el 39% del presupuesto, sin mecanismos claros para evaluar la calidad de ese gasto. La falta de control sobre municipalidades, consejos de desarrollo y ONGs contratadas con fondos públicos agrava la ineficiencia. Aunque no todas las deficiencias pueden resolverse en un año, el Congreso sí puede corregir algunas durante la actual discusión presupuestaria.
SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO
El principal obstáculo para que Guatemala genere más empresas, oportunidades de empleo y crecimiento económico no son factores macroeconómicos, sino la debilidad de sus instituciones y la gobernanza endeble. La ineficiencia estatal impacta la provisión de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia, limita la productividad empresarial y encarece el costo de hacer negocios. La falta de credibilidad del Estado reduce la recaudación tributaria, dificultando la financiación de infraestructura y capital humano. Esta debilidad se refleja también en la baja inversión en capital fijo, menor que la de los vecinos regionales. Por ello, el nuevo gobierno y Congreso deberán priorizar la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, como requisito indispensable para fomentar inversión, empleo y desarrollo sostenible.
REQUIEM POR LA MINERÍA
Entre 2006 y 2015, la minería se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía, con un crecimiento anual superior al 9% y aportes fiscales significativos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2015, con el cierre de minas como Marlin y Tambor, y la suspensión de El Escobal y Fénix por fallos de la Corte de Constitucionalidad, que subrayaron la falta de consultas comunitarias exigidas por el Convenio 169 de la OIT. Como resultado, la actividad minera se desplomó a una tasa negativa del 16% anual, perdiendo relevancia económica y fiscal. A diferencia de países sudamericanos con marcos regulatorios sólidos, Guatemala se hunde en la incertidumbre, dejando espacio a empresas con bajos estándares que amenazan al Estado, las comunidades y el medio ambiente.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: NADA MEJOR, NO MUCHO PEOR
La economía mundial atraviesa un proceso de debilitamiento debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China y a la creciente incertidumbre política internacional. Este panorama ha reducido las proyecciones de crecimiento global para 2019-2020 y ha deteriorado la confianza empresarial, afectando tanto el comercio como la inversión. Para Guatemala, este entorno implica dificultades para recuperar sus exportaciones y atraer capitales externos. Si bien la inversión pública y privada pueden mitigar parcialmente el impacto, su efectividad dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para reducir la incertidumbre política. El gasto público aumentará, aunque su peso sigue siendo limitado. En última instancia, será el consumo de los hogares, sostenido principalmente por las remesas, el que continúe impulsando el modesto crecimiento nacional.