El debate en el Congreso sobre imponer un tope a las tasas de interés en tarjetas de crédito parte de buenas intenciones, pero ignora sus consecuencias negativas. Aunque busca facilitar el acceso al financiamiento, la medida terminaría restringiéndolo, ya que los bancos no asumirán los riesgos de prestar a quienes carecen de historial crediticio o garantías. La experiencia internacional confirma que los precios tope reducen la oferta de crédito, afectando sobre todo a los más pobres y vulnerables. Casos en África, Nicaragua y Estados Unidos demuestran que este tipo de controles disminuyen la disponibilidad de préstamos y excluyen a los sectores que más los necesitan. En lugar de medidas populistas, la solución está en fomentar la transparencia, ampliar la competencia y fortalecer el acceso a información crediticia.