NOS CONTENTAMOS CON POCO
Guatemala ha mostrado una notable resiliencia ante crisis internas y externas, creciendo un promedio anual de 3.5 % en las últimas dos décadas. Sin embargo, este ritmo es insuficiente para alcanzar los niveles de desarrollo de países como México o Colombia. Para acelerar su progreso, el país debe centrarse en cinco ejes: aumentar la productividad mediante certeza jurídica y servicios públicos eficientes; fomentar la inversión en infraestructura; impulsar el comercio internacional; aprovechar el potencial del sector servicios con innovación y digitalización; y mantener políticas fiscales y monetarias sólidas. Solo con un crecimiento más alto, sostenido e incluyente podrá lograrse un verdadero desarrollo económico y social.
PRODUCIR MÁS
El crecimiento sostenible y la mejora de los niveles de vida dependen del aumento de la productividad, no solo del estímulo a la demanda. En Guatemala, la productividad laboral se ha mantenido estancada durante décadas, limitando el progreso social y económico. Para que los ingresos y el bienestar de la población mejoren de forma duradera, las políticas públicas deben centrarse en impulsar la eficiencia, la innovación y la capacidad de producción del país.
ECONOMÍA DE REMESAS
Las remesas familiares son hoy uno de los principales motores de la economía guatemalteca, representando más del 15 % del PIB y sosteniendo el consumo y el bienestar de millones de hogares. Sin embargo, esta dependencia entraña riesgos: puede generar escasez de mano de obra, encarecer la producción y perjudicar la competitividad de las exportaciones. Además, el flujo de remesas no es eterno y podría reducirse con el tiempo. Para enfrentar este riesgo, se requiere fortalecer las instituciones, mejorar el clima de negocios y promover la bancarización de los receptores, garantizando un uso más productivo y sostenible de esos recursos.
CÓMO ATRAER INVERSIONES
La inversión es el motor del crecimiento económico, pues genera activos productivos que aumentan la productividad y los ingresos. En Guatemala, sin embargo, la inversión representa menos del 15% del PIB, muy por debajo del promedio regional y en tendencia descendente. Aunque existe estabilidad macrofiscal, la falta de confianza institucional, infraestructura deficiente y corrupción frenan el desarrollo. Según el World Economic Forum, los mayores obstáculos a los negocios son de carácter institucional más que financiero. Para revertir esta situación, el país debe fortalecer el Estado de derecho, mejorar la eficiencia gubernamental, reducir la burocracia y garantizar la seguridad y transparencia, creando así un clima propicio para atraer inversiones sostenibles y generar progreso real.
MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO
Guatemala enfrenta una coyuntura económica marcada por la inflación y el riesgo de crisis alimentaria, pero sus verdaderos desafíos son estructurales y de largo plazo. El FMI destaca que, aunque la economía fue resistente durante la pandemia, persisten amplias brechas en educación, infraestructura, gobernabilidad y productividad. Para lograr un crecimiento sostenido, el país debe aprovechar su dividendo demográfico, reducir la emigración y fortalecer las instituciones. Reformar el mercado laboral, mejorar el clima de negocios, modernizar el sistema educativo y profesionalizar la gestión de infraestructura son pasos esenciales. Trascender las políticas públicas urgentes hacia las importantes es el camino para asegurar un desarrollo inclusivo y duradero.
EL CRECIMIENTO COMO PRIORIDAD
Tras la recuperación económica de 2021-22, el crecimiento proyectado del 3.5% resulta insuficiente para mejorar de manera significativa el bienestar de la población. El desafío es lograr un crecimiento más rápido, sostenible e incluyente, pues estas dimensiones son complementarias, no excluyentes. El crecimiento impulsa empleos, ingresos, resiliencia y educación, y puede favorecer tanto la inclusión social como la sostenibilidad ambiental si los excedentes se canalizan correctamente. Para ello, es indispensable elevar la productividad, mediante tecnología, educación e instituciones sólidas que generen confianza y cohesión social, asegurando así un progreso amplio y duradero.
POLÍTICA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO
Tras el repunte económico de 2021 y 2022, Guatemala enfrentará un retorno al bajo crecimiento tendencial cercano al 3.5%. La causa central es la baja productividad, originada en la deficiente provisión de bienes públicos como seguridad, justicia, educación e infraestructura, así como en políticas que distorsionan la economía. Este estancamiento puede fomentar frustración social, abrir espacio al populismo y, con ello, a decisiones que deterioren aún más la estabilidad económica. Para revertirlo, no basta con disciplina macroeconómica: se requiere fortalecer las instituciones políticas, garantizar el Estado de derecho y promover políticas que mejoren la productividad y la movilidad social.
