Y LOS BRAZALETES ¿PARA CUÁNDO?
La prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, se ha convertido en la norma en Guatemala y Latinoamérica, alcanzando hasta el 48% de la población carcelaria en el país. Este abuso no solo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que también agrava el colapso del sistema penitenciario. Para corregirlo, se requieren reformas legales que garanticen juicios en plazos razonables, un cambio cultural que limite su uso y la aplicación de medidas tecnológicas como los brazaletes electrónicos, aprobados por ley pero aún no implementados por negligencia estatal.
TRES DIMENSIONES DE LA CORRUPCIÓN
La efectividad de la lucha contra la corrupción en Guatemala depende de tres dimensiones clave: la capacidad punitiva del Estado, la percepción cultural de la corrupción y el diseño institucional que la permite o la previene. Aunque ha habido avances desde 2015 en el castigo a los corruptos, la sociedad guatemalteca continúa viendo estos actos como normales y tolerables. Además, el aparato estatal sigue estructurado para favorecer redes de corrupción. Romper este ciclo exige una transformación profunda del sistema político, judicial, administrativo y electoral, así como una renovación del contrato social que reinstale la ética pública como norma compartida.
LA REFORMA DEL ESTADO EN PELIGRO
El proceso de reforma institucional en Guatemala enfrenta un estancamiento crítico debido al mal manejo político de incluir temas sensibles como el antejuicio y el derecho indígena en la reforma constitucional, lo que ha facilitado que actores interesados en mantener la impunidad bloqueen su avance. Aunque existen consensos sobre aspectos esenciales de la reforma judicial, su futuro está amenazado por maniobras legislativas que buscan excarcelar corruptos y detener el proceso de transformación del Estado.