¿HACER CARIDAD CON FONDOS PÚBLICOS?
En Guatemala, numerosas ONGs y fundaciones realizan labores valiosas, pero preocupa el creciente uso de fondos públicos para financiar sus actividades. El presupuesto 2020 contempla más de Q660 millones destinados a unas setenta organizaciones para ejecutar servicios en salud, educación, cultura y agricultura, funciones que en esencia corresponden al Estado. Aunque algunas entidades tienen prestigio y han suplido carencias históricas, la delegación arbitraria de recursos genera opacidad y debilita la responsabilidad gubernamental. La meta debería ser que los servicios esenciales sean prestados directamente por instituciones estatales o mediante contrataciones transparentes, no a través de transferencias discrecionales. Paralelamente, las ONGs deben modernizar su gobernanza y diversificar sus fuentes de financiamiento, mientras el Estado fomenta la cultura de la donación. Esto fortalecería tanto la eficiencia pública como la legitimidad social de dichas organizaciones.
NEFASTO COMÚN DENOMINADOR
En Guatemala, los problemas estructurales del país —desde el transporte público hasta la educación, salud, justicia y cultura— comparten un denominador común: la corrupción. Más allá de los limitados presupuestos, la raíz del colapso institucional radica en el uso clientelar, opaco y desviado de los recursos públicos. La impunidad, los sobornos, la captura institucional y la falta de voluntad política han convertido la corrupción en el principal obstáculo para cualquier avance. Ignorarla como prioridad en las políticas criminales nacionales representa una omisión grave con consecuencias directas sobre la vida de millones.