El régimen de jubilaciones de los empleados públicos representa un grave riesgo para las finanzas nacionales debido a su déficit estructural, falta de control y opacidad en la gestión. El sistema de Clases Pasivas Civiles opera con reservas negativas y depende del presupuesto estatal para cubrir pagos, agravado por registros inexactos, pensiones indebidas y absorción de otros regímenes. Aunque el proyecto de Presupuesto 2023 reconoce este riesgo, contradice su propio diagnóstico al incluir un aumento de Q600 millones en jubilaciones sin estudios técnicos. Urge una auditoría integral del número real de empleados públicos, un estudio actuarial del sistema y reformas legales que garanticen su sostenibilidad fiscal a largo plazo.