CORREGIR SOBRE LA MARCHA
La prioridad de las políticas públicas frente a la pandemia debe ser resguardar la cohesión social y la gobernabilidad, mediante medidas sanitarias, sociales y económicas ajustadas a cada fase de la crisis. Aunque el gobierno reaccionó rápido en la contención, la etapa de mitigación ha revelado graves retrasos en la ejecución de fondos, como los del Ministerio de Salud y el Bono Familia. Programas clave para apoyar a trabajadores y empresas avanzan lentamente, con bajos niveles de desembolso. Se requiere mayor eficiencia, transparencia y flexibilidad para rediseñar estos mecanismos y convertirlos en programas permanentes que sostengan la recuperación y protejan a los más vulnerables.
ECONOMÍA A MEDIO CERRAR
Guatemala adoptó temprano medidas de distanciamiento, aunque menos estrictas que en otros países, lo cual permitió ganar tiempo para fortalecer la capacidad hospitalaria y reunir recursos. Sin embargo, su realidad difiere profundamente de la de los países ricos: baja proporción de adultos mayores, alta informalidad laboral, hogares hacinados y pobreza generalizada. Estas condiciones hacen inviable un confinamiento prolongado sin generar desesperación y riesgo de ingobernabilidad. El reto ahora es doble: agilizar la compra de suministros médicos y anunciar un plan de desescalada gradual. La estrategia debe enfocarse en grupos vulnerables y en medidas sanitarias prácticas que permitan reabrir la economía con responsabilidad.
ETAPAS Y POLÍTICAS PARA LA CRISIS
La evolución del covid-19 se organiza en etapas, cada una con nodos de políticas públicas clave. En la contención, el distanciamiento social y la ampliación hospitalaria buscan evitar el colapso sanitario. En la mitigación, se requieren medidas de asistencia humanitaria y apoyo económico para empresas y empleos, aunque la ejecución aún es lenta. La reapertura económica deberá estructurarse en fases y protocolos según riesgos y beneficios sectoriales. Finalmente, la reactivación exigirá incentivos a empresas adaptadas, reorientación del presupuesto y reformas institucionales. Aunque corresponden a momentos distintos, los nodos deben traslaparse: anunciar con claridad la reapertura es esencial para dar certeza económica y sostener la gobernabilidad.
PARA ACABAR CON LAS MAFIAS TRANSNACIONALES
El crimen organizado en el Triángulo Norte genera millones de dólares, fomenta la corrupción y amenaza la estabilidad democrática. Las políticas de prohibición absoluta han fracasado, al igual que ocurrió con la prohibición del alcohol en los años treinta y la guerra contra las drogas en los ochenta. Economistas como Emmanuelle Auriol proponen un enfoque alternativo que combine legalización parcial, represión y educación para reducir el poder de las mafias y restarles rentabilidad. En el caso de las drogas, la regulación del mercado de la marihuana ya muestra avances al desplazar a los narcotraficantes. Para la migración irregular, Auriol sugiere un modelo de subasta de visas a empresas que necesitan mano de obra, lo que transparentaría los beneficios económicos. Guatemala y otros países pequeños deberían impulsar estas propuestas en foros regionales y con Estados Unidos.
FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
El buen funcionamiento del Estado depende de que el gasto público se ejecute con eficiencia y transparencia, lo que requiere un sistema de fiscalización sólido y preventivo. En Guatemala, dicho sistema debería sostenerse en tres pilares: la Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría Interna (UDAIs) y el Congreso de la República, cada uno con responsabilidades específicas que hoy se cumplen de manera deficiente. La ausencia de controles efectivos ha dejado a la vía penal como único mecanismo para frenar la corrupción, en lugar de prevenirla desde la gestión administrativa. Fortalecer a la Contraloría, empoderar a las UDAIs y exigir al Congreso el cumplimiento de su rol fiscalizador son pasos urgentes. Las reformas legales, incluyendo mayor independencia del contralor y regulación de conflictos de interés, son imprescindibles.
