La debilidad del Estado y la disfuncionalidad de sus instituciones son la raíz del bajo desarrollo económico y la escasa productividad del país. La lentitud y corrupción en los tribunales dificultan el cumplimiento de contratos, restringiendo el acceso al crédito y limitando la expansión de nuevos emprendedores. La infraestructura deficiente, la burocracia excesiva y la falta de certeza jurídica obligan a las empresas a depender de recursos propios, fortaleciendo estructuras familiares cerradas y debilitando la innovación y la apertura de mercados. Esta falta de confianza generalizada impide un crecimiento sostenible y equitativo. Para superar el atraso, se requieren reformas profundas en justicia, gasto público, servicio civil y sistema político, sin las cuales la modernización seguirá siendo una meta lejana.