LA REFORMA DEL SECTOR JUSTICIA
La reforma del sistema de justicia en Guatemala es una necesidad impostergable ante su fragilidad institucional y su impacto negativo en el desarrollo económico y social. Aunque forma parte de una agenda más amplia que incluye educación, salud y lucha contra la corrupción, es la única transformación que avanza con respaldo político. Existen puntos de debate sobre el alcance de los cambios y si deben implicar una reforma constitucional. Sin embargo, la elección de magistrados, la carrera judicial o la estructura del Ministerio Público requieren modificaciones profundas que garanticen independencia y eficiencia en el sistema.
GOBIERNO CORPORATIVO Y LOS TRIBUNALES
La ineficiencia del sistema judicial guatemalteco se origina, en gran medida, en la falta de una estructura administrativa profesional. Jueces y magistrados, carentes de formación gerencial, asumen tareas administrativas que entorpecen su labor jurisdiccional. A pesar de reconocer esta sobrecarga, muchos se resisten a delegar, pues esas funciones representan estatus y poder. La solución pasa por adoptar prácticas de buen gobierno corporativo, separando claramente las funciones administrativas y jurisdiccionales, sometiendo a las instituciones a auditorías externas y garantizando transparencia. Como en los sistemas judiciales desarrollados, se propone delegar la gestión diaria a administradores profesionales, lo que permitiría a los magistrados centrarse en impartir justicia. La legitimidad del sistema judicial depende de su capacidad para ofrecer justicia pronta, eficaz y accesible; si no se logra, se pone en riesgo la gobernabilidad.