REFORMAR EL SERVICIO CIVIL
Un foro auspiciado por el G-13 destacó la urgencia de modernizar el sistema de servicio civil en Guatemala, subrayando dos buenas noticias: el diagnóstico y propuestas del Ministerio de Trabajo, y el interés de la comunidad internacional en apoyar la reforma. Se señaló que modificar la Ley del Servicio Civil es necesario, pero insuficiente, ya que la transformación debe abarcar normas, estructuras y prácticas que impulsen una administración pública profesional y eficaz. Los objetivos esenciales incluyen fortalecer la ONSEC, privilegiar el mérito, profesionalizar la carrera administrativa y regular negociaciones colectivas. El desafío mayor recae en el Congreso, llamado a legislar con responsabilidad.
OTRA VEZ LA LEY DE COMPRAS
La lentitud en las adquisiciones públicas durante la pandemia no se debe a la Ley de Contrataciones, sino a tres factores estructurales: la falta de capacidades del funcionariado, la incompetencia de la Contraloría de Cuentas y la precariedad del proceso de presupuestación. La normativa vigente, similar a la de otros países, exige funcionarios preparados y probos, pero la administración carece de ellos. A ello se suma la arbitrariedad de los auditores y la ausencia de previsión presupuestaria para emergencias. Reformar la ley de forma apresurada, como propone el Congreso, no resolverá estas fallas y puede poner en riesgo transparencia y calidad del gasto.
NO ES (SOLO) LA LEY DE CONTRATACIONES
Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.
EMPLEADOS PÚBLICOS: UN AGUJERO NEGRO
El gasto en salarios del sector público aumentó un 80% entre 2009 y 2013, superando con creces el crecimiento de los ingresos tributarios y absorbiendo ya más del 37% del presupuesto nacional. La falta de control sobre la cantidad de empleados públicos, la suscripción indiscriminada de pactos colectivos y el uso político de plazas estatales han distorsionado el sistema de servicio civil y debilitado las finanzas públicas. La ausencia de un censo actualizado impide conocer el verdadero costo de la planilla estatal, lo que convierte este rubro en un gasto insostenible que amenaza con seguir creciendo sin control.
ASÍ NO AGUANTA EL PRESUPUESTO
Las recientes demandas de aumentos presupuestarios de maestros, médicos y universidades ponen al fisco en una situación insostenible debido a la rigidez del presupuesto y los compromisos salariales existentes. La solución requiere reformas profundas en asignaciones constitucionales, políticas salariales integrales y sistemas de control del gasto. A corto plazo, los incrementos solo deberían concederse condicionados a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño, garantizando transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
LA CORRUPCIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
La columna defiende que la lucha contra la corrupción fortalece las instituciones del Estado en lugar de debilitarlas. A pesar de una posible ralentización temporal en la administración pública, el refuerzo de la legalidad y el control promueven mayor eficiencia a largo plazo. El autor pide marcos regulatorios más claros, una reforma del servicio civil y un liderazgo político firme para asegurar que el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional avancen juntos.