POR QUÉ TRUINFAN LAS NACIONES
El McKinsey Global Institute identificó los factores comunes de los países emergentes con mayores crecimientos sostenidos del ingreso per cápita. Casos como China, Corea del Sur y Singapur muestran que la clave es un consenso nacional para priorizar el crecimiento económico y alinear la agenda pública hacia la productividad, los ingresos y la demanda. Esto requiere inversión en infraestructura, tecnología y capital humano, mercados laborales flexibles, estabilidad social, políticas macroeconómicas ágiles y apertura al comercio internacional, todo sustentado en instituciones sólidas y eficientes. Guatemala, con un crecimiento per cápita inferior al 1 % anual en la última década, debe entender que no existen atajos y que la salida del subdesarrollo pasa por liderazgo político y social capaz de sostener una agenda integral y persistente de transformación productiva.
LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y SUS CAUSAS
La economía nacional pasó de crecer arriba del 3.5% a solo 2.5%, afectada por choques externos, pérdida de competitividad y parálisis en sectores clave. Sin embargo, el factor más grave es la falta de confianza derivada de la polarización política, la conflictividad social y la ausencia de políticas claras. Superar el estancamiento requiere medidas fiscales y monetarias inmediatas, pero sobre todo acuerdos básicos que restauren la confianza y preparen el camino hacia un crecimiento sostenido mayor al 5%.
PARA AUMENTAR EL BIENESTAR
El desarrollo sostenible de Guatemala depende menos de fórmulas mágicas externas y más de un compromiso firme por elevar la productividad. Aumentar el PIB sin mejorar la eficiencia en el uso de los recursos es insuficiente para reducir la pobreza. La clave está en generar un entorno institucional y político que habilite a las empresas a adoptar mejores prácticas, innovar y crecer. Para lograrlo, el país necesita políticas públicas que impulsen el conocimiento, la inversión, la competencia y la movilidad social.
ESPERANZA EN LA INFRAESTRUCTURA
El crecimiento económico de Guatemala permanece estancado en un mediocre 3.5% anual, incapaz de generar empleo formal o reducir la pobreza. Ni el consumo privado, ni las exportaciones, ni el gasto público actual ofrecen una vía sostenible para el desarrollo. El único motor viable es la inversión en infraestructura, pero su desplome, la falta de priorización técnica, el débil compromiso político y la corrupción frenan cualquier avance. Sin una apuesta clara y transparente por grandes obras públicas, Guatemala seguirá atrapada en un ciclo de bajo crecimiento e inestabilidad social.
SIN INNOVACIÓN NO HAY PROGRESO
El crecimiento económico de Guatemala no puede sostenerse solo en inversión o trabajo, sino que necesita urgentemente mejorar el uso de sus recursos a través de la innovación. La innovación no requiere genios, sino un entorno que permita aplicar ideas nuevas de forma práctica. Desde la Cajita Feliz hasta el Irtra, los ejemplos locales son escasos. Mejorar la educación, la infraestructura y la institucionalidad es clave para construir un ecosistema que transforme ideas en progreso real.
DESPUÉS DE LA CRISIS VISIÓN PESIMISTA
A pesar de haber resistido con relativa solidez la crisis económica mundial de hace cinco años, Guatemala no aprovechó la coyuntura para impulsar reformas de largo plazo que fortalezcan su crecimiento. Aunque se mantuvo la estabilidad macroeconómica y cierta apertura comercial, el país sigue fallando en aspectos clave como el ahorro e inversión, la eficiencia del mercado, la calidad del gobierno y la cohesión social. Estas seis características, identificadas por el Banco Mundial como esenciales para un desarrollo sostenido, siguen pendientes. El llamado es claro: no basta con sobrevivir las crisis, hay que construir futuro desde ahora.
