La corrupción es un obstáculo crítico para el desarrollo de Guatemala, afectando desde la inversión hasta la calidad de los servicios públicos. Para combatirla se requiere una combinación institucional entre el Ministerio Público y la Contraloría, articuladas por la voluntad política de los tres poderes del Estado. Sin embargo, esta estructura necesita del empuje de una ciudadanía que rechace la impunidad. Los costos de la corrupción son abismales, estimados en miles de millones de quetzales anuales, y su impacto negativo es reconocido tanto por organismos nacionales como internacionales. La renovación de autoridades en 2014 fue vista como una oportunidad, pero solo con vigilancia ciudadana constante se puede lograr un cambio real.