LAS LENTAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Aunque hay un estancamiento alarmante en la ejecución del gasto en compras e inversión pública, este no es atribuible a las reformas legales, sino al clima de cautela extrema generado tras los escándalos de corrupción iniciados en 2015. El temor de los funcionarios a incurrir en irregularidades, unido a una fiscalización estricta, ha derivado en parálisis. Relajar las normas sería un retroceso; lo necesario es fortalecer las capacidades técnicas y la institucionalidad con base en estándares internacionales, como los que ofrecen organismos como el Banco Mundial o la OCDE.
LA EXCUSA DE LA PARÁLISIS DEL GASTO
La baja ejecución del gasto en 2016 se explica por la inexperiencia del nuevo gobierno, el temor tras la ofensiva anticorrupción y los ajustes que exige la nueva Ley de Contrataciones. Aunque hay presiones por revertir estas reformas alegando lentitud, el verdadero problema radica en la incapacidad de implementación y en resistencias internas que buscan preservar viejas prácticas.
EL GASTO PÚBLICO Y SU EFICIENCIA
La actual Ley de Compras y Contrataciones en Guatemala enfrenta dos grandes debilidades: la falta de transparencia y la escasa eficiencia, que resultan en altos costos fiscales y oportunidades para la corrupción. Pese a su vigencia, la norma se aplica poco y mal, debido al uso excesivo de mecanismos de excepción. Las reformas técnicas propuestas apuntan a estandarizar procesos, mejorar la supervisión, fomentar la competencia entre proveedores y diferenciar los tipos de contratación. También se plantea flexibilidad para casos de emergencia. El desafío es político: sin voluntad en el Congreso, estos cambios seguirán postergándose.