REACTIVACIÓN: PENSAR FUERA DE LA CAJA
La incertidumbre generada por la pandemia ha detenido el consumo y la inversión, mientras los bancos acumulan liquidez sin canalizarla a créditos productivos. Para que la reactivación económica sea sostenible, es clave fomentar los flujos financieros mediante políticas públicas estratégicas, como los fondos de garantía. Estos instrumentos públicos o mixtos cubren parte del riesgo de los préstamos, facilitando el acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, y activando la inversión privada. Presupuestar recursos para establecer estos fondos, con gobernanza y rendición de cuentas, es más eficiente que intentar reactivar la economía únicamente con gasto estatal.
¿LISTOS PARA EL DESPEGUE ECONÓMICO?
Las previsiones del Banco de Guatemala apuntan a un crecimiento de 3.4% para 2019, sustentado en estabilidad macroeconómica y deuda pública relativamente baja. Ante este escenario surgió la discusión sobre si endeudarse más para invertir en infraestructura podría detonar un ciclo de crecimiento sostenido. Sin embargo, depender del gasto público para dinamizar la economía resulta insostenible: aunque la deuda es baja frente al PIB, es elevada respecto a los ingresos fiscales, lo que limita la capacidad de pago del Estado y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Además, confiar la ejecución de grandes proyectos a instituciones débiles y corruptas conlleva alto riesgo de fracaso. El verdadero camino al crecimiento duradero exige fortalecer el estado de derecho, mejorar servicios públicos básicos y generar condiciones que atraigan inversión privada productiva. La infraestructura es importante, pero sin reformas institucionales se convierte en un recurso desperdiciado.
EFECTO DESPLAZAMIENTO A LA VISTA
La política fiscal expansiva adoptada en 2009 para enfrentar la crisis económica mundial ha dejado de ser una medida temporal y ha mantenido un déficit superior al 3% del PIB. Esto ha obligado al gobierno a endeudarse internamente, desviando recursos que podrían haberse destinado al crédito productivo. La creciente deuda pública, junto con la política antiinflacionaria del Banco Central, ha incrementado las tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. Lejos de estimular la economía, el gasto fiscal ahora dificulta la inversión privada, planteando un complejo dilema entre aumentar impuestos o reducir gasto público.