JUSTICIA QUE TAMBIÉN PRODUCE
La seguridad y la justicia no son únicamente funciones esenciales del Estado: también constituyen infraestructura económica. Cuando fallan, aumentan los costos de transacción, disminuye la confianza y se desalientan la inversión y el crecimiento. A partir de mi participación en un foro de FUNDESA sobre seguridad y justicia, analizo tres reformas que podrían fortalecer el marco institucional guatemalteco: el sistema de recompensas por información sobre delitos complejos, los cambios al régimen de prisión preventiva y, especialmente, la modernización de la Ley de Arbitraje. Esta última ofrece la posibilidad de reducir la mora judicial y mejorar la certeza jurídica mediante mecanismos más ágiles de resolución de controversias.
UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA FORTALECER LA ECONOMÍA
El Congreso de la República transita un periodo de baja actividad tras la resaca electoral, con escaso quórum y la mayoría de diputados próximos a concluir su mandato. No obstante, existe una ventana para impulsar una agenda legislativa políticamente viable enfocada en fortalecer la economía. Entre las iniciativas destacan la regulación de insolvencias para dar certeza jurídica, leyes de estabilidad jurídica para inversiones, reformas para infraestructura vial, mejoras en el INE y la creación de una agencia de promoción de inversiones y exportaciones. Su aprobación contribuiría a mejorar el clima de inversión, atraer capital extranjero y optimizar la competitividad del país. La legislatura actual aún tiene la oportunidad de dejar un legado duradero en la economía y el bienestar ciudadano.