SECTOR JUSTICIA: MEDICINA Y VACUNA
La justicia guatemalteca atraviesa una crisis estructural marcada por corrupción, parcialidad y falta de independencia judicial. Más que la politización en la elección de magistrados, el problema radica en un débil diseño institucional que facilita su captura por intereses espurios. Las soluciones propuestas se asemejan a un medicamento y una vacuna: escalonar la elección de magistrados para evitar cuotas de poder y prolongar los mandatos a 15 años o más, fortaleciendo su independencia frente a quienes los nombran. Aunque la reforma constitucional planteada incluye avances, su aprobación debe ser técnica, pausada y acompañada de consenso social para garantizar legitimidad y eficacia.
SIN PERDER EL OPTIMISMO, PERO...
El proceso electoral de 2019 en Guatemala dejó un ambiente de frustración y resignación, tras demostrar que las expectativas de cambio generadas en 2015 se desvanecieron entre confrontaciones ideológicas y reformas superficiales que no alteraron el sistema político corroído. La reforma electoral de 2016 evidenció las debilidades del Tribunal Supremo Electoral y apenas afectó a las viejas prácticas de compra de votos, voluntades e influencias. El Congreso electo para 2020-2024 estará dominado por actores tradicionales, algunos con sospechas de vínculos con el crimen organizado, aunque también ingresará una minoría de diputados dispuestos a promover reformas de largo plazo. Su desafío será enorme, pero imprescindible, ya que sin un fortalecimiento institucional el país enfrentará más corrupción, emigración, confrontación y una gobernabilidad cada vez más frágil.
COMO SI TODO ESTUVIERA “NORMAL”
Los candidatos presidenciales han comenzado a presentar sus propuestas, aunque la mayoría se reduce a prometer una mejor administración o rescatar políticas pasadas. Este discurso de normalidad contrasta con una crisis institucional devastadora, evidenciada en la infiltración del narcotráfico en el sistema político, la corrupción de los partidos y el deterioro de la justicia y la burocracia estatal. La mediocridad y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana y frenan el progreso del país. Frente a esta realidad, el reto no es simplemente gestionar mejor lo existente, sino emprender reformas de fondo en los sistemas electoral, de justicia, de servicio civil y de control del gasto público. Alcanzarlas exige un gran acuerdo nacional que los candidatos deberían comprometerse a impulsar, gane quien gane, para rescatar la institucionalidad y devolver la esperanza.
¿ES VIABLE UN PACTO DE PAÍS?
Guatemala enfrenta una transición delicada tras años de corrupción e impunidad. Sin embargo, la falta de liderazgo y de una hoja de ruta compartida amenaza con dejar al país estancado entre el pasado y un futuro incierto. La construcción de un pacto nacional requiere una agenda consensuada, actores impulsores con legitimidad y ejecutores comprometidos. Reformas institucionales clave y políticas sociales básicas deben formar parte de este consenso. Si la sociedad civil, la comunidad internacional y sectores clave no logran articularse, la oportunidad histórica podría convertirse en un vacío de gobernabilidad.
INTERESES COMUNES
La posición geográfica de Guatemala y su debilidad institucional la han colocado en el radar estratégico de Estados Unidos. La declaración del nominado embajador Luis Arreaga reafirma que la seguridad, la gobernanza y la prosperidad son los pilares de la política estadounidense hacia el país. Esta agenda coincide en gran parte con las reformas que Guatemala necesita, pero que no ha sabido o querido ejecutar por falta de visión política. Integrar los intereses comunes con dignidad y estrategia puede abrir una ventana para impulsar los cambios estructurales que el país requiere.
DIGNIFICAR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El principio de separación de poderes exige un Congreso con credibilidad, capacidad técnica y autoridad política. La actual desconfianza ciudadana no debe derivar en propuestas extremistas como la desaparición del Legislativo, sino en su fortalecimiento mediante reformas urgentes y viables. Es clave aprobar una agenda neutral, enfocada en la reforma judicial, electoral, del servicio civil y de infraestructura pública. Evitar distracciones legislativas populistas permitirá recuperar la legitimidad del Congreso y avanzar hacia una democracia funcional.
¿CON QUÉ PROPÓSITO?
La indignación ciudadana tras los escándalos de corrupción en Guatemala marcó un punto de inflexión en 2015 y abrió paso a la acción de la CICIG. Aunque esto representa un avance, el texto subraya que el objetivo central debe ser la reforma profunda y sostenida de las instituciones del Estado, más allá de satisfacer exigencias externas o tomar decisiones que debiliten la certeza jurídica. La tragedia del “hogar seguro” pone en evidencia la urgencia de reconstruir el sistema para que el Estado cumpla su deber de proteger y generar oportunidades, incluyendo una reforma profunda del sistema judicial, electoral y del aparato público en general.
REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO
La solución a los graves problemas estructurales de Guatemala no radica en ideas mágicas ni medidas aisladas, sino en emprender cuatro reformas clave: eficiencia del gasto público y lucha sistemática contra la corrupción; independencia judicial mediante una reforma constitucional bien formulada; profesionalización del servicio civil para acabar con el caos administrativo; y transformación del sistema político clientelar y patrimonialista. Solo un esfuerzo integral y sostenido puede allanar el camino hacia un verdadero desarrollo nacional.