EL PODER DE LA CIUDADANÍA
El Índice ACE 2018 ubica a Guatemala en el último lugar de empoderamiento cívico entre seis países latinoamericanos evaluados, reflejando bajos niveles de confianza institucional, alta percepción de corrupción y débil participación social. Sin embargo, la libertad de organización y elecciones limpias ofrecen una base para que la ciudadanía impulse cambios en la transición política.
DIALOGAR, AUNQUE CUESTE
El clima de crispación y confrontación ha paralizado la transición política iniciada con la lucha contra la corrupción. La polarización en “tribus ideológicas” impide construir soluciones y atenta contra el pluralismo democrático. Superar la crisis exige acuerdos basados en el diálogo ciudadano, que llenen el vacío dejado por la clase política y devuelvan sentido al proceso de transformación institucional.
LA GENERACIÓN DE LOS TREINTAÑEROS
Guatemala enfrenta una difícil transición política en medio de polarización ideológica y falta de liderazgos claros. Sin embargo, una nueva generación de treintañeros —más educada, tecnológica y cosmopolita— comienza a asumir un papel clave en el proceso. Esta nueva élite, formada en valores como la transparencia, el conocimiento y el trabajo en red, está mejor preparada para impulsar las reformas necesarias. Aunque no hay garantía de éxito, su turno ha llegado y merece ser respaldada y empoderada.
TIEMPOS CONFLICTIVOS
Guatemala atraviesa una transición política que, aunque necesaria, genera tensiones entre sectores que resisten, moderan o exigen cambios inmediatos. A pesar de condiciones externas favorables, el crecimiento económico se estanca por baja productividad y conflicto político. La clave para avanzar está en fortalecer instituciones clave —justicia, servicio civil, infraestructura y sistema electoral— mediante una agenda mínima de país que una a los sectores sociales, políticos y económicos. Un liderazgo claro y comprometido es indispensable para transformar la incertidumbre en esperanza.
UNA TRANSICIÓN POLÍTICA EJEMPLAR
Guatemala atraviesa una etapa transicional que podría abrir paso a un nuevo orden político e institucional si se gestiona con visión. La experiencia de España en 1977, donde una reforma política audaz logró convertir una dictadura en una democracia próspera, ofrece lecciones valiosas. La clave fue reconocer la ilegitimidad del sistema anterior, facilitar la competencia electoral, garantizar un financiamiento equitativo, y generar una movilización ciudadana activa. Pese a los temores, el proceso resultó exitoso y estable. Guatemala necesita un liderazgo capaz de interpretar el momento actual y transformar la crisis en oportunidad, priorizando legalidad, apertura política y confianza pública.
¿ES VIABLE UN PACTO DE PAÍS?
Guatemala enfrenta una transición delicada tras años de corrupción e impunidad. Sin embargo, la falta de liderazgo y de una hoja de ruta compartida amenaza con dejar al país estancado entre el pasado y un futuro incierto. La construcción de un pacto nacional requiere una agenda consensuada, actores impulsores con legitimidad y ejecutores comprometidos. Reformas institucionales clave y políticas sociales básicas deben formar parte de este consenso. Si la sociedad civil, la comunidad internacional y sectores clave no logran articularse, la oportunidad histórica podría convertirse en un vacío de gobernabilidad.
LA DIFÍCIL TRANSICIÓN
La transición guatemalteca hacia un Estado de Derecho se enfrenta a décadas de costumbres ciudadanas moldeadas por la ausencia del Estado y la debilidad institucional. La lucha contra la corrupción ha revelado que las prácticas ilegales no son excepciones, sino parte del sistema. La aplicación estricta de la ley está desbordando tanto a los ciudadanos como a las autoridades y al sistema de justicia. Para evitar una crisis de gobernabilidad, se requieren medidas transitorias que suavicen el impacto, pero sobre todo reformas profundas que fortalezcan al Estado y hagan sostenible el cambio.