La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha demostrado falta de responsabilidad en la fiscalización de obras públicas, fideicomisos y fondos estatales, contribuyendo a problemas como la “deuda de arrastre”. Frente a ello, un dictamen legislativo propone reformas que fortalecen sus atribuciones, autonomía, profesionalización y transparencia, obligando a la CGC a ejercer un control más riguroso y público. La oposición de la contralora a estas reformas parece estar ligada a la pérdida de discrecionalidad en la gestión de multas y recursos internos. Pese a ciertas áreas perfectibles, las reformas son necesarias para combatir la corrupción y fortalecer el sistema democrático.