DÉBIL INSTITUCIONALIDAD FISCAL EN EL CONGRESO
El Congreso tiene la obligación de vigilar que el presupuesto no sobredimensione ingresos, que el déficit no comprometa la estabilidad y que no se financie gasto corriente con deuda. También debe fiscalizar el gasto de municipalidades y entidades públicas, así como evaluar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, la Comisión de Finanzas carece de respaldo técnico suficiente, lo que limita la calidad de sus decisiones. Por ello, se plantea crear una oficina independiente similar a la Congressional Budget Office de EE. UU., capaz de proveer análisis objetivos. Este paso modernizaría la política fiscal y frenaría prácticas arbitrarias en la asignación de recursos.
NUBARRONES EN EL HORIZONTE
Tras la contracción de 2020, Guatemala proyectaba un repunte económico en 2021, respaldado por la reactivación mundial, exportaciones y remesas. Sin embargo, la recuperación enfrenta obstáculos: nuevas olas de contagios, mutaciones del virus y retrasos en las vacunas, que limitan turismo y comercio exterior. A nivel interno, la falta de readecuación presupuestaria mantiene un gasto sobredimensionado y dudas sobre la sostenibilidad fiscal. La lenta vacunación, el desempleo persistente, la parálisis en las cortes, la fragmentación política y el deterioro institucional agravan la incertidumbre. Reenfocar políticas en inmunización, estabilidad fiscal y reformas institucionales es esencial para garantizar inversión y empleo.
MODIFICAR EL PRESUPUESTO
El presupuesto 2021 enfrentará retos significativos debido a la ausencia de nuevos recursos extraordinarios como los otorgados en 2020. Se requiere limitar el déficit fiscal a un máximo de 4% del PIB y trazar un camino para reducirlo gradualmente al 2% en tres años, evitando riesgos de endeudamiento insostenible. A la par, es imprescindible fortalecer la calidad del gasto, asegurando que los fondos destinados a salud, nutrición, infraestructura y reactivación económica no se desvíen a otros fines. Finalmente, la transparencia y el control de la corrupción deben reforzarse con mayores exigencias de rendición de cuentas y estricta vigilancia institucional.
TIEMPO DE REGLAS FISCALES
La pandemia obligó a Guatemala a expandir el gasto público de manera histórica, llevando el déficit fiscal al 6% del PIB en 2020 y proyectando niveles aún elevados para 2021. Aunque estas medidas fueron necesarias, la creciente deuda ya supera el 350% de los ingresos tributarios, lo que compromete la sostenibilidad fiscal. El pago de intereses absorbe cada vez más recursos, reduciendo el margen para inversión social y productiva. Si bien las condiciones financieras actuales permiten endeudarse con relativa facilidad, los riesgos de una crisis futura son altos. Se requiere un plan creíble de consolidación fiscal y discutir la adopción de una ley de responsabilidad fiscal.
LAS TRES OPCIONES DEL CONGRESO
El proyecto de presupuesto 2021 del Ejecutivo mantiene un déficit fiscal elevado y un techo de gasto que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. El Congreso tiene tres opciones: no aprobarlo, aprobarlo sin cambios, o introducir enmiendas para corregir debilidades. La mejor opción es ajustar los gastos de funcionamiento, limitar el uso de deuda para gasto corriente, proteger recursos para infraestructura, generar información sobre la plantilla pública y fortalecer la rendición de cuentas. Solo así se podrá garantizar un presupuesto responsable, preservar la reputación financiera de Guatemala y asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
EL DESAFÍO DEL PRESUPUESTO
El proyecto de presupuesto para 2014 arrastra las mismas debilidades estructurales de años anteriores: ingresos tributarios sobreestimados, gastos de funcionamiento desproporcionados y extrema rigidez en la asignación del gasto. Esta situación está llevando a un creciente endeudamiento que amenaza la sostenibilidad fiscal del país. Urge adoptar reformas para reducir el gasto corriente, fiscalizar plenamente el uso de fondos públicos, especialmente a nivel municipal y descentralizado, y mejorar las normas presupuestarias. Aunque se requieren ajustes, se recomienda aprobar el nuevo presupuesto para evitar un vacío jurídico y garantizar gobernabilidad.
EL FMI NOS SUPERVISA
El reporte anual del FMI sobre Guatemala destaca un desempeño económico sólido y control inflacionario, aunque alerta sobre limitaciones estructurales como baja inversión, inseguridad y debilidad institucional. Señala que el principal desafío es lograr sostenibilidad fiscal mediante un ajuste presupuestario centrado en aumentar ingresos. Se mencionan riesgos por incertidumbre en reformas tributarias, incentivos fiscales y la problemática deuda flotante. Además, el FMI aconseja mejorar la política monetaria, fortalecer el sistema financiero y avanzar en reformas estructurales para fomentar un crecimiento inclusivo a largo plazo.