La brecha entre las zonas urbanas y rurales en Guatemala sigue siendo abismal, marcada por pobreza, baja productividad y un abandono institucional crónico. La falta de coordinación estatal y la inexistencia de políticas públicas sostenidas y bien orientadas perpetúan la desigualdad. El 39% de la población trabaja en el campo, pero sólo genera el 13% del PIB, reflejo directo de la baja productividad. Frente a esta realidad, se necesitan políticas que fomenten excedentes económicos, inclusión social y una institucionalidad sólida. Sin embargo, propuestas como la Ley 4084 no solo ignoran estas prioridades, sino que podrían empeorar la situación por su enfoque errático y antitécnico.