Entre 2006 y 2015, la minería se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía, con un crecimiento anual superior al 9% y aportes fiscales significativos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2015, con el cierre de minas como Marlin y Tambor, y la suspensión de El Escobal y Fénix por fallos de la Corte de Constitucionalidad, que subrayaron la falta de consultas comunitarias exigidas por el Convenio 169 de la OIT. Como resultado, la actividad minera se desplomó a una tasa negativa del 16% anual, perdiendo relevancia económica y fiscal. A diferencia de países sudamericanos con marcos regulatorios sólidos, Guatemala se hunde en la incertidumbre, dejando espacio a empresas con bajos estándares que amenazan al Estado, las comunidades y el medio ambiente.