EL AGUJERO NEGRO
El régimen de jubilaciones de los empleados públicos en Guatemala se ha convertido en una grave amenaza para la sostenibilidad fiscal. Su quiebra de facto se refleja en reservas negativas, dependencia crítica y prácticas irregulares como pagos a fallecidos o beneficios indebidos. A esto se suma la incorporación de otros sistemas deficitarios y los reclamos judiciales de contratados bajo renglón 029. Aunque el Presupuesto 2023 advierte del riesgo, también incluye un aumento de Q600 millones para jubilaciones sin respaldo técnico, agravando el problema. Urge una revisión integral del servicio civil y un estudio actuarial que permita reformas antes de que la crisis explote.
OTRO ENORME AGUJERO FISCAL
El sistema de pensiones de los jubilados estatales, conocido como Régimen de Clases Pasivas, se ha convertido en una carga insostenible para las finanzas públicas. Funciona como un esquema de reparto simple donde las cuotas de los trabajadores activos no alcanzan para cubrir los pagos, obligando a financiar más del 50% del gasto con impuestos. En 2023 superó los Q5.1 millardos, un monto mayor al presupuesto de ministerios clave, y sigue creciendo. La falta de un fondo de reserva, la mala gobernanza y prácticas abusivas han profundizado el déficit. Urge una reforma que ponga orden, garantice sostenibilidad y transparente la administración.
PENSIONES DEMAGÓGICAS
La demagogia política recurre a promesas atractivas pero inviables, y entre ellas destacan las propuestas de incrementar las pensiones de los jubilados del Estado. En el contexto electoral actual, varias iniciativas en el Congreso ofrecen aumentos sustanciales sin estudios técnicos ni respaldo financiero, lo que implicaría un costo superior a Q2 mil millones anuales. Este gasto superaría los presupuestos de varios ministerios juntos, comprometiendo la inversión pública, generando mayor déficit y elevando el endeudamiento. Además, contradice advertencias previas del propio Congreso sobre la fragilidad del sistema de clases pasivas. Estas propuestas, más que buscar soluciones reales, explotan emociones y votos fáciles a costa de la estabilidad fiscal y del futuro del país.
POCA SOLIDARIDAD, POCA RESPONSABILIDAD
El Congreso cedió ante las exigencias del magisterio al eliminar la obligación de los empleados públicos de aportar a sus propias pensiones, generando un fuerte impacto fiscal. Esta medida, tomada sin debate ni justificación técnica, desvía fondos que podrían usarse para atender urgencias como la desnutrición infantil o la crisis hospitalaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
ASFIXIANDO AL IGGS
El sistema de pensiones del IGSS en Guatemala se enfrenta a una amenaza crítica tras la anulación parcial del Acuerdo 1257, que buscaba ajustar los parámetros de jubilación conforme a proyecciones actuariales. La intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, sin sustento técnico riguroso, compromete la sostenibilidad del programa IVS y debilita la autonomía del IGSS. Mientras organismos internacionales y países de la región avanzan hacia reformas para enfrentar el envejecimiento poblacional, Guatemala sigue anclada en condiciones insostenibles. Si no se toman medidas responsables y con visión de largo plazo, el sistema podría enfrentar una quiebra técnica que afectará a millones de trabajadores y al equilibrio macroeconómico del país.
TRABAJAR MÁS AÑOS
Carlos Slim propuso aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral como forma de aprovechar mejor la experiencia de los adultos y dinamizar el empleo. Más allá del debate ideológico, la realidad demográfica está impulsando a numerosos países a elevar la edad de retiro, debido al creciente costo de las pensiones y al envejecimiento poblacional. Para 2050, se espera que la proporción de personas mayores de 65 años en relación con la población activa casi se duplique, lo que presionará aún más los sistemas de pensiones. En Guatemala, donde la esperanza de vida ha pasado de 54 años en 1970 a más de 72 en 2010, el número de años que un jubilado recibe pensión también ha aumentado, haciendo insostenible el modelo actual. Reformar el sistema previsional se vuelve indispensable para evitar la pobreza en la vejez y asegurar que las futuras generaciones puedan sostenerlo sin sobrecargas financieras insostenibles.