Los resultados de las pruebas Pisa revelan una crisis profunda en la educación: el 90% de los jóvenes de 15 años no alcanza el nivel mínimo en lectura, matemáticas o ciencias, y Guatemala figura entre los países con peores calificaciones del continente. Pese a esta realidad, el pacto colectivo firmado con el magisterio supone un costo de casi Q5 mil millones anuales para los contribuyentes, sin que ello garantice mejoras en la enseñanza. El problema central no es financiero, sino político, pues el sistema está dominado por prácticas clientelistas, falta de mérito y extorsión sindical. Para revertir la situación, se requiere premiar a los buenos maestros, sancionar a los malos y aplicar controles de asistencia, evaluaciones sistemáticas y contratos vinculados al desempeño. Solo así será posible formar a jóvenes con mejores oportunidades de vida y romper el ciclo de pobreza y exclusión.

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