¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?
El informe “Guatemala: ¿Qué país queremos?” del CES identifica propuestas para estructurar un eventual diálogo nacional, centradas en cuatro ámbitos: reformas institucionales que garanticen certeza jurídica; acciones económicas para incrementar productividad y crecimiento; medidas ambientales y urbanas que promuevan sostenibilidad; y fortalecimiento social que fomente la cultura de paz. La implementación enfrenta desafíos significativos, como la falta de perseverancia en políticas públicas y la resistencia al cambio. Priorizar iniciativas clave, como la reestructuración del sistema electoral y el combate a la desnutrición, es esencial para avanzar. El diálogo debe armonizarse con esfuerzos existentes para evitar rezagos frente a otros países.
COLAPSO EN CÁMARA LENTA
Guatemala enfrenta un colapso progresivo en su infraestructura pública, reflejado en el desplome de la calidad de sus carreteras y en la caída de la inversión, que hoy representa la mitad de lo destinado hace 25 años. El problema no es únicamente de recursos, sino de un sistema de inversión pública deficiente, opaco y vulnerable a la corrupción. Sin instituciones sólidas que planifiquen, evalúen y ejecuten proyectos con eficiencia y transparencia, cualquier aumento presupuestario seguirá produciendo obras costosas y de baja calidad. Reformar la gobernanza de la infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.
REFORMAR EL TSE
El TSE ha perdido credibilidad y confianza por prácticas cuestionables y por concentrar funciones operativas que deberían ser administrativas. Para fortalecerlo, los magistrados deberían enfocarse exclusivamente en la justicia electoral y en la estrategia del sistema de partidos, mientras que la administración recaería en un ente técnico. Además, el TSE podría emular tribunales exitosos de otros países mediante plazos largos, renovación escalonada de magistrados y evaluaciones efectivas de méritos. Reformar este pilar institucional es vital para proteger la democracia guatemalteca, pero su implementación depende de un Congreso que difícilmente percibe beneficios inmediatos, aunque las consecuencias de no actuar serán graves a largo plazo.
PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO
En Guatemala, las últimas tres décadas de crecimiento económico se explican mayormente por el trabajo y el capital, mientras que la productividad ha aportado casi nada. Con la disminución futura del crecimiento de la población en edad laboral y los rendimientos decrecientes de la inversión en capital, el aumento de la productividad es indispensable para lograr prosperidad, empleo formal y reducción de la pobreza. Un estudio del Banco Mundial señala que impulsar la productividad requiere reformas integrales en educación, infraestructura, eficiencia de mercados, clima de negocios, innovación y calidad institucional, incluyendo seguridad jurídica, derechos de propiedad y combate a la corrupción.
PARA SALIR DE ESTA LARGA PANDEMIA
El FMI proyecta un crecimiento del 4.5% para Guatemala en 2021, tras la caída de 1.5% causada por la pandemia. Sin embargo, la persistencia del Covid-19 y sus secuelas estructurales, como la afectación de ingresos de la clase media, el cierre escolar prolongado y los déficits fiscales, generan incertidumbre sobre estas proyecciones. La prioridad inmediata es acelerar la vacunación masiva y fortalecer los sistemas de salud, mientras que en el mediano y largo plazo se requiere un esfuerzo triple: reformas institucionales, ampliación del acceso a infraestructura y servicios, y medidas fiscales que recuperen la sostenibilidad y fomenten el crecimiento económico.
UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN
El reciente informe del BID sobre Centroamérica subraya la urgencia de enfrentar desigualdad y descontento social tras la pandemia, señalando para Guatemala la necesidad de fortalecer la institucionalidad. En paralelo, el Consejo Económico y Social (CES) presentó su Plan de Reactivación Económica y Social (PRES), que integra medidas ya discutidas —como competitividad, desarrollo rural y empleo digno— con componentes estructurales claves: transparencia en el gasto, sostenibilidad fiscal, reforma del servicio civil y sistemas de información confiables. No obstante, el plan aún es general y requiere priorización, propuestas concretas y reformas profundas en instituciones como INE, ONSEC, Contraloría y justicia.
MOMENTO DE SER PROACTIVOS
El ascenso de Joe Biden ha puesto al Triángulo Norte en la agenda prioritaria de Estados Unidos, con un plan de cuatro años y 4 mil millones de dólares destinados a combatir pobreza, violencia y corrupción, buscando frenar la migración y el narcotráfico. Aunque el plan plantea inversión privada y reformas institucionales, no especifica medidas concretas, lo que abre la oportunidad para que Guatemala y sus vecinos diseñen sus propias propuestas. La clave está en impulsar transformaciones judiciales, administrativas y políticas profundas que atiendan tanto intereses nacionales como preocupaciones estadounidenses, evitando que las soluciones vengan impuestas desde el Norte.