2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)
Aunque Guatemala mantiene estabilidad macroeconómica, su crecimiento ha sido históricamente bajo, con uno de los peores desempeños de PIB per cápita en Centroamérica y Latinoamérica. Las principales causas son la reducida inversión en infraestructura, inferior al 15% del PIB, y una productividad laboral estancada durante décadas. Superar este desafío estructural exige garantizar certeza jurídica y fortalecer instituciones que generen confianza, promuevan inversión y permitan la adopción de tecnologías. Reformar sistemas como justicia, servicio civil, partidos políticos y regulación de mercados es indispensable para mejorar la productividad sistémica, asegurar crecimiento sostenido y ampliar las oportunidades de bienestar para la población.
POLÍTICAS SOCIALES Y DESARROLLO
Las políticas sociales en Guatemala han carecido de coherencia y continuidad, lo que limita su impacto en la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Estas deben concebirse como complemento de las políticas económicas, ya que juntas fortalecen la demanda interna y el crecimiento. Sin embargo, la baja productividad laboral —una de las más rezagadas del continente y estancada por 15 años— refleja el peso de un entorno institucional débil. Migrantes que prosperan en otros países demuestran cómo la productividad depende del contexto. Por ello, fortalecer justicia, gobernanza y gestión pública es esencial para políticas sociales eficaces.
LA CAUSA FUNDAMENTAL DE LA MIGRACIÓN
El plan del Ejecutivo de encargar al Ministerio de Desarrollo una encuesta sobre pobreza y migración resulta innecesario, pues ya existen datos del INE y abundante evidencia que explica el fenómeno: los guatemaltecos migran porque en Estados Unidos pueden generar ingresos cinco veces mayores que en su país. La diferencia radica en la productividad, impulsada por instituciones sólidas, certeza jurídica y servicios públicos de calidad que permiten a los trabajadores desarrollarse. En Guatemala, la clave no es inventar nuevas encuestas, sino fortalecer al INE y aplicar reformas que mejoren la gobernabilidad, la inversión y la productividad para reducir sosteniblemente la migración.
A PURAS REMESAS Y CONSUMO
El crecimiento reciente se debe al rebote del consumo interno sostenido por remesas enviadas desde Estados Unidos, cuyo dinamismo laboral y estímulos fiscales impulsan la recuperación guatemalteca. Sin embargo, no es resultado de políticas nacionales. Los riesgos siguen presentes: baja cobertura de vacunación, tercera ola de contagios y debilidad institucional, factores que amenazan la confianza y la estabilidad económica. Aunque la producción recuperará niveles de 2019, el crecimiento no superará el 3.5% anual, cifra insuficiente para reducir pobreza o desigualdad. La clave está en elevar la productividad y fortalecer instituciones políticas y económicas que permitan salir de la mediocridad estructural.
MEDIDAS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO
Tras la recesión provocada por la pandemia, Guatemala experimenta un rebote económico que podría estancarse si no se impulsa la productividad. Aunque las grandes reformas institucionales solo rinden frutos en el mediano plazo, existen medidas inmediatas para fortalecer sectores dinámicos y facilitar la transición de aquellos más golpeados. Entre ellas figuran la regulación del trabajo a tiempo parcial, programas de capacitación tecnológica, un seguro de desempleo, un marco legal de insolvencias, esquemas de garantía crediticia y mecanismos de arbitraje. Estas herramientas ya cuentan con propuestas concretas; lo que falta es que los tres poderes del Estado las prioricen y ejecuten.
PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO
En Guatemala, las últimas tres décadas de crecimiento económico se explican mayormente por el trabajo y el capital, mientras que la productividad ha aportado casi nada. Con la disminución futura del crecimiento de la población en edad laboral y los rendimientos decrecientes de la inversión en capital, el aumento de la productividad es indispensable para lograr prosperidad, empleo formal y reducción de la pobreza. Un estudio del Banco Mundial señala que impulsar la productividad requiere reformas integrales en educación, infraestructura, eficiencia de mercados, clima de negocios, innovación y calidad institucional, incluyendo seguridad jurídica, derechos de propiedad y combate a la corrupción.
HAY QUE SUSTENTAR LA REACTIVACIÓN
El confinamiento y los efectos de la pandemia provocaron shocks de oferta y demanda que el gobierno intentó mitigar con programas de emergencia financiados con más de Q20 millardos en deuda pública. Sin embargo, la lenta ejecución y el mal diseño limitan su efectividad. Los programas de préstamos, si se convierten en fondos de garantía y se blindan con buena gobernanza, pueden impulsar la reactivación. Además del financiamiento, se requieren cambios regulatorios, capacitación laboral y una apuesta por reformas estructurales en instituciones clave del Estado. Solo con visión y acción estratégica será posible transformar la crisis en una oportunidad de fortalecimiento nacional.
