
POCA SOLIDARIDAD, POCA RESPONSABILIDAD
El Congreso cedió ante las exigencias del magisterio al eliminar la obligación de los empleados públicos de aportar a sus propias pensiones, generando un fuerte impacto fiscal. Esta medida, tomada sin debate ni justificación técnica, desvía fondos que podrían usarse para atender urgencias como la desnutrición infantil o la crisis hospitalaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

ASFIXIANDO AL IGGS
El sistema de pensiones del IGSS en Guatemala se enfrenta a una amenaza crítica tras la anulación parcial del Acuerdo 1257, que buscaba ajustar los parámetros de jubilación conforme a proyecciones actuariales. La intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, sin sustento técnico riguroso, compromete la sostenibilidad del programa IVS y debilita la autonomía del IGSS. Mientras organismos internacionales y países de la región avanzan hacia reformas para enfrentar el envejecimiento poblacional, Guatemala sigue anclada en condiciones insostenibles. Si no se toman medidas responsables y con visión de largo plazo, el sistema podría enfrentar una quiebra técnica que afectará a millones de trabajadores y al equilibrio macroeconómico del país.

TRABAJAR MÁS AÑOS
Carlos Slim propuso aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral como forma de aprovechar mejor la experiencia de los adultos y dinamizar el empleo. Más allá del debate ideológico, la realidad demográfica está impulsando a numerosos países a elevar la edad de retiro, debido al creciente costo de las pensiones y al envejecimiento poblacional. Para 2050, se espera que la proporción de personas mayores de 65 años en relación con la población activa casi se duplique, lo que presionará aún más los sistemas de pensiones. En Guatemala, donde la esperanza de vida ha pasado de 54 años en 1970 a más de 72 en 2010, el número de años que un jubilado recibe pensión también ha aumentado, haciendo insostenible el modelo actual. Reformar el sistema previsional se vuelve indispensable para evitar la pobreza en la vejez y asegurar que las futuras generaciones puedan sostenerlo sin sobrecargas financieras insostenibles.