SOLUCIONES INSTANTÁNEAS (I)
La sociedad guatemalteca muestra una tendencia a buscar soluciones rápidas y mágicas ante sus desafíos, desde la vida personal hasta el ámbito estatal, dejando de lado la virtud de la perseverancia. Esta cultura del atajo y el mínimo esfuerzo impulsa prácticas riesgosas y poco sostenibles, como la corrupción, la sobrevaloración en contratos y posturas radicales en temas ambientales. Asimismo, la falta de compromiso para construir políticas públicas sólidas en juventud, desarrollo rural, seguridad social e inclusión social evidencia una preferencia por medidas superficiales y populistas. Sin embargo, el verdadero progreso requiere dedicación, paciencia y trabajo constante para construir instituciones fuertes y soluciones duraderas que beneficien a toda la sociedad.
UN LIBRO SOBRE LA SEMANA SANTA
El libro El Valor Económico de la Semana Santa en la Antigua Guatemala muestra cómo una manifestación religiosa y cultural puede ser también un fenómeno económico de alto impacto. Con una metodología adaptada de estudios realizados en Andalucía, se logró cuantificar el efecto multiplicador de esta tradición: por cada quetzal invertido se generan 165 más en la economía local. La investigación resalta el papel de las hermandades, los actores económicos, la infraestructura cultural y la identidad patrimonial de La Antigua como ejes clave del desarrollo cultural sostenible. La obra busca promover políticas públicas que reconozcan a la cultura como motor estratégico del país.
UN PACTO POLÍTICO PROMISORIO
El Pacto por México, firmado entre el presidente y los principales partidos políticos de ese país, representa un ejemplo de madurez democrática que Guatemala aún no ha podido replicar. Este acuerdo incluye compromisos concretos para impulsar la educación, la transparencia, el desarrollo rural y la competitividad económica. Además, contempla reformas fiscales, constitucionales y legales sustentadas en el consenso y no en la imposición. Frente a la fragmentación política guatemalteca y la ausencia de políticas de Estado, este ejemplo ajeno ofrece una lección urgente: sin pactos duraderos y orientados al bien común, el país seguirá atrapado en el estancamiento institucional y la desigualdad.
LA BRECHA URBANO-RURAL
La brecha entre las zonas urbanas y rurales en Guatemala sigue siendo abismal, marcada por pobreza, baja productividad y un abandono institucional crónico. La falta de coordinación estatal y la inexistencia de políticas públicas sostenidas y bien orientadas perpetúan la desigualdad. El 39% de la población trabaja en el campo, pero sólo genera el 13% del PIB, reflejo directo de la baja productividad. Frente a esta realidad, se necesitan políticas que fomenten excedentes económicos, inclusión social y una institucionalidad sólida. Sin embargo, propuestas como la Ley 4084 no solo ignoran estas prioridades, sino que podrían empeorar la situación por su enfoque errático y antitécnico.
PRAGMATISMO VERSUS DOGMATISMO
La viabilidad económica y política de Guatemala depende de políticas públicas sostenidas que impulsen el desarrollo rural mediante el consenso técnico y el pragmatismo. La polarización ideológica ha frenado avances urgentes, dificultando acuerdos sobre medidas claves como la inversión en productividad agrícola, el acceso a mercados confiables y la mejora de infraestructura básica. Propuestas como la de IPNUSAC-IARNA, aunque imperfectas, ofrecen puntos de partida. En contraste, ideas maximalistas como la soberanía alimentaria pueden derivar en proteccionismo ineficaz. Es urgente abandonar la retórica dogmática y avanzar hacia una agenda técnica basada en evidencia y diálogo realista.
PARA ABORDAR EL DESARROLLO RURAL
La pobreza y la baja productividad son los principales desafíos del área rural en Guatemala. Expertos como Abhijit Banerjee sostienen que la solución pasa por una transición desde la agricultura tradicional hacia sectores más productivos, sin descuidar el agro. La propuesta conjunta de IARNA e IPNUSAC aboga por una política nacional de desarrollo rural basada en consensos y enfoques integrales que combinen productividad, sostenibilidad y ciudadanía. A pesar de sus aportes, la iniciativa incluye puntos débiles como subsidios polémicos o leyes inaplicables, que deben resolverse para que esta propuesta se convierta en una verdadera hoja de ruta de largo plazo.