SALUD PÚBLICA Y PROSPERIDAD ECONÓMICA
El deficiente sistema de salud guatemalteco, ubicado en el puesto 125 del Índice de Seguridad Sanitaria Global, quedó en evidencia con la pandemia. La falta de servicios adecuados no solo afecta vidas, también reduce productividad y PIB, con pérdidas equivalentes al 15% de la economía. Estudios muestran que invertir en salud genera retornos de hasta cuatro veces lo invertido, pero el aumento presupuestario reciente no se ha traducido en mejoras reales. La crisis sanitaria ofrece una oportunidad para emprender una reforma integral: fortalecer al Ministerio de Salud, priorizar la prevención y adoptar mejores prácticas internacionales que conviertan la salud en motor de desarrollo.
CRECIMIENTO E INCLUSIÓN: EL DOBLE DESAFÍO
El crecimiento económico del país se mantiene estable pero demasiado lento en comparación con otras economías emergentes, debido a la debilidad institucional y la escasa productividad. La expansión del PIB se ha sostenido principalmente por el aumento de la fuerza laboral, pero este factor pronto dejará de ser suficiente. Según estudios internacionales, el país carece de dos elementos clave para dinamizar su desarrollo: una base sólida de empresas medianas que impulsen innovación y empleo formal, y una clase media con ingresos productivos que active el consumo interno. Experiencias exitosas en países como Chile, Colombia y Perú muestran que la clave está en reformar las instituciones, mejorar la eficacia del Estado y fomentar un entorno favorable para la inversión y el emprendimiento. Solo así se podrá lograr crecimiento sostenido con inclusión social.
HAY QUE INVERTIR EN CAPITAL HUMANO
El capital humano es tan importante para el crecimiento económico como el capital físico, ya que invertir en la educación, salud y nutrición de las personas incrementa la productividad y genera bienestar social. El Banco Mundial mide estos avances a través del Índice de Capital Humano (ICH), que ubica a Guatemala en una posición alarmantemente baja: puesto 104 de 157 países, y penúltimo en el continente, solo por encima de Haití. Entre 2012 y 2017, el progreso fue mínimo, pasando de 0.44 a 0.46 puntos sobre 1. Esto refleja profundas deficiencias en educación de calidad, salud infantil y combate a la desnutrición. Aunque mejorar el capital humano podría duplicar el PIB per cápita a futuro, la falta de incentivos políticos a corto plazo limita la acción. Aun así, la presión social y la urgencia del rezago podrían abrir espacio para priorizar políticas públicas que fortalezcan la inversión en las personas.
LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO MEDIOCRE
Aunque la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a crisis globales y ha mantenido estabilidad macroeconómica, su crecimiento per cápita sigue siendo muy lento en comparación con otras economías de América Latina y Asia. Esta discrepancia evidencia que la estabilidad no garantiza progreso, y que factores estructurales, como la debilidad de las instituciones públicas y republicanas, pueden estar limitando la capacidad del país para generar bienestar material sostenido. Aun con avances tecnológicos y cierta mejora en la calidad de vida, la economía continúa rezagada, poniendo en evidencia la urgencia de reformas que impulsen la productividad, fortalezcan las instituciones y aceleren el crecimiento económico.
ESTADO DÉBIL, ECONOMÍA DÉBIL
La debilidad del Estado y la disfuncionalidad de sus instituciones son la raíz del bajo desarrollo económico y la escasa productividad del país. La lentitud y corrupción en los tribunales dificultan el cumplimiento de contratos, restringiendo el acceso al crédito y limitando la expansión de nuevos emprendedores. La infraestructura deficiente, la burocracia excesiva y la falta de certeza jurídica obligan a las empresas a depender de recursos propios, fortaleciendo estructuras familiares cerradas y debilitando la innovación y la apertura de mercados. Esta falta de confianza generalizada impide un crecimiento sostenible y equitativo. Para superar el atraso, se requieren reformas profundas en justicia, gasto público, servicio civil y sistema político, sin las cuales la modernización seguirá siendo una meta lejana.
ESTADO DE DERECHO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El lento crecimiento económico del país refleja la baja productividad sistémica y la debilidad de sus instituciones públicas, lo que impide al Estado proveer servicios esenciales como seguridad, justicia, infraestructura, educación y salud. La crisis política reciente evidencia y agrava esta disfuncionalidad institucional, afectando la inversión y el desarrollo económico. A largo plazo, la pérdida de institucionalidad puede derivar en riesgos de gobernabilidad y fracaso económico, tal como muestran ejemplos internacionales. Garantizar el respeto al Estado de Derecho es esencial para promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y mantener una democracia funcional.