NO ES (SOLO) LA LEY DE CONTRATACIONES
Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.
EMPLEADOS PÚBLICOS: UN AGUJERO NEGRO
El gasto en salarios del sector público aumentó un 80% entre 2009 y 2013, superando con creces el crecimiento de los ingresos tributarios y absorbiendo ya más del 37% del presupuesto nacional. La falta de control sobre la cantidad de empleados públicos, la suscripción indiscriminada de pactos colectivos y el uso político de plazas estatales han distorsionado el sistema de servicio civil y debilitado las finanzas públicas. La ausencia de un censo actualizado impide conocer el verdadero costo de la planilla estatal, lo que convierte este rubro en un gasto insostenible que amenaza con seguir creciendo sin control.
ASÍ NO AGUANTA EL PRESUPUESTO
Las recientes demandas de aumentos presupuestarios de maestros, médicos y universidades ponen al fisco en una situación insostenible debido a la rigidez del presupuesto y los compromisos salariales existentes. La solución requiere reformas profundas en asignaciones constitucionales, políticas salariales integrales y sistemas de control del gasto. A corto plazo, los incrementos solo deberían concederse condicionados a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño, garantizando transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
LA CORRUPCIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
La columna defiende que la lucha contra la corrupción fortalece las instituciones del Estado en lugar de debilitarlas. A pesar de una posible ralentización temporal en la administración pública, el refuerzo de la legalidad y el control promueven mayor eficiencia a largo plazo. El autor pide marcos regulatorios más claros, una reforma del servicio civil y un liderazgo político firme para asegurar que el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional avancen juntos.