¿ES MOMENTO DE REPENSAR EL ESTADO?
La crisis del Covid-19 dejó al descubierto la fragilidad institucional de Guatemala y la incapacidad del Estado para proveer servicios públicos esenciales como salud, justicia e infraestructura. Durante la pandemia, las deficiencias se reflejaron en corrupción, retrasos en ayudas, falta de datos confiables y ausencia de cuadros técnicos. Sin embargo, también se confirmó el valor de instituciones sólidas como la disciplina fiscal y monetaria, que permitieron enfrentar la recesión con estabilidad. Superada la emergencia, el reto no es volver a la antigua “normalidad mediocre”, sino emprender una reforma institucional que modernice el Estado y siente bases para un desarrollo sostenible.
A MÁS CONFRONTRACIÓN, MENOS INVERSIÓN
El clima de confrontación y polarización en Guatemala ha deteriorado la comunicación entre sectores con opiniones distintas, afectando la confianza, la inversión y la estabilidad económica. La percepción internacional también se ha visto impactada, con alertas sobre el riesgo-país y posibles reducciones en los flujos de capital. Superar la crisis exige madurez política, disposición a ceder y aceptar compromisos, así como reformas profundas que fortalezcan la justicia y la institucionalidad, elementos esenciales para restablecer la confianza y el crecimiento económico.
¿SE CIERRA LA VENTANA DE OPORTUNIDAD?
En 2015, la indignación ciudadana frente a la corrupción generó una oportunidad sin precedentes para transformar el Estado guatemalteco. Sin embargo, la falta de una agenda priorizada y de liderazgos sólidos impidió canalizar ese momento histórico en reformas efectivas. En lugar de avances estructurales, el país quedó atrapado en divisiones internas y en una parálisis institucional que ha debilitado tanto la acción del gobierno como la confianza empresarial. El verdadero costo no provino del combate a la corrupción, sino de no haber aprovechado la coyuntura para implementar cambios fundamentales.