PARA ATRAER INVERSIONES
La recuperación económica de Guatemala tras la crisis depende de fortalecer la inversión, tanto local como extranjera. Aunque existen ventajas como la estabilidad macroeconómica y un mercado interno en crecimiento, el país enfrenta rezagos en infraestructura, calificación laboral e innovación. El reciente plan de atracción de inversiones debe ir más allá de incentivos sectoriales y enfocarse en garantizar un entorno estable y confiable. Ello implica disciplina fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica, junto con reformas institucionales que aseguren seguridad jurídica, eficiencia estatal y transparencia. Sin estas condiciones, la inversión no alcanzará el ritmo necesario para generar crecimiento y empleo.
CERTEZA JURÍDICA, INSTITUCIONES Y CRECIMIENTO
La certeza jurídica es clave para la eficiencia económica, la inversión y el crecimiento, ya que un entorno legal predecible genera confianza en el mercado. Sin embargo, en Guatemala, esta certeza está comprometida por la debilidad de las instituciones: un sistema de justicia ineficiente, un servicio civil débil y un sistema electoral limitado. Fortalecer las instituciones es indispensable para garantizar derechos de propiedad, eficiencia fiscal y equidad económica. Aunque la reforma institucional es compleja y lenta, la actual crisis puede actuar como catalizador, ofreciendo la oportunidad de implementar propuestas técnicas que conduzcan a un Estado de derecho sólido y una economía más próspera.
TRES CLAVES PARA LA REACTIVACIÓN
En un conversatorio académico se identificaron tres obstáculos principales para el crecimiento del país: falta de conciencia y prioridades en la política pública, baja productividad sistémica y debilidad institucional que frena inversión y certeza jurídica. Frente a ello, se plantean tres soluciones clave: blindar los recursos extraordinarios provenientes del endeudamiento, destinándolos a fondos específicos para salud, nutrición, infraestructura y crédito empresarial; facilitar los negocios mediante digitalización de trámites, inclusión financiera, flexibilización laboral y capacitación tecnológica; e iniciar reformas estructurales en justicia, servicio civil y partidos políticos. Sin estas transformaciones, la reactivación carecerá de sostenibilidad y futuro.
HAY QUE SUSTENTAR LA REACTIVACIÓN
El confinamiento y los efectos de la pandemia provocaron shocks de oferta y demanda que el gobierno intentó mitigar con programas de emergencia financiados con más de Q20 millardos en deuda pública. Sin embargo, la lenta ejecución y el mal diseño limitan su efectividad. Los programas de préstamos, si se convierten en fondos de garantía y se blindan con buena gobernanza, pueden impulsar la reactivación. Además del financiamiento, se requieren cambios regulatorios, capacitación laboral y una apuesta por reformas estructurales en instituciones clave del Estado. Solo con visión y acción estratégica será posible transformar la crisis en una oportunidad de fortalecimiento nacional.
SECTOR JUSTICIA: MEDICINA Y VACUNA
La justicia guatemalteca atraviesa una crisis estructural marcada por corrupción, parcialidad y falta de independencia judicial. Más que la politización en la elección de magistrados, el problema radica en un débil diseño institucional que facilita su captura por intereses espurios. Las soluciones propuestas se asemejan a un medicamento y una vacuna: escalonar la elección de magistrados para evitar cuotas de poder y prolongar los mandatos a 15 años o más, fortaleciendo su independencia frente a quienes los nombran. Aunque la reforma constitucional planteada incluye avances, su aprobación debe ser técnica, pausada y acompañada de consenso social para garantizar legitimidad y eficacia.
SIN PERDER EL OPTIMISMO, PERO...
El proceso electoral de 2019 en Guatemala dejó un ambiente de frustración y resignación, tras demostrar que las expectativas de cambio generadas en 2015 se desvanecieron entre confrontaciones ideológicas y reformas superficiales que no alteraron el sistema político corroído. La reforma electoral de 2016 evidenció las debilidades del Tribunal Supremo Electoral y apenas afectó a las viejas prácticas de compra de votos, voluntades e influencias. El Congreso electo para 2020-2024 estará dominado por actores tradicionales, algunos con sospechas de vínculos con el crimen organizado, aunque también ingresará una minoría de diputados dispuestos a promover reformas de largo plazo. Su desafío será enorme, pero imprescindible, ya que sin un fortalecimiento institucional el país enfrentará más corrupción, emigración, confrontación y una gobernabilidad cada vez más frágil.
COMO SI TODO ESTUVIERA “NORMAL”
Los candidatos presidenciales han comenzado a presentar sus propuestas, aunque la mayoría se reduce a prometer una mejor administración o rescatar políticas pasadas. Este discurso de normalidad contrasta con una crisis institucional devastadora, evidenciada en la infiltración del narcotráfico en el sistema político, la corrupción de los partidos y el deterioro de la justicia y la burocracia estatal. La mediocridad y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana y frenan el progreso del país. Frente a esta realidad, el reto no es simplemente gestionar mejor lo existente, sino emprender reformas de fondo en los sistemas electoral, de justicia, de servicio civil y de control del gasto público. Alcanzarlas exige un gran acuerdo nacional que los candidatos deberían comprometerse a impulsar, gane quien gane, para rescatar la institucionalidad y devolver la esperanza.
¿ES VIABLE UN PACTO DE PAÍS?
Guatemala enfrenta una transición delicada tras años de corrupción e impunidad. Sin embargo, la falta de liderazgo y de una hoja de ruta compartida amenaza con dejar al país estancado entre el pasado y un futuro incierto. La construcción de un pacto nacional requiere una agenda consensuada, actores impulsores con legitimidad y ejecutores comprometidos. Reformas institucionales clave y políticas sociales básicas deben formar parte de este consenso. Si la sociedad civil, la comunidad internacional y sectores clave no logran articularse, la oportunidad histórica podría convertirse en un vacío de gobernabilidad.
INTERESES COMUNES
La posición geográfica de Guatemala y su debilidad institucional la han colocado en el radar estratégico de Estados Unidos. La declaración del nominado embajador Luis Arreaga reafirma que la seguridad, la gobernanza y la prosperidad son los pilares de la política estadounidense hacia el país. Esta agenda coincide en gran parte con las reformas que Guatemala necesita, pero que no ha sabido o querido ejecutar por falta de visión política. Integrar los intereses comunes con dignidad y estrategia puede abrir una ventana para impulsar los cambios estructurales que el país requiere.
DIGNIFICAR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El principio de separación de poderes exige un Congreso con credibilidad, capacidad técnica y autoridad política. La actual desconfianza ciudadana no debe derivar en propuestas extremistas como la desaparición del Legislativo, sino en su fortalecimiento mediante reformas urgentes y viables. Es clave aprobar una agenda neutral, enfocada en la reforma judicial, electoral, del servicio civil y de infraestructura pública. Evitar distracciones legislativas populistas permitirá recuperar la legitimidad del Congreso y avanzar hacia una democracia funcional.
¿CON QUÉ PROPÓSITO?
La indignación ciudadana tras los escándalos de corrupción en Guatemala marcó un punto de inflexión en 2015 y abrió paso a la acción de la CICIG. Aunque esto representa un avance, el texto subraya que el objetivo central debe ser la reforma profunda y sostenida de las instituciones del Estado, más allá de satisfacer exigencias externas o tomar decisiones que debiliten la certeza jurídica. La tragedia del “hogar seguro” pone en evidencia la urgencia de reconstruir el sistema para que el Estado cumpla su deber de proteger y generar oportunidades, incluyendo una reforma profunda del sistema judicial, electoral y del aparato público en general.
REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO
La solución a los graves problemas estructurales de Guatemala no radica en ideas mágicas ni medidas aisladas, sino en emprender cuatro reformas clave: eficiencia del gasto público y lucha sistemática contra la corrupción; independencia judicial mediante una reforma constitucional bien formulada; profesionalización del servicio civil para acabar con el caos administrativo; y transformación del sistema político clientelar y patrimonialista. Solo un esfuerzo integral y sostenido puede allanar el camino hacia un verdadero desarrollo nacional.
CRISIS DE IDENTIDAD
El FMI enfrenta una crisis de identidad, con disminución de su clientela y cuestionamientos sobre su relevancia. Su función original de estabilizar los flujos financieros internacionales y otorgar préstamos por desajustes en balanza de pagos se ha diluido. Intentos de modernización, como democratizar la elección de su Director Gerente, chocan con la tradición de designar a europeos occidentales, evidenciando la dificultad de la institución para adaptarse a los cambios globales y mantener su autoridad financiera.